Agnes Torres fue la impulsora de un proyecto de reforma al Código Civil que permitiría a personas trans modificar su acta de nacimiento para que haya concordancia sexogenérica, y puedan tener una identidad legal que las libre del estigma de ser indocumentadas en su propio país. Un proyecto que ni al Estado ni al Congreso interesa

Mely Arellano

@melyarel

Le pusieron Marco Aurelio “como el emperador romano”, pero a él nunca le gustó llamarse así. Cuando viste “de niño” su madre aún se puede dar el gusto de llamarlo como el último buen emperador, pero cuando viste “de niña” su familia entera le dice Dallana, el nombre que más lo define, el que eligió.

Habla de sí mismo de pronto en masculino, de pronto en femenino. Si cuenta algo que pasó cuando estaba “vestida”, es ella. Si es algo de su trabajo, es él. Y él es instructor de aeróbics, zumba y spinning, estudió la licenciatura en Educación Física y está considerando dejar de ser él para ser definitivamente ella.

Pero no está seguro porque, de ser así, Dallana no tendría lo que tiene Marco Aurelio: una identidad legal, una identificación oficial, un título profesional…

Así le pasó a Agnes Torres Hernández.

Cuando entró a la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana era Abraham, cuando egresó ya era Agnes, pero “oficialmente” Abraham era quien había ido a las clases y había pasado las materias con excelentes calificaciones. Y, como a una desconocida, le negaron el título universitario. Agnes fue, desde entonces, una indocumentada en su propio país.

Impulsada por la negación de un derecho, el derecho a la identidad legal, comenzó a trabajar en un proyecto de reforma al Código Civil que permita a las personas transgénero y transexuales tener la concordancia sexogenérica en sus documentos oficiales.

Para redactar el proyecto, conocido como “Ley Agnes” aunque en realidad no se propone una nueva ley sino una serie de modificaciones a los artículos 831, 925, 930, 932, 934, 935 del Código Civil del Estado, contó con el apoyo del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odsyr) y comenzó a ser cabildeado por ella misma con algunos diputados locales para que fuera llevada al pleno del Congreso con la esperanza de que fuera aprobada.

Pero la muerte le llegó antes. El 9 de marzo fue asesinada. Y, hasta la fecha, la Universidad Veracruzana se niega a entregar el título universitario a su familia.

El proyecto nunca fue presentado ante el pleno del Congreso. No hubo a quien le interesara. La presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Zenorina González, ni siquiera quiere hablar de ello.

La “Ley Agnes”

Para hacer la propuesta se tomó como ejemplo el código civil del DF, que sí permite la modificación al acta de nacimiento para que haya concordancia sexogenérica y así cambiar también todos los demás documentos oficiales: credencial para votar, cédula profesional, títulos, licencia.

—La idea es que el procedimiento en Puebla sea menos engorroso, porque el problema en el DF sigue siendo el acceso al juicio, ya que lo tiene que pagar la persona que busca el cambio en sus documentos. La gente que no tenga dinero para poder llevar a cabo el juicio se ve limitada en el acceso al derecho  –explica Brahim Zamora, integrante del Odsyr.

La iniciativa considera que identidad de género es “la convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino y es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original”, y que “la reasignación para la concordancia sexogenérica es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir total o parcialmente entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido su proceso y que tendrá como consecuencia mediante resolución judicial una identidad jurídica de hombre o mujer según corresponda”.

“Se entenderá por expresión de rol de género –continúa el documento- el conjunto de manifestaciones relacionadas con la vestimenta, la expresión corporal o verbal y el comportamiento y los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad a la reasignación para la concordancia sexogenérica no se modifican ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona”.

—Ya existe la posibilidad del juicio de cambio de nombre. Eso existe desde hace mucho tiempo –dice Brahim Zamora-, pero no existe la posibilidad de cambiar el sexo, el género de las personas.

