Foto: Marlene Martínez

Josué Cantorán

@josuedcv

A un homicidio motivado por la homofobia o la transfobia le precede la mala actuación de un buen número de instancias públicas que ya han fallado en su misión de salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. Aunque exista un código penal que prevea sanciones ejemplares para quienes perpetren un crimen de odio, la erradicación de este fenómeno no se logrará si la penalización no va acompañada de políticas públicas eficaces que permitan generar cambios en los comportamientos homofóbicos de la sociedad.

Así lo considera el activista Marco Antonio Moreno, abogado del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), organización entre cuyas líneas de trabajo se encuentra la de visibilizar la ocurrencia de crímenes de odio en la entidad, así como la de documentar los casos a través de revisiones hemerográficas y brindar acompañamiento y atención jurídica a las familias de las víctimas cuando así lo soliciten.

En sus registros, el Odesyr documentó que en 2013 ocurrieron al menos siete crímenes de odio por homofobia, aunque un recuento hemerográfico realizado a la par por este portal habría dado cuenta de nueve casos. Para 2014 sólo ocurrió uno, y en este año, en el que ni siquiera ha terminado el tercer mes, ya se ha dejado ver un nuevo repunte con tres casos documentados.

La disparidad de estas cifras se debería, explica Marco Antonio Moreno, a que las instituciones de procuración de justicia no han logrado transparentar las acciones que realizan al respecto de estos casos, lo que deja mucho lugar a sesgos. Es decir que los casos conocidos no son necesariamente todos los que ocurren sino los que alcanzan a ver la luz a través de publicaciones periodísticas.

En julio de 2013, cuatro meses después del asesinato de la activista transexual Agnes Torres, el Congreso local reformó el Código de Defensa Social para incluir el odio y la discriminación como agravantes en los delitos de homicidio y lesiones. Esta tipificación, no obstante, se ha quedado coja pues las secretarías estatales de Seguridad Pública, General de Gobierno y de Educación Pública no estarían haciendo lo propio, según considera el activista, en materia de prevención y educación con el fin de erradicar la discriminación contra las poblaciones LGBT.

En octubre de 2014, Lado B informó, con base en datos obtenidos de la Procuraduría General de Justicia, que efectivamente la tipificación no habría significado una reducción en los índices de comisión de este tipo de delitos.

A ello se sumaría el olvido en el que se encuentra la llamada Ley Agnes, una serie de reformas a seis artículos del Código Civil estatal que permitiría a las personas transgénero y transexuales modificar sus documentos oficiales para que estén acordes a su identidad sexogenérica. En la legislatura actual no se prevé que esta ley vaya a ser discutida. Sin embargo, esto permitiría a las personas beneficiadas tener un acceso menos tormentoso a algunos derechos humanos fundamentales, sobre todo el trabajo.

Hasta ahora, las pocas posibilidades de empleo que tienen las mujeres trans, indocumentadas en su propio país, las orilla a ejercer el trabajo sexual, como la propia Agnes reconocía en vida. Y mientras el trabajo sexual sea considerado una falta administrativa en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun), las mujeres trans que lo ejerzan se verán mucho más desprotegidas ante un clima de clandestinidad que favorece la participación de redes de delincuencia organizada.

En los tres casos de crímenes de odio documentados este año, las tres víctimas han sido mujeres trans: Anahí, muerta el 9 de enero tras haber sido agredida con arma de fuego; siete días antes, Marlene, asesinada a pedradas en Izúcar de Matamoros el 22 de febrero, y Barbie, quien perdió la vida a golpes el 1 de marzo. El Odesyr estaría verificando en este momento la ocurrencia de dos casos más.

De acuerdo a datos recopilados por la organización Letra S, Puebla ocupaba, hasta el cierre de 2013, el lugar número 9 a nivel nacional en cuanto al índice de casos documentados de crímenes de odio. La organización ha contado 36 casos de 1995 a 2013. Sin embargo, esos datos tampoco reflejarían del todo la situación real de cada estado, pues, lejos de ser oficiales, están basados también en lo que los medios de comunicación escritos logran documentar.

[pull_quote_right]Y nos parece que hay otra secretaría que ha estado ausente y ha sufrido los efectos de este odio, quizá no en el homicidio pero sí en el acoso escolar, que es la Secretaría de Educación Pública, que tampoco se suma a los esfuerzos, que tampoco está dispuesta a ser un antecedente del inicio de un cambio educacional en los espacios formales, sensibilizando sobre la violencia social, atendiendo las cuestiones de discriminación en sus programas y sus espacios[/pull_quote_right]

Sobre estos crímenes de odio charló en entrevista con Lado B el activista Marco Antonio Moreno.

Lado B: Se han documentado tres crímenes de odio en lo que va del año. Ya está tipificado, ya existe un agravante, entonces, ¿qué haría falta? ¿Por qué siguen ocurriendo estos crímenes?

