Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Que el gobierno de Mario Marín gastó mil siete millones de pesos para contrarrestar el impacto negativo del caso Lydia Cacho lo supimos en los últimos días de su administración, cuando su entonces vocero Javier Sánchez Galicia, contestó una solicitud de información al respecto.

Lo que entonces no quedó claro, porque no había datos para comparar, fue si la millonaria suma entraba dentro de los estándares del resto de las entidades del país. Hoy, tras conocerse el informe de Fundar y Artículo 19 sobre el gasto en publicidad oficial, está claro que en el sexenio anterior el gasto fue excesivo, ubicando al estado dentro de los cinco que más gastaron en el periodo de 2005 a 2010.

Así, Puebla junto con el Distrito Federal, Chihuahua, Sonora y Veracruz destinaron más de mil millones de pesos para publicitar el trabajo gubernamental.

El estudio también revela que en general los estados gastaron en 2010 el doble de lo que habían destinado en 2005 a la comunicación social y la publicidad oficial.

“En cinco años, el total del gasto en este rubro de las 18 entidades federativas que respondieron a las solicitudes de información se duplicó: pasó de mil 170.4 millones a 2 mil 518.4 millones de pesos.

“Destacan Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Nayarit, Yucatán y Zacatecas que duplicaron su gasto en este periodo. En tanto que Aguascalientes, Durango y Quintana Roo casi lo doblaron. Vale preguntarse ahora si esta tendencia refleja una mejora en la calidad de la información de los gobiernos estatales hacia los ciudadanos, o si se trata simplemente de un aumento en sus prácticas propagandísticas”.

Al respecto, Lilia Vélez Iglesias, presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Acceso a la Información (Amedi), explicó que una de las conclusiones a las que se llegaron en el foro organizado por Fundar y Artículo 19 para presentar el estudio fue que “se ha generalizado la idea de que las carreras políticas se construyen al aparecer en los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, y ya no tanto por un trabajo político real, y los políticos se han comprado esta idea invirtiendo fuertes sumas de dinero del erario para ello”.

En el caso de Puebla, explica, se observa que el caso Cacho fue un detonante para elevar la inversión publicitaria en ese sexenio.

Las cifras dadas a conocer por Sánchez Galicia señalan que en 2005 el gasto fue de 132 millones de pesos, para el año siguiente, el año del escándalo, la cifra aumentó casi en un 40 por ciento al pasar a 183 millones. En 2007 y 2008 la cifra rondaría los 188 millones para decrecer en los últimos dos años del marinismo a 157 millones de pesos.

Un tema tabú

La transparencia de los gastos gubernamentales en publicidad oficial y comunicación social es, en general, un tema tabú para los gobiernos estatales, el informe de Fundar y Artículo 19 revela que once estados, entre ellos Puebla no entregaron la información requerida; otros once entregaron sólo los montos anuales “sin ningún desglose. En varios casos, se reservó la información más detallada, se declaró su inexistencia o se omitió entregarla”; y sólo Sonora y Colima entregaron la información puntual como se pidió para el estudio.

Es un tema difícil incluso para los medios, explica la académica, “en Puebla lo que hemos llegado a saber sobre el pago a empresas periodísticas ha sido sólo a través de filtraciones, no hay un política abierta del gobierno pero tampoco interés de los medios por transparentar los recursos públicos que reciben”.

Ejemplo de ello es no sólo la negativa del gobierno morenovallista a atender la petición de información de los dos organismos que presentaron el estado, está también la reciente solicitud que presentó la reportera Kara Castillo en la que la Dirección de Comunicación Social le da a conocer el monto presupuestado para este año: “Después de la reducción del 30 por ciento anunciada por el gobernador constitucional del estado Rafael Moreno Valle, el presupuesto a ejercer en 2012 será por la cantidad de 126 millones de pesos”.

Sobre 2011 la respuesta es un galimatías: “el presupuesto asignado se disminuyó en 10 millones de pesos en relación al ejercido el 2010”. ¿Y cuánto fue? No está claro. Moreno Valle en una entrevista con MVS Noticias había asegurado que se había gastado lo mismo que en el último año de Marín.

Si tomamos la cifra dada a conocer por el ex vocero, Moreno Valle habría gastado en 2011 entre 157 millones y 147 millones, de ser así el presupuesto de 180 millones –aprobado inicialmente para 2012 y que después sería reducido por el gobernador— implicaría un incremento entre 2011 y 2012, de entre el 14 y el 22 por ciento.

No hay, pues, un interés en transparentar esa información.

Control de medios

Y no la hay, sostiene Vélez Iglesias, por que son un método gubernamental para controlar a los medios de comunicación.

“A nivel internacional la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos considera a la publicidad como un mecanismo de control, y lo vemos en todos lados, si tienes un convenio seguro hay una incidencia gubernamental en los contenidos, y si no les gusta te jalan la cadenita y te recuerdan que el convenio se puede terminar. O comienzan a retrasar los pagos”.

“En el foro, Darío Ramírez, director de Artículo 19, dio a conocer un dato muy revelador de la subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, el 80 por ciento de los medios a nivel federal vive exclusivamente del presupuesto gubernamental”.

Por ello, apuntó, durante el foro también se llegó a la conclusión de que es necesario debatir la regulación de la publicidad oficial, «pero es un tema complejo, se habló de usar el rating o la medición de audiencias como parámetro, pero pensemos en los medios nuevos, o los que son de nicho y atienden a un sector específico de la población, no van a poder competir con grandes medios en rating, y necesitamos diversidad de medios y pluralidad y calidad en ellos. Es un tema, sin duda, que todavía tenemos que debatir bastante».

Acá el diagnóstico de Fundar y Artículo 19.