
La despenalización del aborto en Puebla cumple un año, pero los retos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos continúan, pues de acuerdo con activistas de la Campaña por el aborto legal, los temas pendientes son la derogación del delito, como ocurrió en la ciudad de México, así como ampliar el servicio a más instituciones y capacitar al personal de salud.
Jessica Techalotzi, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), expuso que uno de los retos que se han encontrado es que a las usuarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se les entrega la mifepristona, que se contempla en el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México, sólo se les entregan las dosis de misoprostol, pero en algunas ocasiones no les dan la información correcta para tomarlo en sus domicilios.
—No se entrega la mifepristona. La mifepristona es un medicamento que necesita receta médica, que es muy caro y que es muy difícil de conseguir, aunque tuviéramos el dinero y aunque tuviéramos la receta es difícil de conseguir. Entonces, creo que colocar a las usuarias, a las personas usuarias en esta posición, es colocarlas en una posición de desventaja –dijo Techalotzi.
De acuerdo con el lineamiento, el régimen farmacológico combinado entre mifepristona y misoprostol, cuyo uso recomendado es ambulatorio y autogestionado, tiene un menor riesgo en falla terapéutica respecto al uso de misoprostol solo, también es menos doloroso y ocurre menor sangrado.
La activista también señaló que otro de los retos importantes es que el personal médico sigue teniendo prejuicios y estigmas en torno al aborto, sobre todo en el IMSS, donde se les dice a las usuarias que pueden morir si se practican un aborto, las inducen a que escuchen los latidos del producto o les dicen que los fetos “quieren nacer, quieren vivir”.
Estos comentarios buscarían generar culpa y miedo para disuadirlas de interrumpir su embarazo e, incluso, podrían tener impactos en la salud mental.
—Usuarias han buscado acceder en sus clínicas y les han comentado que el aborto solo es legal en la capital y que ahí está prohibido, en ese municipio. Entonces también eso refiere a que hay un desconocimiento por parte del personal médico sobre que es un derecho que tienen las usuarias y también (se) puede seguir capacitando en temas técnicos –agregó.
LADO B buscó al área de comunicación social de la delegación del IMSS en Puebla para conocer su versión respecto a estas acusaciones, toda vez que podrían incurrir en violaciones a los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, sin que hasta el momento haya una respuesta.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones a instituciones de salud pública por negar a usuarias acceder al aborto, como es el caso de la recomendación 269 /2023, y también hizo una recomendación al propio IMSS por realizar un procedimiento injustificado en caso de un aborto espontáneo. En esos casos, las organizaciones y colectivas han informado a las usuarias de la posibilidad de iniciar quejas ante los órganos de control internos, pero también ante los organismos de derechos humanos.
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Campaña por el Aborto Legal en Puebla.
Foto: Samantha Páez
Por su parte, Cinthya Ramírez, de la Campaña por el Aborto Legal Puebla, dijo que debido a esta situación se sigue insistiendo en reformar la Ley Estatal de Salud para que se socialice con trabajadoras y trabajadores del sector, ya que hay una negativa a otorgar el servicio pese a que la objeción de conciencia tiene límites, como que en casos donde esté en riesgo la vida de las mujeres o personas con la capacidad de gestar.
—Ningún hospital puede ser objetor de conciencia, solamente pueden ser las personas encargadas del servicio y que también si hay personal objetor de conciencia deben de garantizar al personal no objetor de conciencia que brinde el servicio, –explicó Ramírez.
Diana Moreno, de Ddser Puebla, añadió que en el caso de las mujeres que acceden al servicio de aborto seguro a través de la NOM046, referente a la atención de violencia sexual, se han encontrado que el personal sigue cuestionando y revictimizando, al pedirles que repitan una y otra vez la situación por la que pasaron.
Esto a pesar de que la normativa indica de manera textual: “el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe”.
Ante estas situaciones es que la Campaña el Aborto Legal Puebla estaría impulsando diferentes cuestiones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos:
De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Salud vía transparencia, de las 243 interrupciones legales del embarazo (ILE) practicadas en Puebla de 15 de julio de 2024, fecha en que se despenalizó el aborto en Puebla, y hasta el 28 de febrero de 2025, dos fueron de mujeres indígenas y cero de personas con discapacidad. En total serían 166 abortos legales en 2024 y 77 en 2025.
Asimismo, se informó que de enero de 2018 a febrero de 2025 hubo 87 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), es decir, por las causales vigentes de aborto no punible. Desde que el aborto es legal en la entidad, serían 15 abortos voluntarios en 2024 y dos, en 2025.
Estos datos contrastan con los informados por Carlos Alberto Olivier Pacheco, titular de la Secretaría de Salud (SSA), quien indicó que de enero a diciembre de 2024 se realizaron 244 abortos legales y de enero a abril de 2025, 144 procedimientos.
Foto de portada: Samantha Páez
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