Decio de María, titular de la LIGA MX
Foto tomada de foxsportsla.com/

Emilio Coca

@cocabron

El 8 de agosto de 1990 un modesto futbolista llamado Jean-Marc Bosman cambió la historia del futbol, cuando logró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le diera la razón y obligara a los dirigentes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) y la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a cambiar la reglamentación sobre transferencias: los clubes ya no tendrían derecho a cobrar una cantidad en concepto de derechos de formación a un jugador cuando termina su contrato.

Sin embargo en México no cambió nada, pues el famoso “Pacto de Caballeros” sigue presente en la Liga Mx, y consiste en un acuerdo “informal” entre el jugador y el club, donde está de por medio un “beneficio” mutuo, donde el futbolista no puede negociar con otros equipos si la institución no está de acuerdo, pues esta debe salir favorecida de alguna manera, a cambio, el jugador recibe su libertad.

Uno de los casos más antiguos es del ex futbolista y comentarista Carlos Albert, quien intentó formar un sindicato de jugadores para evitar este tipo de tratos, por lo que fue víctima de amenazas y vio cómo su carrera se perdía por querer mejorar las condiciones del jugador.

El artículo 18 del Reglamento sobre el estatuto y transferencia de los jugadores de la FIFA indica que: «Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club, si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses».

Pero sabemos que la Federación Mexicana de futbol y la Liga Mx hacen oídos sordos ante la reglas que afecten sus intereses, permitiendo que un dueño tenga más de un equipo (multipropiedad) y la existencia de este pacto.

Por ejemplo Omar Bravo y Aarón Galindo lucharon por el llamado “sueño europeo”, uno con el Deportivo La Coruña y otro con Eintracht Frankfurt, pero a su regreso al país azteca, Cruz Azul y Guadalajara solicitaron alrededor de 2 millones de dólares por los “derechos de formación”.

En 2013 la entonces integrante de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Claudia Delgadillo González propuso “adicionar un segundo párrafo al artículo 295 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar que los deportistas profesionales cuenten con una relación contractual justa y apegada a Derecho, al no tener limitantes para poder contratarse con algún otro equipo.”

Pero la propuesta no avanzó, pues, en palabras de Delgadillo, “los propietarios de los equipos, dueños de las televisoras y diputados de todos los partidos frenaron la iniciativa» y remató: «las fuerzas políticas tienen arreglos con los clubes»

Dos años atrás el ‘Kikín’ Fonseca demandó a los Tigres por 9 millones de pesos; incluso se abrió una apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ya que a su regreso de Portugal, el equipo felino limitó su carrera. Tras un año de disputas legales, el tribunal falló a favor del Club Universitario.

Si bien estos casos son de hace más de cinco años, para el Torneo de Clausura 2018 dos jugadores volvieron a sufrir este acuerdo verbal. Cirilo Saucedo, quien fue pretendido por Pumas y Murciélagos; y el caso más sonado Oswaldo Alanís, quien decidió no renovar su contrato con Chivas y buscar nuevos aires, aunque la entidad bloqueó al jugador e incluso le impidió el acceso a los campos de entrenamiento.

«Los dueños de los equipos dicen: yo te puedo dejar ir a donde quieras pero nadie te va a ofrecer trabajo», dice Héctor Huerta, analista de ESPN.

Incluso existen jugadores que vieron truncada su carrera profesional. César Villaluz, una de las promesas cruzazulinas, ha buscado oportunidades en la segunda división y Alan Pulido fue borrado de todas las convocatorias a la selección nacional, tras su conflicto contractual con Tigres.  

Si bien hoy en día existe la Asociación Mexicana de Futbolistas, de la mano de Christian ‘Chaco’ Giménez, presidente de la Comisión del Jugador; Álvaro Ortiz, además de Oribe Peralta y Carlos Salcido, la cual busca que se respeten los derechos y se escuche al futbolista, los dueños parecen mantener su postura.

«Desde una manera de modelo de negocios los clubes creen que cuidan la inversión que han hecho a un jugador -explica Álvaro Ortiz-, pero en realidad es ilegal. Es una práctica no escrita, va en contra del derecho laboral en México, de los derechos humanos y los estatutos de la FIFA».

Al final, como señaló Javier Aguirre, los dueños “quieren ratones a la hora de negociar sus contratos laborales y leones en la cancha”.