El exgobernador Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif y el exjefe de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán libraron, de momento, las órdenes de aprehensión que pesaban sobre ellos desde abril del año pasado. 

Hace unas semanas el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, a cargo de la magistrada Selina Haydee Avante Juárez, aprobó un amparo que obliga a la magistrada María Elena Suárez Préstamo a revisar su decisión (causa penal 26/2018) de encarcelar a los autores intelectuales de la detención de la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005.

El argumento principal del amparo que validó el Tercer Tribunal colegiado es más un tecnicismo que un elemento de fondo, la decisión de girar las órdenes de aprehensión debe estar basada en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del estado de Quintana Roo, y no en la Ley Federal, como se hizo.

Con esa decisión, la magistrada Suárez Préstamo deberá volver a revisar el caso bajo esa nueva óptica y decidir si gira de nuevo las órdenes o no, situación que deberá resolverse en los primeros días de diciembre, de acuerdo con el equipo jurídico de la periodista.

Aunque, a decir de fuentes del poder judicial consultadas para esta nota, hay una fuerte presión sobre los tribunales federales en Quintana Roo que han conocido del caso, para beneficiar a los autores intelectuales de la agresión a la periodista.

Una “extraña” resolución

Cuestionado sobre el caso, el director regional de la organización Artículo 19 –que lleva la representación y defensa legal de la periodista–, Leopoldo Maldonado, calificó de “extrañas” las recientes resoluciones que ha tomado el poder judicial federal del Vigésimo Séptimo Distrito –ubicado en Quintana Roo– con respecto a la causa penal que inició la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) en contra de Marín, Kamel y Karam.

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A decir de Maldonado, se trata de un amparo para efectos, es decir, que atiende deficiencias técnicas, pero los magistrados a cargo de resolverlo fueron más allá, establecieron directrices que tendría que seguir la magistrada Suárez Préstamo en su nueva resolución.

Entre ellas, dice Leopoldo Maldonado, recordarle que la histórica conversación que sostuvieron en su momento Mario Marín y Kamel Nacif –y que dejó para la historia el mote de Góber Precioso al entonces mandatario estatal– fue rechazada como prueba válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007.

“La SCJN, recordarás, hizo una investigación especial y concluyó en una votación sumamente controversial y dividida, que no se acreditaban violaciones graves ni concierto de autoridades porque las conversaciones eran ilícitas, y el magistrado de su propia cosecha mete este elemento que no es parte de la investigación ministerial y que tiene otra lógica distinta”.

Pero además, apunta, en los lineamientos que fijó el Tercer Tribunal Colegiado, que por cierto votó dividido la resolución que presentó la magistrada Avante Juárez, se “sugiere” a Suárez Préstamo que “incluso se deben negar las órdenes; no lo hace explícito pero hace un análisis un poco extraño y excediendo sus facultades. Esto, extralimitándose en los alcances de un recurso de revisión en materia de Amparo”. 

“Estamos esperando que la magistrada Suárez Préstamo resuelva. Tiene libertad de jurisdicción, esto significa que puede girar nuevamente las órdenes o negarlas, pero ojo, cumpliendo con lineamientos que ya le establecieron en el juicio de amparo las autoridades que resolvieron”. 

Por lo pronto, reconoce el director de Artículo 19, “hoy las órdenes están insubsistentes. No hay órdenes de aprehensión en contra de estos sujetos Marín, Kamel o Karam. Lo que también sabemos es que ya se han abierto investigaciones al interior del poder judicial por algunas de esas ‘extrañas’ decisiones”.

Descongelan cuentas de los Marín

El pasado 30 de octubre, pero en los juzgados federales del Sexto Distrito –ubicado en Puebla– Margarita García, esposa del exgobernador Marín, y sus hijos Fernando, Luis y Carlos lograron que les descongelaran unas cuentas bancarias a su nombre, esto luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenara (acuerdo 43/2020 de marzo de este año) que fueran aseguradas dichas cuentas bajo la presunción de que eran cuentas que manejaba el exgobernador Marín.

