Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Foto: Xóchitl Lagunes

Tanto Gaby como su mamá intentaron denunciar la violencia de pareja que vivía, pero las autoridades siempre las desestimaron; luego de su supuesto suicidio continuaron las irregularidades durante el levantamiento de cadáver, negaron a su mamá el derecho de  reconocer su cuerpo, y la presionaron para que en lugar de enterrarla, la incinerara. De acuerdo con la sentencia del caso Mariana Lima de la SCJN, la muerte de Gaby tuvo que investigarse como feminicidio con perspectiva de género, pero contrario a eso, no hay ni carpeta de investigación a tres meses de su muerte. 

Primera parte: La violencia de pareja no existe

Norma acompañó al menos cuatro veces a su hermana Gaby al Ministerio Público para que denunciara la violencia ejercida por su pareja, Alberto Carranza Rodríguez. En una de las ocasiones, cuando estaban a punto de entrar, Gaby recibió una llamada a su celular; era Alberto, amenazándola. Norma escuchó cómo con groserías y ofensas le decía que ni se le ocurriera decir nada porque ya sabía donde vivía su familia y lo que le podía pasar. Ambas se fueron de regreso a casa.

Pero esa no fue la única vez que Gabriela Sánchez Martínez trató de denunciar la violencia que sufría a manos de Alberto, a quien conoció en 2015. A los pocos meses de iniciar su relación se fueron a vivir a Tehuacán con la hija de Gaby, y ahí fue cuando él empezó con las agresiones psicológicas y físicas.

Ella viajó a Puebla varias veces, tratando de denunciarlo, pero cada vez que lo hacía solo era revictimizada y recibía burlas de las autoridades ministeriales, quienes le pedían testigos o pruebas porque sin eso no podían creerle.

La señora Julia también quería denunciar las amenazas que tanto ella como su hija recibían. En una ocasión, Alberto le dijo que iba a entregarle a Gaby “en cachitos, en la puerta de su casa”, si seguía molestando. Y el 5 de mayo de 2019 el cadáver de su hija fue encontrado colgado de un árbol en un terreno atrás de su casa, al norte de la ciudad de Puebla.

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La imposibilidad de denunciar

Natalí Hernández Arias, psicóloga y directora de CAFIS A.C., dijo que en su experiencia como acompañante de mujeres víctimas de violencia ha detectado constantemente la resistencia de las autoridades a recibir las denuncias mientras no exista una violencia “visible”, es decir, violencia física.

Esto pese a que las leyes de Puebla contemplan que las mujeres puedan denunciar distintos tipos de violencia desde física hasta económica, incluidas tanto en el código penal como en la La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Existe la concepción que la violencia es escalonada y, entonces, hasta que hay golpes hay riesgos. En muchos de los casos [de violencia de género] que ha habido en Puebla a veces no hubo golpes previos pero sí situaciones que las mujeres identificaron como violencia; conductas intimidatorias que quieren denunciar y autoridades no retoman. Estas señales son a las que, finalmente, [las autoridades] no están poniendo atención y es importante que les crean a las mujeres, porque ellas conviven con el agresor y saben las dimensiones que puede tomar esa situación [de violencia]”.

El Banco estatal de datos de violencia contra las mujeres (CEDA) registró 5,513 casos de violencia contra la mujer en todo 2018. De estos, en 2,635 fue el cónyuge o pareja quien generó la violencia, lo que equivale al 47.8% de los casos, casi la mitad de los registros. El de Gaby ni siquiera figura en las cifras oficiales.

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Un delito invisible

¿Pero qué pasa con quienes finalmente logran denunciar? En esos casos el delito se invisibiliza por las mismas autoridades, y prácticamente no se investiga.

Aunque de acuerdo con el documento “Reporte de padecimientos 2018” –realizado por el IGAVIM en 2018– el Sector Salud atendió cada 4 horas y 24 minutos un caso de violencia intrafamiliar, la mayoría de los casos que llegan a la FGE las carpetas de investigación iniciadas se van al archivo temporal por “falta de elementos para investigar”.

En su reporte “Carpetas iniciadas vs concluidas”, con información solicitada a la FGE del periodo 2016-2018, el IGAVIM encontró que en el delito de violencia familiar en 2018 de las 7 mil 296 CDI iniciadas, 5 mil 733 fueron enviadas al archivo temporal. Esto quiere decir que el 78.6% de los casos, de acuerdo con la Fiscalía, no tenía elementos suficientes para ser investigado y simplemente no se les da seguimiento hasta que haya elementos para continuar.

Juan José Hernández, integrante del IGAVIM, dijo en entrevista con LADO B que en la mayor parte de las CDI de violencia familiar la FGE no tiene argumentos suficientes y por eso los casos se archivan indefinidamente. Esto, pese a que de 2017 a 2018 el Sector Salud atendió 32.5% más casos de violencia familiar, pasando de mil 503 a mil 992 en toda la entidad.

