Foto: Xóchitl Lagunes

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El 5 de mayo de 2019 un cuerpo apareció colgado de un árbol, al norte de la ciudad, cerca de la junta auxiliar San Sebastián Aparicio, Puebla, en un terreno cercano a la casa de la señora Julia Martínez. Más de dos semanas después, Julia se enteraría que ese cuerpo era el de su hija Gabriela Sánchez Martínez, quien llevaba cuatro años en una relación con un hombre violento, física y psicológicamente, y que la amenazaba de manera constante.

A mediados de junio, un mes después de la muerte de Gaby, la señora Julia y sus familiares denunciaron ante medios de comunicación que la Fiscalía General del Estado (FGE) había dado “carpetazo” al caso y había registrado lo ocurrido como suicidio, pese a que pidieron que se investigara como feminicidio por los antecedentes de violencia.

Gabriela conoció a su ex pareja, Alberto Carranza, en 2015. Ella y su hija se mudaron con él a Tehuacán a los pocos meses, ahí empezó la violencia contra ambas. Cuando Gaby se lograba escapar e intentaba denunciar, las autoridades la ignoraban. El Ministerio Público no aceptaba su testimonio y minimizaba lo ocurrido, exigiendo pruebas para poder tomar la denuncia. Su hermana, Monse, la acompañó al menos cuatro veces y vio cómo la ignoraban. 

Lo mismo le pasó a la señora Julia cuando intentó a denunciar a Alberto: las autoridades le pedían testigos que confirmaran lo que le pasaba a su hija. El hombre también amenazó a la mamá de Gaby en varias ocasiones vía telefónica e incluso en la puerta de su casa, pero todo esto fue ignorado.

Tan sólo en 2018, el Banco estatal de datos de violencia contra las mujeres (CEDA) registró 5 mil 513 casos de violencia contra la mujer, correspondiendo el 65% (3 mil 571) a la psicológica. Tanto en este tipo de violencia como en la física, sexual, económica y patrimonial, más del 60% de todos los casos se dieron en espacios particulares. El CEDA también reporta que 48% de los agresores fueron el cónyuge o pareja, y el 18% la ex pareja. Esto indica que la violencia más frecuente es la menos visible, pues se ejerce en el ámbito de lo privado y los agresores son las propias parejas o familias.

Ese fue el caso de Gaby, donde si bien no se ha comprobado la violencia que ejercía Alberto, tampoco se ha investigado ni se han tomado en cuenta los testimonios de su mamá y demás familiares.

Después de una rueda de prensa y una manifestación afuera de la FGE, las autoridades le dijeron a la señora Julia y a su representante legal, Xóchitl Lagunes, que iniciarían la investigación como feminicidio. Esto, pese a que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género desde el inicio.

Foto: Xóchitl Lagunes

María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), explicó a LADO B que en 2015 la sentencia de la SCJN por el caso de Mariana Lima pone como premisa fundamental que se investiguen con perspectiva de género estos casos: “Es un criterio que debe estar ahí en los protocolos porque tenemos muchos suicidios en los que, en realidad, a las mujeres las mataron”. El caso de Mariana Lima fue señalado como un supuesto suicidio, pero Irinea Buendía, mamá de Mariana, insistió en que había sido asesinada por su entonces pareja. Después de una larga lucha, el caso se reabrió y se investigó como feminicidio.

En el caso del supuesto suicidio de Gaby, su cuerpo fue hallado con huellas de violencia, golpes y sangre en la cara. Esto, aunado a los antecedentes de amenazas y violencia física, era más que suficiente para abrir una carpeta de investigación por feminicidio. Después de la omisión del poder judicial ante las denuncias previas que la misma Gaby trató de hacer, antes de ser asesinada, lo que ahora pide la señora Julia es que se haga justicia para su hija y que Alberto Carranza sea investigado.

*Foto de portada: Xóchitl Lagunes