Demetrio Pacheco entiende lo que le ha tocado vivir a Esteban. Él encontró una bala en el comedor de su casa. Ser vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata y presidente de la Asociación de Concesiones Forestales de Reforestación de Madre de Dios lo ha expuesto a muchos peligros, sobre todo a las amenazas de invasores y taladores ilegales, actividades que arrinconan a quienes creen en la conservación.
Las autoridades insisten en que denuncien lo que están viviendo, pero es más fácil decirlo que hacerlo.
“Las autoridades nos demandan que denunciemos, pero nos piden nombres, algo que no siempre sabemos”, explica. Pero cuando logran identificar a su agresor y hacen la denuncia, cuenta el dirigente, el victimario —muchas veces por actos de corrupción— termina enterándose de quién fue el ‘soplón’.
Sin embargo, a los defensores ambientales que poseen concesiones forestales no les queda otra salida más que hablar. “En el caso de los concesionarios forestales —que es la figura legal en gran parte de La Pampa— están obligados a denunciar, porque sino el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) los multa por permitir la actividad ilegal en sus concesiones”, agrega Luisa Ríos, coordinadora en Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Esta organización, aliada del Comité de Gestión de la reserva, sigue el tema y brinda apoyo desde el 2010 a los agricultores, concesionarios y reforestadores que sufren amenazas a través de su Consultorio Jurídico Gratuito.
El escenario descrito por Ríos ha obligado a muchos defensores ambientales a aceptar las multas antes que exponer sus vidas y las de sus familias.
Precisamente por miedo a denunciar, Ana fue multada en el 2014 y hasta ahora no puede pagar los 30 000 soles (US$9 mil) que adeuda. Osinfor la sancionó por haber permitido que la minería ilegal llegue a deforestar hasta 7 hectáreas de su concesión en el 2013. “Yo sola no iba a poder sacar a los mineros ilegales”, cuenta.
Mongabay Latam buscó a Osinfor para indagar sobre este caso y el mecanismo de fiscalización en la zona de La Pampa, pero al cierre de esta nota su oficina de prensa señaló que no podía responder este pedido.
La última vez que Ana pidió una intervención para sacar de su terreno a los ilegales, llegaron 40 agentes policiales y le pidieron que alguien de su familia los acompañe. Vistieron de policía a su hijo mayor, para que sirva de guía, y encontraron 14 motores operando. Cada uno de ellos fue destruido. A la salida y en un descuido, el hijo de Ana se sacó el casco policial y uno de los mineros lo identificó. Lo que vino después fue un infierno y empezó cuando una mañana la enfermera de la posta llegó corriendo a la casa de Ana.
“¡Esconde a tu hijo, lo están buscando para matarlo!”, le contó la enfermera a Ana, quien vio llegar a dos hombres armados a la posta preguntando por él.
Bajo la sombra de un árbol de guaba, Ana narra estoicamente todo lo vivido. “A veces no quiero recordar todo esto, pero debo contarlo”, dice y se quiebra al final de la frase. “Nunca hubiera querido saber qué siente una madre cuando buscan a su hijo para matarlo. A veces pienso ¿hasta dónde soportaré?”.
Su hijo tuvo que salir de Madre de Dios por unos años. Pero cuando volvió, ideó un plan para vengarse del minero que lo delató. Buscó a su primo y le pidió que se infiltre como minero ilegal en La Pampa para encontrar las pruebas que lo ayuden a denunciar al sujeto. A las pocas semanas de ingresar fue interrogado por los miembros de seguridad de los mineros, quienes por las dudas lo mataron. Un balazo certero. Hoy el hijo de Ana se dedica a cosechar legumbres y, sobre todo, a pasar desapercibido.
La familia de Ana muestra la foto del primo que fue asesinado por los mineros ilegales. Acababa de salir del servicio militar en el Ejército. / Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam.