A nivel estatal, de los padecimientos con los incrementos más representativos de 2017 a 2018 la violencia intrafamiliar está en tercer lugar, pero el que haya habido atención médica no garantiza que exista una denuncia, ni tampoco que el hecho se investigue.

La psicóloga Natalí Hernández dijo que para la prevención de la violencia es necesario que se genere un registro único de información respecto a las víctimas para saber si llamaron a una patrulla, acudieron a un servicio de salud o intentaron levantar alguna denuncia. En eso coincidió Juan José Hernández, quien mencionó que habría que tener claridad en cuáles de los casos que llegan al sector salud llegaron también a la Fiscalía.

Aunque en Puebla existe el Banco Estatal de Datos CEDA, que reúne datos de violencia contra las mujeres de varias dependencias (IPM, SGG, FGE, SSA, SSP, SEDIF, TSJ), la información disponible no viene desglosada ni está abierta para su uso o revisión.

Foto: Marlene Martínez

Segunda parte: un cadáver desconocido

El 5 de mayo, en la calle Cabo San Lucas de la colonia Nueva San Salvador, se reportó el hallazgo de un cadáver colgado dentro de una construcción abandonada. De lejos, el cuerpo parecía el de un hombre, con la ropa holgada y el cabello corto. La persona encontrada muerta no fue noticia, el caso apenas fue brevemente consignado en un par de medios locales que anunciaban que un hombre se había quitado la vida. 

La policía acordonó la zona: una casa en obra negra y un charco de sangre en la banqueta.

Dos semanas después, la señora Julia Martínez se enteraría que el cadáver era el de su hija Gaby.

El lote donde estaba la construcción era propiedad de la mamá de la señora Julia y colinda con su vivienda; los vecinos le dijeron que al encontrar el cuerpo notaron que tenía una herida en la frente y muchos golpes en el rostro y cuerpo; no había habido mayor movimiento en el lugar, por lo que creían que pudieron haberlo matado en otro lado y sólo lo fueron a colgar ahí.

La mamá de Gaby tuvo un presentimiento de que ese cadáver podría ser el de su hija, a quien llevaba mucho tiempo sin ver pero de quien sabía que seguía en una relación violenta. Fue al Servicio Médico Forense (Semefo) para preguntar por el cadáver, pero únicamente le tomaron sus datos y no le permitieron verlo.

Las autoridades competentes no respetaron los protocolos ni los derechos de la señora Julia, no sólo en el levantamiento de cadáver sino en el reconocimiento, entrega e investigación. No le permitieron ver el cuerpo antes de llevárselo, no fue informada de la denuncia

Las omisiones

Para el 15 de mayo agentes de la Fiscalía buscaron a Julia para informarle que su hija estaba muerta y que el cuerpo desconocido de un supuesto hombre, que había aparecido junto a su casa, era en realidad de una mujer: el de Gaby.

Cuando fue por segunda vez al Semefo le dijeron que Alberto Carranza ya había ido antes que ella, pero que no había reconocido el cuerpo. Una de las señas particulares de Gabriela era un tatuaje en el brazo: un infinito que tenía su nombre y el de Alberto, tatuaje que comparte con su ex pareja. Pese a tener el mismo símbolo tatuado, el hombre no reconoció el cadáver.

La mamá de Gaby tuvo que hacer el papeleo aprisa para poder llevarse a su hija: no dejaron que reconociera el cuerpo, la apresuraban para que terminara los trámites y le sugirieron que la cremara, eso sin darle los papeles de la necropsia.  

La desaparición de Gaby fue supuestamente denunciada por Alberto, su pareja sentimental. El hombre también entregó a la Fiscalía una carta en la que Gabriela se despedía y anunciaba su suicidio, pero a la fecha la señora Julia no ha podido confirmar que es de su hija pues no le han permitido verla.

Además, la familia de Gaby tenía derecho a recibir de inmediato el dictamen donde se indica el sexo y causas de muerte, que incluye los detalles tanto del levantamiento de cadáver como la necropsia. Pero tuvieron que pasar más de dos meses, hasta a finales de julio, para que la señora Julia por fin tuviera los documentos de la muerte de su hija.

María de la Luz Estrada Mendoza, del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), dijo a LADO B que uno de los principales obstáculos en la investigación de feminicidios es el manejo de lugar donde se encontró el cuerpo.

“La pérdida de evidencia es una constante”, dijo la especialista y explicó que la importancia, por ejemplo, de preservar el lugar donde se cometió el crimen es porque existe una causal para acreditar el feminicidio relacionada con la incomunicación previa de la víctima, o sea que haya sido retenida contra su voluntad.

Aunado al análisis que se tuvo que hacer en campo, al tratarse de un posible feminicidio debió haber un peritaje antropológico que incluyera un estudio de la vulnerabilidad de la víctima y posibles atacantes, dimensionando la parte social.

