Como cada cuatro años, la primera vuelta electoral dejó su lote de violencia, muerte y destrucción en Guatemala. Los partidos políticos y sus simpatizantes, principales causantes de la violencia electoral, no han asimilado las reglas del juego democrático. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por minimizar los incidentes, las elecciones municipales siguen siendo una gran fuente de conflictos. Las de 2015, dejaron 25 fallecidos
Fotos: Tomadas de Plaza Pública
Sebastián Escalón │ Plaza Pública
El pasado 11 de octubre, pobladores enfurecidos quemaron vivo a Basilio Juracán Leja, alcalde recién electo del municipio de Concepción, Sololá. Lo acusaban de haber tramado un atentado en contra de uno de sus rivales políticos, quien perdió a dos familiares en el ataque. La violencia política se apoderaba de nuevo de un municipio y dejaba ver la enorme distancia por recorrer para hacer de Guatemala una verdadera democracia.
Visto por el lado amable, la participación ciudadana fue masiva el 6 de septiembre, fecha de la primera vuelta electoral. Los fraudes groseros de los años 70 y 80 son parte de la historia del siglo pasado. Salvo en algunos municipios, los guatemaltecos confían en que los resultados finales reflejan el contenido de las urnas.
La otra cara es la de los brotes de violencia. En muchos lugares de Guatemala ni los partidos políticos, ni las instituciones ni los ciudadanos han integrado el concepto de participación libre, sin coacciones ni trampas.
He aquí algunas claves para entender un fenómeno diverso, difícil de asir, pero que vuelve igual a sí mismo cada cuatro años.
1. ¿Cuáles fueron los municipios violentos?
Desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por abierta la campaña hasta los días consecutivos a la primera vuelta, se registraron 352 incidentes violentos. Esto, según un informe de la International Foundation for Electoral Systems (IFES), fundación estadounidense que brinda asesoría técnica al TSE. La violencia se vio en 163 municipios en toda la república. El único remanso de paz fue Totonicapán, donde no se registró ningún incidente.
Aunque la cifra parece alta, la percepción general es que, salvo unos 15 o 20 municipios, las elecciones se desarrollaron con normalidad. Y es que la mayoría de los incidentes registrados en los cinco meses de campaña fueron forcejeos e insultos sin mayor trascendencia entre militantes rivales o activistas como los “No te toca” que hacían presencia en las actividades proselitistas del partido Lider.
Pero esta impresión no debe hacer olvidar los casos graves: durante el proceso, 25 personas vinculadas con los partidos fueron asesinadas.
[pull_quote_right]La percepción general es que, salvo unos 15 o 20 municipios, las elecciones se desarrollaron con normalidad. Pero esta impresión no debe hacer olvidar los casos graves: durante el proceso, 25 personas vinculadas con los partidos fueron asesinadas[/pull_quote_right]
Santa Clara La Laguna, Sololá.
2. Las causas de la violencia
Primero, un hecho: casi todos los actos de violencia fueron generados por las elecciones municipales. Nadie intercambia puñetazos con el vecino por defender a Sandra Torres o a Jimmy Morales. Pero por un alcalde, o en contra de otro, los conflictos pueden llegar a los tiros y linchamientos.
Para Edgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la Paz Social (Demos), una parte del problema está en los partidos políticos. “Los partidos no se sienten parte de la ciudadanía. No tienen electores, tienen clientes. Esto es la negación de la democracia.”, indica. Otro problema, según Pereira, son las instituciones electorales que no siempre hacen respetar las reglas del juego democrático. “Las autoridades son condescendientes con un montón de arbitrariedades como propaganda ilegal o con la inscripción de candidatos señalados de corrupción. Esto estimula actitudes que pueden generar conflicto. Es como decir, ‘jueguen como quieran’”.
Pero este “jueguen como quieran”, puede encender los ánimos de la población, y llevarla a tomar el lugar del árbitro. “Mientras la ciudadanía no encuentre respuestas y sanciones a lo que no es justo, va a haber un germen de violencia”, analiza Pereira.
A estos factores generales, hay que sumarle otros, propios a cada territorio.
Mario Minera, director de la Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ve tras la violencia electoral, la influencia de poderes locales que pugnan por las municipalidades. Poderes muchas veces relacionados con el crimen organizado. Las zonas fronterizas como Malacatán, en San Marcos, o los municipios de Suchitepéquez tienen estas características.