En el paquete de amparos que ganó la defensa de Marín Torres también se encuentran las cuentas bancarias de dos personas apellidadas Santos Zarate.

Se trata, explica Leopoldo Maldonado, de cuentas que la UIF consideró que están vinculadas directamente al exgobernador y son cuentas muy activas y con mucho movimiento, por eso eso fue que se decidió congelarlas.

“Estamos confirmando si las cuentas personales de Kamel y Marín también forman parte de los amparos, aunque lo que sabemos es que las cuentas personales no manejaban tanto dinero o no tienen movimientos desde hace tiempo, por eso en la lógica de utilizar activos para protegerse y mantenerse prófugos, e incluso para el lavado de dinero, desde el análisis de la UIF de marzo de este año las cuentas sospechosas fueron la de los familiares y las empresas”.

Kamel Nacif ya había conseguido que las cuentas de sus empresas fueran liberadas del bloqueo impuesto por la UIF desde finales de septiembre.

En esa ocasión Santiago Nieto titular de la UIF dijo a medios “Nos parece muy raro que a pesar de existir un solicitud internacional del FBI y de tener una investigación abierta en la FGR, y órdenes de aprehensión liberadas, el juez haya decidido descongelar la cuentas bajo el argumento de que la solicitud internacional no dice de manera expresa que se bloqueen las cuentas de Kamel Nacif, dice que ‘se valore la pertinencia de bloquear la cuentas’”, explicó ante medios de comunicación.

En el caso de las cuentas de familiares del exgobernador los argumentos son muy similares, pues se descartó que hubiera que el bloqueo de los activos fuera parte de una investigación internacional.

A la vista de todos menos de la Fiscalía

Entre abril de 2019 fecha en que se giraron las órdenes de aprehensión de Marín, Kamel y Karam, y octubre del 2020 cuando ganaron el amparo pasaron 18 meses, en ese periodo ninguno de los acusados de ser autores intelectuales de la tortura y detención ilegal de la periodista fueron detenidos.

Y eso, explica Leopoldo Maldonado, es otra de las irregularidades que han rodeado el proceso, “que no se les ha detenido pese a que hay noticias de su presencia, en el caso de Marín en Puebla, y en palabras del propio Fiscal General, Gertz Manero, tienen ubicado a Kamel en Líbano. Estamos hablando prácticamente de más de año y medio y no han ejecutado las órdenes”.

“¿Qué es lo que está faltando para que se ejecuten esas órdenes? ¿Falta inteligencia, capacidad, voluntad? Ahí confluyen una serie de elementos en donde debemos leer  a la FGR a la luz de ciertas cuestiones que nos siguen preocupando, una de ellas es la permanencia de ciertas personas de la vieja PGR en la supuestamente nueva FGR”

Entre esas personas está Gustavo Salas, exfiscal de periodistas en el periodo de Arturo Chávez Chávez; “y otros operadores como el propio coordinador de métodos de investigación, el licenciado Galio, que son personajes reciclados de la vieja estructura. Qué garantía tenemos de que esos personajes que vienen del viejo sistema, del anterior grupo político, no están coludidos con los prófugos, que también son del viejo sistema… bueno ni tan viejo, ahí vemos a personas que forman o formaron parte del grupo de Marín que están muy vigentes en la 4T”.

Sólo dos detenidos en 15 años

Desde aquel 16 de diciembre en el que la periodista fue detenida en Cancún, torturada en el camino a Puebla y encarcelada en el penal de San Miguel de la ciudad de Puebla sólo dos personas purgan condenas por la detención ilegal de Lydia Cacho: el expolicía judicial José Montaño, quien además en diciembre de este año, cumplirá la totalidad de su sentencia; y el excomandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría de Puebla, Juan Sánchez Moreno.

“Estamos –concluye Leopoldo Maldonado– en el borde de una especie de exoneración, entiendo que el procedimiento penal permitiría aún a la FGR mejorar o perfeccionar la investigación y volver a ejercer acción penal con nuevos elementos, aunque nosotros creemos que si se caen las órdenes lo anterior es poco probable de que suceda”.