Puebla cuenta con un “Protocolo de investigación del delito de feminicidio para el estado libre y soberano de Puebla en el sistema penal acusatorio”, actualizado al 30 de diciembre de 2016, que contempla pasos a seguir desde el hallazgo del cuerpo hasta la propia investigación.

Catalina Aguilar, integrante de Cihuautla A.C., organización que trabaja en la equidad de género, dijo en entrevista con LADO B que muchas veces la cadena de impunidad empieza en el levantamiento de cadáver, desde que falla la identificación de la víctima hasta la falta de acceso al expediente por parte de los familiares.

Al respecto, la abogada Esmeralda Lecxiur, quien acompañó el caso del feminicidio de Tania Verónica Luna, concordó con que el levantamiento de cadáver es fundamental pues la evidencia recabada puede repercutir en etapas futuras del caso, “ya sea en el lugar del hallazgo del cuerpo sin vida que se pueden encontrar indicios fundamentales, la descripción de la postura del cuerpo, prendas, ambiente y características del lugar donde fue encontrado; el contexto físico es fundamental”. Y esto involucra no solo al personal de la FGE sino a los policías que generalmente son los primeros en atender el llamado.  

Foto: Marlene Martínez

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Tercera parte: reconocer el feminicidio

Desde el principio, el caso de Gaby estuvo repleto de irregularidades. Para empezar, no se abrió una Carpeta de Investigación (CDI), primero porque se determinó que su muerte había sido un suicidio, pero tampoco se ha hecho pese a las denuncias de la señora Julia sobre la violencia previa que vivía Gaby, y sus sospechas de feminicidio.

Ante la falta de acción de la Fiscalía, la familia de Gaby acompañada por su defensa jurídica dieron una rueda de prensa el 16 de junio y se movilizaron afuera de la sede de la institución, exigiendo que el caso se investigara como feminicidio y se tomara como principal sospechoso a Alberto.

La familia ha estado acompañada por Xóchitl Lagunes como su representante legal, y a raíz de la presión se abrió un Número de Atención Temprana (NUAT) 74/2019 para el caso. Sin embargo, esto no es todavía una carpeta de investigación sino un registro con el que ingresan quejas y denuncias.

Después de seguir difundiendo el caso, a mediados de junio se ingresó a homicidios, quedando con el registro NUAT 74/2019/UIEHOM. El encargado de despacho de la Fiscalía, Gilberto Higuera Bernal, dijo en entrevista con medios el 5 de julio que no se le había dado “carpetazo” al asunto y que se estaban haciendo las investigaciones del caso como feminicidio, pero hasta el momento de esta publicación la FGE no confirmó esta información y sólo dijo que la investigación sigue abierta y no puede dar más datos porque el caso continúa.

Sin protocolos ni atención

La muerte de Gaby tendría que haberse investigado como feminicidio. De acuerdo con la sentencia del caso de Mariana Lima, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte, y para poder confirmar o descartar el motivo de la muerte”.

La sentencia determina también que “se debe investigar, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, cuando [este] se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer […] en una región determinada”. Esto significa que el aparente suicidio de Gaby, por los antecedentes y contexto de violencia, debería haberse investigado desde un principio como feminicidio.

Catalina Aguilar, de la organización Cihuautla A.C., dijo a LADO B que uno de los principales problemas para acreditar las causales que determinan un feminicidio es la falta de especialistas, sobre todo para hacer peritajes antropológicos. Estos son vitales para identificar el contexto de violencia y una posible relación sentimental entre la víctima y el victimario.

Al respecto, María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) explicó que la ruta de la impunidad tiene que ver con la resistencia de las autoridades para acreditar el delito de feminicidio. En este contexto uno de los principales obstáculos que han identificado es que, aunque toda muerte violenta debe iniciar investigándose con perspectiva de género, esta premisa no es cumplida por las autoridades.

La especialista explicó que los peritajes sociales y psicológicos, donde se pueden identificar los antecedentes de violencia, son fundamentales en el nuevo sistema de justicia penal y todavía raramente realizados.

“El tema de los dictámenes es fundamental. Hemos podido revertir investigaciones; llegar a la verdad cuando nosotras mismas logramos hacer y proponer peritajes alternos, y esto nos ayuda a vincular a los criminales, porque aquí el problema es cómo vincularlos a proceso de feminicidio”, dijo la integrante del ONCF.

Para acreditar el delito de feminicidio se deben tomar en cuenta causales como lesiones infamantes o degradantes, violencia sexual, antecedentes de violencia familiar, sexual o laboral, si existió una relación sentimental con amenazas, acoso previo o lesiones, y si el cuerpo de la víctima fue exhibido en un espacio público, entre otros.

Pero a falta de peritajes, como explicó María de la Luz, es difícil comprobar las causales y lograr que la vinculación a proceso sea por feminicidio.

Foto: Luis Colchado

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 *Foto de portada por: Marlene Martínez