La conflictividad relacionada con los proyectos mineros e hidroeléctricos también trae su lote de tensión. Según Minera, esto no se refleja forzosamente en candidatos que están a favor o en contra de un megaproyecto. Pero, cuando un alcalde no clarifica su postura, o da la impresión de negociar a espaldas del pueblo, genera ingobernabilidad y descontento, lo cual se puede exacerbar el día de las elecciones. Según Minera, esto es lo que ha pasado en municipios como San Pedro Pinula, San José el Golfo, San Rafael las Flores y Pueblo Nuevo Viñas.
No hay que olvidar que en Guatemala, cada año mueren asesinadas cerca de seis mil personas. La violencia es pues, una forma habitual de solucionar conflictos. Esta violencia estructural no puede ser ajena a la política, momento en que se exacerban los ánimos y distintos intereses entran en choque.
3. ¿Cuándo se enciende la mecha?
La noche de las elecciones, en 11 municipios del país hubo grupos violentos que dieron por terminado el juego electoral con fuego. Fueran espontáneos o fueran azuzados por un partido político —aún no se sabe; se investiga—, frente a los centros de votación los descontentos encendieron grandes pirras de papeletas electorales.
En Malacatán se vivió una campaña electoral tensa, en la que candidatos y simpatizantes rivales se insultaron mutuamente. En situaciones como esa, las fuerzas en pugna tienden a no aceptar la voluntad de los ciudadanos. Cuando se empezaron a filtrar los resultados preliminares de los centros de votación, ocurrieron los disturbios. Y cuando se destruyen —o como en el caso de esos 11 lugares— se queman más del 60% de las papeletas utilizadas en el proceso, el TSE se ve obligado a repetirlo. “Nosotros habíamos denunciado un incremento de violencia verbal entre partidos antes de los comicios”, explica Marvin Pol, de Acción Ciudadana. Las autoridades tendrían que haber atendido a esas alertas para reforzar la seguridad en la localidad, agrega.
Hay otros hechos que pueden encender la mecha. La compra de votos es uno ellos: siempre causa un gran enojo entre la población. Ya sea simple rumor o realidad, esto resta legitimidad a los comicios. La inacción, real o percibida, de las autoridades electorales es un factor agravante.
El acarreo de votantes también fue una de las grandes causas de violencia y bloqueos de carreteras el día de los comicios. Acarreo que hay que definir bien. Para Máximo Zaldívar, del IFES, no debe llamársele “acarreo” al simple hecho de transportar votantes. El acarreo, indica, es cuando un candidato lleva a votar personas provenientes de otros municipios. Lo cual puede realizarse gracias a una manipulación previa del padrón electoral o proveyendo a los votantes más de un documento de identidad.
En San José el Golfo y Pueblo Nuevo Viñas, se levantaron bloqueos de carreteras que solo dejaban pasar a las personas que eran reconocidas como propias del municipio. Las autoridades tuvieron que intervenir para disolver estos bloqueos, negociando con los manifestantes. En Santa Catarina, San Marcos, los pobladores amenazaron con quemar un bus repleto de votantes a los que tachaban de “acarreados”. La intervención de la PDH calmó los ánimos. En otros municipios como San Vicente Pacaya, aparecieron mantas que amenazaban de muerte a cualquier foráneo que intentara votar en el municipio. Esto muestra hasta qué punto el acarreo preocupa a la población.
Queda la duda: ¿la manipulación electoral que implica traer votantes desde otro municipio es una realidad o una percepción falsa de una parte de la población? Para el Inspector general del TSE, Óscar Sagastume, la segunda opción es la cierta. “En enero el TSE emitió un acuerdo con el que se prohibía modificar el padrón electoral para mover ciudadanos de un municipio a otro. El acarreo es una percepción de la población, y también un mal manejo de información por parte de los líderes”, indica.
Marvin Pol, de Acción Ciudadana y Mario Minera de la PDH, concuerdan con el Inspector del TSE. Según ellos, en estos comicios no se ha observado un verdadero fraude con votos de personas ajenas a los municipios. “Hubo muchos rumores. En Conguaco algunos decían que habían llegado a votar salvadoreños, y que se les reconocía por el hablado. Pero en esas zonas fronteriza, el acento es el mismo a cada lado de la frontera”, recuerda Minera.
Edgar Pereira, de Demos, tiene una opinión distinta. “El caso de Antigua Guatemala en 2011 está bien documentado y se sabe que el candidato (Adolfo Vivar) ganó por los ‘acarreados’. Con la decisión del TSE de que el padrón no se podía cambiar, se impidieron nuevos acarreo. Pero los que ya estaban montados se siguieron usando”.
Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, indica que sí han recibido denuncias por acarreo de votantes y utilización de documentos falsos. Toca ahora al Ministerio Público evaluar la veracidad y el impacto de estos delitos.
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