Lado B
Defensor de Zacatepec es ingresado a prisión preventiva; OSCs protestan, piden liberación
Miguel López Vega, el primer preso político en el gobierno de Barbosa, ha sido acusado de quemar un vehículo de la Comisión Estatal del Agua en 2019
Por Aranzazú Ayala Martínez @aranhera
27 de enero, 2020
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Foto: David Morales | Pie de Página

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Miguel López Vega, quién fue calificado como el primer preso político en el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa por organizaciones como el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Nodo de Derechos Humanos, fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de San Miguel en la capital poblana.

Al ambientalista y opositor al proyecto gubernamental que busca construir un drenaje industrial para descargar sus aguas en la corriente del río Metlapanapa, le fue dictada prisión preventiva oficiosa y ha sido acusado de tres presuntos delitos: oposición a que se ejecute una obra pública, ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, de acuerdo con un boletín de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mismos que recuerdan a los delitos que se les imputaron, en su momento, a quienes se opusieron a obras gubernamentales en el sexenio que encabezó el panista Rafael Moreno Valle.

Dentro de la acusaciones que enfrenta el también representante comunitario de Santa María Zacatepec, está una supuesta quema de un vehículo de la Comisión Estatal del Agua el pasado 30 de octubre de 2019, durante un enfrentamiento posterior a un bloqueo carretero cerca de la salida al aeropuerto de Huejotzingo. 

Hasta el momento, la FGE no ha ofrecido más información o detalles al respecto, y será  hasta el jueves 30 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia para determinar la situación jurídica del defensor de derechos humanos, quien también desde 2014 acompaña la resistencia de las Cholulas contra el Gasoducto Morelos, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Tras hacerse pública la detención de Miguel López, vecinos de la comunidad de Santa María Zacatepec y opositores al proyecto de drenaje bloquearon la carretera federal a Huejotzingo exigiendo la liberación de su compañero.

Eso provocó que el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez, iniciara una mesa de diálogo con los inconformes, lo que permitió levantar el bloqueo –temporalmente– la noche del domingo 26, pero sin que las negociaciones se hayan cerrado aún.

Miguel López, preso político

En entrevista para LADO B, Juan Carlos Flores, quien da acompañamiento legal a los defensores, explicó que aunque ya son pocos los delitos que contemplan prisión preventiva, Miguel está preso porque la parte acusadora argumentó que durante el enfrentamiento se usó una bomba molotov, pero hasta ahora el gobierno no ha mostrado las pruebas de sus dichos.

Además, puntualizó Juan Carlos Flores –quién fue preso político en el sexenio de Rafael Moreno Valle por su oposición al Gasoducto Morelos– que Miguel tendría que estar en el Cereso de Cholula, porque ahí es donde se inició el proceso y es donde se está llevando el mismo; además de ser el más cercano a su domicilio.

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Ese, dijo, es el patrón de criminalización hacia las personas defensoras de derechos humanos: se generan declaraciones falsas y se les fabrican delitos. Justo lo que vivió el propio Juan Carlos en el sexenio pasado. “Para nosotros es un preso político”, dijo el abogado. 

También dijo que existe una orden de aprehensión contra otro de los compañeros de la resistencia contra el proyecto del drenaje industrial.

Sin embargo, el gobierno del estado se deslindó del arresto del comunicador, argumentando que todo lo ejecutó la FGE. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación insistió en que no hay presos políticos ni represión en Puebla, y dijo que la dependencia tiene total apertura al diálogo.

Al respecto, en un comunicado que fue enviado a medios de comunicación, el Nodo de Derechos Humanos plantea: 

“El Secretario de Gobierno de Puebla, David Méndez, puede tratar de negar que es un preso político y de deslindar al Gobierno de Puebla de la detención, no es nuevo, parte del cargo que ostenta es hacer que la represión parezca estado de derecho. La realidad es que la FGE es parte del Poder Ejecutivo y su autonomía es dudosa, sobre todo cuando ni siquiera hay un Fiscal en funciones”.

Y sostiene que si el gobierno de Luis Miguel Barbosa no interviene para liberar a Miguel López se confirmará que “en Puebla las preocupaciones de que en la 4T los críticos y defensores de la tierra (que en muchos casos el defender la tierra ha sido su crítica) son satanizados, criminalizados y que la prisión política seguirá siendo un camino para que los gobiernos favorezcan la destrucción del territorio”.

Organizaciones piden la liberación

Organizaciones nacionales y centros de derechos humanos se han pronunciado ya contra la detención del comunicador, exigiendo su liberación.

En un comunicado la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC México (integrada por más de 30 radios comunitarias) y el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, que integra a organizaciones como la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Artículo 19, demandan la liberación de Miguel y piden que acaben las amenazas y hostigamiento contra los defensores del territorio.

“Esta detención es un acto en contra del derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y de criminalización de la protesta, así como un intento por intimidar a la comunidad para que desista de seguir luchando contra la contaminación de su río”, dicen las organizaciones en su documento.

Y agregan: “Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Puebla la inmediata liberación del defensor de derechos humanos y comunicador comunitario Miguel López Vega, y el cese a la criminalización de las actividades en defensa de la tierra y territorio de la comunidad de Santa María Zacatepec, incluyendo otras posibles órdenes de aprehensión”.

Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría junto con el Instituto de Investigaciones de Medio Ambiente de la Ibero Puebla, emitieron también un pronunciamiento manifestando la preocupación por lo ocurrido y reiterando la apertura y privilegio del diálogo para resolver el conflicto.

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Autor Lado B
Aranzazú Ayala Martínez
Periodista en constante formación. Reportera de día, raver de noche. Segundo lugar en categoría Crónica. Premio Cuauhtémoc Moctezuma al Periodismo Puebla 2014. Tercer lugar en el concurso “Género y Justicia” de SCJN, ONU Mujeres y Periodistas de a Pie. Octubre 2014. Segundo lugar Premio Rostros de la Discriminación categoría multimedia 2017. Premio Gabo 2019 por “México, el país de las 2 mil fosas”, con Quinto Elemento Lab. Becaria ICFJ programa de entrenamiento digital 2019. Colaboradora de “A dónde van los desaparecidos”