• Desde hace dos meses el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental se ha manifestado contra el uso de cañones antigranizo, señalando a las empresas Granjas Carroll y Driscoll como acaparadoras del agua y causantes de la sequía que les ha hecho perder sus cosechas.
• El gobierno les está ofreciendo apenas 800 pesos por hectárea perdida como compensación, cuando cada campesino invierte al menos 12 mil pesos.
NOTA DE ACTUALIZACIÓN: El 28 de octubre, el director de relaciones públicas de Granjas Carroll envío un correo a este medio solicitando derecho de réplica ante esta nota, por lo que se adjunta su carta al final de la misma.
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El hombre se acerca al terreno sembrado con maíz a orilla de la carretera en Tepeyahualco; por la temporada, mediados de octubre, el tallo debería estar más alto y más verde, pero todas las plantas son amarillas, casi cafés, con las hojas quebradas y de tamaño reducido. El campesino toma la mazorca, la arranca y la abre para mostrar la tragedia de este año: el maíz no se dio. Lo que se ve es un elote muy pequeño, casi sin granos, seco.
“Sí se da, pero no despega. Parece que va a salir pero mire, lo abre y así está, no hay nada. No sirve ni para los animales”, dice. Todo el campo en la planicie de la región de la cuenca Libres-Oriental son terrenos secos, milpas atrofiadas, maíces sin granos. El campo se perdió por la sequía. En un recorrido hecho por LADO B a tres municipios y a terrenos de más de 16 agricultores, nos hemos dado cuenta que todo está igual: perdido por la falta de agua.
Una de las problemáticas que alrededor de 500 campesinos del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental identifican como causante de la brutal sequía de este año es el uso de cañones antigranizo por parte de las grandes empresas de la región –Driscoll, Granjas Carroll y Audi– y de propietarios particulares. Sin embargo, también denuncian la falta de agua de riego, debido a que se la da uso preferente a los hacendados y las compañías que se adueñan poco a poco de los terrenos.
Además de los cañones antigranizo –cuya efectividad hasta la fecha no está comprobada– la realidad es que hay una falta de transparencia en cuanto a quiénes tienen acceso a los pozos de agua y la cantidad de litros que reciben.
Esto es un problema que corresponde resolver a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues aunque en teoría se puede consultar la cantidad de agua autorizada a extraer por cada pozo, no hay un control ni revisión sobre cuánto se extrae realmente.
El Movimiento en Defensa del Agua está iniciando una revisión para saber realmente cuánta agua tienen las grandes empresas y de cuánta agua pueden disponer los ejidatarios y pequeños propietarios, quienes aseguran estar en desventaja frente a las compañías de la región. Esto, a partir de documentos que les dio Conagua después de varias reuniones.
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De acuerdo con datos de un censo realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural al inicio del conflicto entre agosto y septiembre, cerca de 25 mil hectáreas de cultivo de los ejidatarios y pequeños propietarios de Tepeyahualco, Libres, Ocotepec, Cuyoaco y Oriental están en las mismas condiciones.
Tanto los terrenos que están en zonas urbanas, como las hectáreas en el campo y los lugares de siembra que están entre las grandes empresas están igual: secos y perdidos, porque nada se dio este año. Sólo quienes tienen sistema de riego están verdes, desde la carretera es evidente la diferencia.
A principios de agosto de este año, al menos 400 campesinos se unieron y crearon el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, inicialmente para detener el uso de cañones antigranizo que aseguran ahuyentaba las lluvias, afectando sus cosechas.
De principios de agosto a la fecha, cuando iniciaron las manifestaciones y cierres de la carretera federal de Libres a Tepeyahualco por parte del Movimiento, se han tenido al menos 15 asambleas y siete reuniones con las autoridades estatales de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Rural y la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Puebla, para atender las distintas demandas. Pero ninguna ha tenido resultados concretos.
La primera de la exigencias de quienes habitan la región de la cuenca Libres-Oriental es detener el uso de los cañones antigranizo, y de ella se desprenden otras peticiones como tener claridad sobre la disponibilidad de pozos de agua en la zona y quiénes los están usando, para tener una distribución más equitativa para la agricultura.
Hace apenas un par de semanas, el Movimiento consiguió que Conagua, después de varias reuniones y asambleas, les entregara un listado de las concesiones de agua por municipio. El problema de los documentos es que no es fácil saber quiénes realmente están usando el agua, pues vienen nombres de personas, no de empresas. Quienes integran el Movimiento deducen que muchos de los pozos están a nombre de las personas que son dueñas de los terrenos donde están las compañías.
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El Movimiento se ha acercado a instancias estatales y federales, entregándoles documentos y pliegos petitorios para dar seguimiento al tema legislativo y de apoyo al campo.
