Los gobiernos en México -en todos los niveles- financian a medios de comunicación y periodistas, pagando facturas por concepto de publicidad o difusión de información, aunque en numerosos casos eso significa una cobertura favorable a favor del titular del ejecutivo, diputado o funcionario que tenga el poder de otorgar esos contratos. Es un problema de corrupción. 

Este fin de semana, el primer ministro austriaco tuvo que renunciar por haber otorgado este tipo de contratos. En nuestro país, el otorgamiento indiscriminado de estos contratos parece una cuestión menor. Esto no significa que todo aquel que tenga un contrato de publicidad con el gobierno es un medio o periodista corrupto; no obstante, en muchos casos lo es. Por supuesto que este acto de corrupción pasa por la autocensura (el medio o periodista evitando la crítica para mantener el contrato) o por indicación expresa: gobiernos que obligan a hablar mal de sus adversarios y evitar la crítica hacia el gobierno que otorga el contrato.

En una investigación de publicada recientemente, el portal Serendipia dio a conocer un análisis de contratos de publicidad otorgados por el gobierno de Puebla, y los ayuntamientos de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo. Hay una constante en todos ellos: la falta de criterios para otorgar esos contratos y que algunas contrataciones se hacen incluso con empresas fantasmas o con medios digitales que no cuentan con información sobre las visitas que reciben. ¿Cuántos de esos medios son coaccionados para darle una cobertura favorable a los gobiernos que otorgan esos contratos? ¿Cuántos de esos medios se “autocensuran” y no critican las acciones o políticas de esos gobiernos?

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La respuesta está en sus portadas, sus reportajes, su cobertura y, sobre todo, por el ataque a los adversarios de quienes les otorgan esos contratos.

Por ejemplo, es claro el ataque de ciertos medios hacia el gobierno de la alcaldesa de la capital poblana, que esta semana dejará el cargo. Solo basta ver sus portadas, sus supuestas investigaciones (en realidad, filtraciones desde oficinas gubernamentales), sus coberturas y sus descalificativos hacia un gobierno que pudo haber hecho cosas buenas o malas, lo que no justifica la cobertura mediática que muchos medios y “periodistas” emprendieron contra la presidenta municipal y su gobierno -curiosamente, esos medios tienen contratos con el gobierno del estado de Puebla, enfrentado con la alcaldesa-

En este sentido, mientras los criterios no sean claros, y los medios y periodistas sigan publicando lo que les digan los gobiernos que los contratan o lo que creen que los gobiernos quieren que digan, la corrupción seguirá siendo la norma. Unos y otros, gobiernos y periodistas, son parte del mismo problema. La única solución es dejar de financiarlos o fijar de manera clara los criterios que definirán las cantidades que se les otorguen. 

Todos los gobiernos necesitan de medios para difundir sus mensajes y que en esos medios se discutan sus políticas. Sin embargo, lo que ahora presenciamos es más cercano a un espectáculo de hienas que ríen o atacan conforme les ordenan los gobernantes que los contratan, que a un ejercicio periodístico. Mientras en Austria cae el primer ministro, en nuestro país los gobernantes ríen y algunos “periodistas” engrosan sus bolsillos; ambos son dos caras de una misma moneda llamada corrupción.