Las reformas propuestas en la “Ley Agnes”, en un somero resumen, plantean:

Que se reconozca que la rectificación del acta de nacimiento procede (también) por la reasignación para la concordancia sexogenérica,

Que los requisitos para que proceda la rectificación son: ser mayor de edad y en caso de ser menor de edad hacerlo a través de quien detente la patria potestad, presentar un dictamen expedido por un profesional de la conducta o un sexólogo, que expida un diagnóstico que corrobore que la persona se encuentra sujeto al proceso de reasignación de la concordancia sexogenérica con un mínimo de cinco meses; el perito debe contar con conocimientos especializados en género y deberá ser el profesional a cargo del tratamiento del solicitante, o en su defecto solicitar testigos o documentos que avalen que la persona ha vivido bajo el sexo solicitado como mínimo un año;  además manifestar el nombre completo y sexo original de la persona promovente y el nombre sin apellidos y en su caso el sexo solicitado,

Que se realice el juicio correspondiente.

Brahim Zamora

—Desde mi punto de vista, no es generar un derecho especial, es simple y sencillamente una reforma al Código Civil para permitir a las personas trans tener una documentación acorde con su nombre y con su género asignados, lo cual les quitaría este estigma de ser indocumentadas en su propio país. A final de cuentas cuando tu identidad de género no es la que corresponde con tus documentos oficiales hay una limitante de derechos. ¿Por qué el estado tendría que decir cuál es mi nombre y cuál es mi género? Y no es una reforma que implique negarle derechos a nadie, al contrario, agrega a las personas trans al marco jurídico, garantiza derechos y no afecta a segundos, ni a terceros, ni a nadie.

—Brahim, ¿qué pasa después de que muere Agnes?

—Nosotros (en el Odsyr) tenemos la iniciativa, hemos hecho algunas modificaciones, sobre todo a la exposición de motivos para fortalecer lo que ella había trabajado. No sabemos si los diputados a quienes se las había presentado tienen realmente interés en continuar con este trabajo. Esperamos presentarla pronto ante el Congreso y ver qué hacen con ella, con esta modificación al código. Es una reforma, no es una ley nueva, no es una reforma constitucional, no es nada que con una mayoría simple no se pueda aprobar.

Desde el 2008 el Distrito Federal aprobó modificaciones al Código de Procedimientos Civiles que permite a las personas trans obtener una personalidad jurídica acorde a su identidad sexogenérica. Sin embargo el proceso es complejo y costoso. Hasta junio del 2012 había 133 casos terminados, 90 de ellos a través de abogados particulares, lo que significa un costo de hasta 40 mil pesos.

—Son un montón de cosas, no es nada más que se haga la reforma –explica Brahim Zamora-, sino cómo las personas trans van a tener un acceso real a ese derecho. Tendría que ser accesible en cuanto al costo. Además, el estado tendría que proveer de expertos en salud mental que puedan acompañar esos procesos. Porque si no tenemos a una población trans que quiere tener acceso a un derecho y a un estado débil que no tiene la posibilidad de dárselo, aunque esté en el papel. No basta con ello. Se tiene que incidir en el Poder Ejecutivo, no sólo en el Legislativo, se tendría que incluir en el presupuesto de salud pública el tema de la salud mental de las personas trans.

—¿Ves una posibilida real?

—Yo lo veo mucho más fácil ahí que en lo legislativo, creo que es mucho más fácil encontrar gente sensible, fortalecida en el tema de la diversidad sexual, con una visión progresista de derechos humanos en el Poder Ejecutivo, en los Servicios de Salud del estado, que pudieran promover la formación de profesionales de la salud, o incluso desde las facultades, que el Poder Legislativo. Al Legislativo lo veo absolutamente insensible, desapegado del tema, no le interesa. No han tenido interés en hacer incidencia sobre esto y llevan una agenda muy alejada de los ciudadanos. Tal vez si al Ejecutivo le interesara, el Legislativo mostraría algún interés, como se ha demostrado a lo largo de esta Legislatura.