Actualmente se está discutiendo una iniciativa de ley, enviada por el diputado Gabriel Biestro Medinilla, que busca prohibir los cañones.
La propuesta, presentada a principios de septiembre por el diputado de Morena, pretende agregar dos artículos a la “Ley para la Protección del Ambiente Natural” y uno a la “Ley de Desarrollo Rural Sustentable”.
A la primera se le agregaría el artículo 99 Bis, planteando que: “El ciclo hidrológico natural en las fases de condensación y precipitación no puede alterarse por ningún motivo; quedando prohibido el uso, manejo e instalación de tecnología que tengan como fin alterarlo”.
La propuesta de Biestro contempla una reforma al 176 fracción II, para que se aseguren como precaución los “bienes, tecnologías, utensilios o instrumentos que, estén prohibidos por esta ley o, estén directamente relacionados con la explotación de minerales o sustancias de competencia estatal”.
Y finalmente se agregaría al artículo 35 de la segunda ley que la Secretaría de Desarrollo Rural debe informar si sabe del uso de tecnologías prohibidas por la ley.
A la fecha, el Movimiento no ha tenido conocimiento de avances en esta propuesta.
En la región están dos grandes empresas: Granjas Carroll, criadero industrial de marranos, y Driscoll, productora de frutillas. Los campesinos identifican a ambos consorcios como altamente contaminantes y con afectaciones directas a la agricultura.
En Granjas Carroll, en el municipio de Tepeyahualco, el principal problema son los estanques de aguas sucias y desechos que salen de los galpones donde están los puercos. En un terreno plano y árido se distinguen las construcciones esparcidas de la empresa que cría marranos, y en medio de varios inmuebles están las piscinas estancadas, cuyo mal olor se percibe desde lejos.
Además de los olores fétidos, una preocupación de quienes integran el Movimiento es que estos depósitos de agua, que parecen albercas, están muy cerca de los terrenos de cultivo y también de la zona arqueológica de Cantona, atractivo turístico y joya milenaria de la zona.
Otra de las denuncias hechas por defensores del agua es que hay contaminación de los desechos porcinos y de la industria hacia los cultivos, por su terrible cercanía. Y también se dice que tanto en las granjas porcinas, así como en Driscoll, se usan cañones antigranizo para detener las lluvias. En la primera, porque las tormentas estresan a las marranas y no dan tantas crías, y en las segundas porque los frutos rojos tienen su propio sistema de riego y el agua en exceso las puede dañar.
El martes 20 de octubre un grupo de representantes del Movimiento entregó a la Secretaría de Medio Ambiente del estado un documento pidiendo que investigue a Granjas Carroll, Driscoll, Audi e Iberdrola (empresa que instaló un parque eólico en el municipio de Esperanza, cerca de la región) por presuntos daños al medio ambiente. En ocasiones anteriores el Movimiento ha señalado a Audi también por usar cañones antigranizo.
Desde el inicio de las movilizaciones y a raíz de los bloqueos carreteros, las autoridades se acercaron a las personas afectadas por la sequía, ofreciendo una indemnización por las pérdidas de cosechas. Hasta el momento, la cifra tentativa que han compartido es de 800 pesos por hectárea sembrada, que no equivale ni al siete por ciento de la inversión inicial.
Varios integrantes del Movimiento –entre ellos Gregorio Marín, representante ejidal, Javier Alejo, Gerardo Enríquez, Emilio Martínez y Javier y Faustino Rodríguez Serrano, este último comisariado ejidal– explicaron en entrevista para LADO B que por cada hectárea sembrada de maíz se invierten entre 12 y 15 mil pesos, mientras que de cebada son de 9 a 12 mil pesos, por lo que la cantidad que quiere dar el gobierno del estado no alcanza para absolutamente nada.
El martes 13 de octubre, el Movimiento tuvo una reunión con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Rural y la delegación de Conagua en Puebla para saber el monto exacto y definitivo de la compensación y cuándo se les entregará.
Renato Romero, integrante del Movimiento, compartió a este medio que la respuesta fue que apenas estaban terminando de revisar los expedientes que entregaron todas las personas afectadas por la sequía, que son un total de 5 mil productores de 49 comunidades, con 25 mil hectáreas afectadas.
A la fecha, los agricultores no tienen una respuesta clara del gobierno ni de las indemnizaciones por la sequía, ni de ninguna de sus exigencias.
La respuesta del Movimiento fue que esta será la última vez que esperarán, y de ser necesario convocarán a una asamblea general para volverse a movilizar. Esto, dice Renato, va más lejos: la lucha es para rescatar el agua y el campo.
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A continuación se presenta de manera íntegra la carta enviada por Granjas Carroll, apelando a su derecho de réplica
*Foto de portada: Agricultor del municipio de Libres recorre los cultivos secos de maíz. / Foto: Olga Valeria Hernández
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