Desde 2007 hasta julio de 2020, 142 mujeres procedentes de Quintana Roo han viajado a la capital del país para acceder a la ILE, según cifras de la Secretaría de Salud de la CDMX. En el resto de la península de Yucatán los números son sustancialmente menores: 45 mujeres de Yucatán han requerido el servicio, y apenas 16 de Campeche.
Yunitzilim Rodríguez Pedraza, integrante del colectivo Marea Verde Quintana Roo, y Vanesa González-Rizzo Krasniansky, representante estatal de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), coincidieron en que el hecho de que haya mujeres que pueden ejercer su derecho al aborto, y otras a quienes les es vedado, representa un trato desigual e inequitativo que se traduce en discriminación.
Advirtieron que, probablemente, las quintanarroenses con mayores recursos económicos son las que pueden costearse el viaje a la CDMX para acceder a la ILE, lo que deja en la indefensión a quienes no tienen esa posibilidad y deben recurrir a abortos inseguros.
“Parece muy complejo, pero es muy sencillo. Hacer un aborto legal lo único que logra es que las mujeres no mueran. Nada más. Si tú, mujer, no quieres abortar, no abortes; hay que dar libertad a la gente, no restringir a nadie. Más allá de las creencias personales, hay que respetar los derechos humanos y, dentro de estos, están los derechos sexuales y reproductivos”, afirmó González-Rizzo Krasniansky.
Según cifras proporcionadas por Chuc Aburto, basadas en reportes de hospitales públicos de la Secretaría de Salud (SS) federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 2002 se registraron 2 mil 422 abortos en la entidad, mientras que en 2017 la cifra aumentó a 3 mil 232.
De 2002 a 2017 fueron reportados en el estado 13 fallecimientos de mujeres por complicaciones al abortar, según datos del Inegi y la SS. Del total de defunciones, el 23 por ciento fueron adolescentes.
Con base en datos de la SS, la antropóloga subrayó que, de las 18 mil 86 atenciones obstétricas registradas en el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios en 2017 en Quintana Roo, mil 630 fueron por aborto, y 376 correspondieron a menores de 20 años.
De 2016 a 2018, el Inegi registró 52 abortos en la entidad, de los que 30 fueron espontáneos, y ninguno se clasificó como provocado; sin embargo, de 2016 a 2019 hubo 25 denuncias por el delito de aborto, la mayoría de personal médico.
Quintana Roo ocupa, con 11 carpetas de investigación abiertas, la novena posición a nivel nacional en el número de procesos penales por aborto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a agosto de 2020.
El Estado de México ocupa el primer lugar con 101 casos, seguido de Nuevo León con 67 y la Ciudad de México con 57.
Chuc Aburto destacó que la criminalización de las mujeres ha aumentado con respecto a 2019, cuando se registraron nueve denuncias en el estado.
El Código Penal estatal establece una pena de seis meses a dos años de prisión a la mujer que se provoque un aborto o consienta en que alguien se lo realice.
El censo de Procuración de Justicia del Inegi registró que, en 2019, de 553 delitos de aborto en el país, cuatro correspondieron a Quintana Roo. En ese mismo año, el censo del Sistema Penitenciario, también del Inegi, estableció que había seis personas recluidas y bajo proceso por el delito en la entidad.
La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), que garantiza a las mujeres que han sufrido violación el derecho a interrumpir su embarazo sin el requisito de levantar una denuncia ante el Ministerio Público, se incumple en el estado, aseguró Chuc Aburto.
“No aplican la NOM-046”, afirmó. “En general, hay una mala atención a las víctimas de violencia sexual, a las que no solo no se les da acceso al aborto. Los centros de salud no quieren proporcionarles la pastilla anticonceptiva de emergencia y es el personal de salud el que denuncia los abortos”.