Marco Antonio Moreno: Para empezar, parece que debe haber, si no revelación de datos, un trabajo mucho más público de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) respecto de socializar la información de sus acciones, porque así el mensaje institucional se hace escuchar y se hace ver. Mientras sólo exista la reforma y esté publicada en un Periódico Oficial que nadie lee ni consulta, que no es de fácil acceso, nos parece que entonces la implementación de la reforma está coja de la parte social, de quienes puedan llegar a hacer uso de ese derecho penal.

”Por el otro lado, hace falta descentralizar la atención del caso de crímenes de odio por homofobia en el tratamiento penal o del Ministerio Público. El MP no es un órgano de justicia social, eso hace que tengamos una mirada reduccionista del tratamiento de esto. Evidentemente hay una lógica social y cultural respecto de la categorización que se hace desde las propias personas en sociedad, de qué cuerpos merecen seguir viviendo y qué cuerpos no. Y esa valorización es la que permite que alguien pueda fácilmente decidir matar a una persona. Ya no hablemos de la no impunidad, ya puede haber una punibilidad, una penalizacion, pero eso no importa a veces, estamos viendo que a pesar de que el castigo ya se está haciendo ejemplar, sigue sin importar, y eso demuestra que el derecho penal ha vuelto a fracasar en su misión de ser ejemplo y en la no repetición de las conductas. No lo está logrando, y entonces nos lleva a un aspecto educacional donde evidentemente tienen que entrar otras instancias.

”Cuando llega un crimen de odio del tipo que sea –ya sea contra un hombre gay, una chica lesbiana, una mujer, como puede ser feminicidio–, ya todas las demás instancias fallaron. Tenemos toda una serie de instancias fallidas en su misión y su objeto legal que permite que sucedan las cosas. Reparar el daño cuando ya alguien está muerto es una ficción legal, ya no hay resucitación. El hecho de reparar el daño económicamente con 300 mil pesos es no valorar la vida y tener un sentido utilitarista del derecho. Yo te puedo dar dinero y permito que sigan pasando las cosas en lugar de que ese dinero sea utilizado en un presupuesto público etiquetado y dirigido al cambio comportamental, socialmente hablando, para la erradicación y eliminación del odio social.

”Otra cuestión es que se dificulta mucho, en el trabajo ministerial, la persecución de los delitos porque las familias no participan, porque hay silencios de complicidad con la homofobia, con las redes criminales, como en muchos casos parece asomarse en los casos que también pudieran estar participando. El crimen organizado sigue haciendo ese daño, el miedo y la corrupción y complicidades con las instituciones de procuración de justicia, que resultan en un análisis muy sesgado de las razones por las cuales se están cometiendo los crímenes de odio.

”Es una de las consignas de una agenda ciudadana el hecho de procurar una política pública adecuada al tratamiento de la prevención. No podemos hacer prevención si tenemos un análisis sesgado de poquitos casos que no nos asoman el desde dónde están ocurriendo los crímenes, que nos siguen dando falsos positivos, que nos siguen cayendo en mitos teóricos, seguimos creyendo que todo puede ser una razón de género y probablemente la homofobia en sí misma tenga sus propias razones y no lo estemos alcanzando. El contexto latinoamericano va mucho más allá de lo que los análisis norteamericanos nos puedan brindar respecto del tratamiento del odio y la diversidad sexual, y eso es algo que va a hacer mucho más lento el tratamiento de esos casos.

”Incluso ni los feminicidios se complican tanto, nos parece que ya a la hora de hacer el mapeo de condiciones para el abordaje de este tipo de delitos, es cuando, además aunado a cuestiones de pobreza, a los juicios de valor tanto de las instituciones como del núcleo social de la víctima del delito, se hacen mucho más espesos los campos».

Lado B: Me decías que cuando ocurre un crimen de odio es porque ya muchas instancias han fallado, aquí, en el caso de Puebla, ¿cuáles serían las instancias que han fallado y cuál sería la exigencia con ellas?

Marco Antonio Moreno: La Secretaría de Seguridad Pública ha estado totalmente ausente de esta fibra sensible del homicidio, y no sólo hablo de los crímenes de odio o los homicidios contra la población LGBT, hablo de los feminicidios, de las lesiones, de violaciones sexuales, todos estos previos a que finalmente se desate el homicidio por la razón que sea. Tenemos una secretaría en este sexenio que no se sienta en las mesas, que no se acerca, que no se articula con el resto del gabinete, que no está cercano al tema de las mujeres, que está mucho más lejano a las organizaciones de la sociedad civil, que sólo se entiende con la procuraduría para cuestiones técnicas que se tengan que emprender, que sólo acude a los llamados verticales y, entonces, me parece que siendo quienes tienen que trazar la política pública para la seguridad ciudadana, están muy lejos de saber atender en todas sus dimensiones el concepto “seguridad”. En el nombre de la secretaría tenemos una gran mentira. Es lo que nos ha demostrado este sexenio.

”La segunda es que alguien que debe articular esto, en la omisión de algunas secretarías, es la Secretaria General de Gobierno, misma que ha cambiado de titulares constantemente, que, ante la crisis de derechos humanos en la entidad, priorizan, lo cual es una perspectiva malísima pues ningún derecho es más valioso que otro. Es pésimo verlo de esa manera, y que responden a la lógica partidista electoral y de la pretensión de un gobernante, lo cual hace mucho daño y obstaculiza cualquier intento de acercar una necesidad, hacerla visible, hacerla sensible, tratable.

”Y nos parece que hay otra secretaría que ha estado ausente y ha sufrido los efectos de este odio, quizá no en el homicidio pero sí en el acoso escolar, que es la Secretaría de Educación Pública, que tampoco se suma a los esfuerzos, que tampoco está dispuesta a ser un antecedente del inicio de un cambio educacional en los espacios formales, sensibilizando sobre la violencia social, atendiendo las cuestiones de discriminación en sus programas y sus espacios. Esas tres han sido muy omisas.

”Otra cuestión que nos ha llevado a esto es la perspectiva de lo que es ser mujer en el estado de Puebla y en el país. Las casos de las mujeres trans asesinadas no están siendo atendidos por el Instituto Poblano de la Mujer. Siguen teniendo esta perspectiva biologicista, seguimos teniendo esta validación desde la deferencia genital, y entonces si tenemos este tipo de problemáticas que tienen su raíz, el tratamiento se vuelve sesgado, ciego, y en el abordaje se genera discriminación. Si tenemos este caso de transfobia, ya no hablamos de discriminaciones por género, de la misma manera en la diversidad sexual. Sí tenemos una nota bien específica cuando estamos con personas transgénero y transexuales y que muchas veces es validada por algunas voces de la sociedad civil, en muchas acciones de plantear agendas políticas que no incluyan a las mujeres trans como tales, de intentar reuniones específicamente con mujeres “biológicas”, que es un pésimo término que se sigue usando.

”Esta validación permite a las instituciones pretextar: «pues así lo están pidiendo ustedes». Eso nos preocupa mucho porque también asoma que hay una falta de profesionalización de las organizaciones que a veces puede llegar a generar daños sin que sea intencional pero sí por omisión.

Lado B: El primer caso que se conoció en el año fue el de Anahí, y hay versiones de que está ligado con otro crimen de odio en 2013. También se decía que ellas eran trabajadoras sexuales. ¿Crees que el hecho de que el trabajo sexual esté invisibilizado esté influyendo en estos crímenes?

Marco Antonio Moreno: Sí, claro. El clima de discriminación que sufren las mujeres transexuales en específico hace que los espacios laborales se vean reducidos y muchas veces se vean orilladas a ejercer el trabajo sexual o lo ejercen por gusto. En cualquiera de los dos caso existe no sólo la invisibilización sino la criminalización de la conducta. Si bien no está en el derecho penal todavía, aunque la nueva ley de trata sí hace un artilugio de diseño para incluir cualquier tipo de prostitución, finalmente sí está sancionada en los códigos reglamentarios municipales.

”Es una falta administrativa que tiene una persecución policial. Si bien no es un delito, hay una privación de la libertad de 36 horas y hay sanciones económicas. No escapa ni el patrimonio ni la libertad de las personas, igual que en el derecho penal, a la sanción del imperio del Estado, y eso va contrario a la lógica de los derechos humanos. La ONU y la Organización Internacional del Trabajo han hecho expresiones para recomendar la no criminalizacion del trabajo sexual.

”Un ejemplo evidentemente progresista y de buena emulación de las plataformas internacionales es el Distrito Federal que ya tiene políticas públicas al respecto desde la Secretaría del Trabajo, credencializando a las y los trabajadores sexuales, lo cual permite que la lógica de la seguridad cambie. Es decir, ya no las persigue la policía por cometer una falta administrativa, ahora la policía debe garantizar su seguridad porque es un trabajo reconocido y el espacio laboral debe contar con seguridad.

”Eso genera una dinámica social que no cobra vidas tan fácilmente. No digo que no las va a cobrar, es solamente un elemento que aporta a este submundo al que le falta luz pública, luz institucional.

Lado B: En 2013 se contaron los casos de crímenes de odio y fueron nueve. El año pasado (2014) hubo sólo uno. Este año ya hay tres. ¿Cómo entendemos este repunte?

Marco Antonio Moreno: Es la lógica mediática porque nosotros hacemos un registro hemerográfico. Ahorita estamos intentando con la PGJ obtener datos más cercanos de parte de la institución, ya se hizo después de la muerte de Agnes Torres. Sí hemos tenido un eco y un rebote de información que sí nos permitió saber, primero, que los casos que habían documentado los medios de comunicación sí existían y algunos ya se habían sentenciado y otros se habían consignado, y que no fue la procuraduría, sino el Poder Judicial, al cual también hay que involucrar en este fenómenos. Otros casos se habían quedado en carpetazo y en otros la procuraduría sí nos demostró la dificultad de su investigación. Uno de ellos fue el caso de Bárbara (Lezama), donde la complicidad del lenocinio, la complicidad del clientelismo por esta noción de ser ilícito, es lo que provoca miedo en los sujetos que puedan actuar en un proceso que pueda derivar en la sanción del delito.