Roberto Alonso*

Una cosa tuvieron en común Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera Pérez al rendir su segundo informe de labores. Tanto uno como otro guardaron silencio sobre un proyecto ejecutado por el gobierno del estado en pleno Centro Histórico de la capital. El 15 de enero, el gobernador no hizo mención alguna del teleférico, suspendido parcial y temporalmente días antes de su informe por orden del Juzgado Cuarto de Distrito. Casi un mes después, el alcalde hizo mutis de igual modo, como si la obra -por demás visible- no existiera.

En público, ante los invitados a la sesión del cabildo en la que expuso las actividades realizadas en el segundo año de su gestión, Rivera Pérez prefirió omitir el tema. No así en privado. En una entrevista para e-consulta, el presidente municipal reconoció que el ayuntamiento pudo haber hecho más. En consecuencia, también es responsable de la destrucción de la Casa del Torno, inmueble histórico del siglo XVII ubicado en el Barrio del Artista.

De acuerdo con el alcalde, cuando fue derribada la Casa del Torno en noviembre de 2012 el proyecto del teleférico contaba con un permiso que permitía su intervención, no obstante, ésta debía ser limitada y no suponía una demolición como la que tuvo lugar. Es cierto que la protección del patrimonio edificado es responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero el gobierno municipal pudo haber tomado las medidas a su alcance y se cruzó de brazos.

¿Es suficiente como justificación el hecho de que en la capital se llevan a cabo muchos proyectos de obra pública? “El alcalde no puede estar directamente en todas las obras”, declaró la víspera de su informe Rivera Pérez, quien despacha a seis calles del Barrio del Artista, donde se atentó contra un inmueble incluido en el Catálogo Nacional de Monumentos.

Más allá de esta débil posición del ayuntamiento frente a un proyecto del gobierno estatal, impulsado en el marco del Tianguis Turístico del que será sede Puebla en el mes de marzo, llama la atención la serie de contradicciones y el terreno espinoso por el que transita la administración morenovallista cada vez que se pronuncia frente a esta obra.

Si bien se trata de un proyecto a cargo de la Secretaría de Transportes, encabezada por Bernardo Huerta Couttolenc, fue el titular de la Secretaría de Infraestructura, Antonio Gali Fayad, quien aprovechó los reflectores de esta obra para promocionar su imagen y el compromiso del gobernador con la modernización de la ciudad de Puebla.

A finales de octubre, fecha en que empezó la cimentación del teleférico, Gali Fayad manifestó que tenían el tiempo en contra para estrenarlo antes de la inauguración del Tianguis Turístico. Todavía en enero, después del informe del gobernador, el también aspirante a la alcaldía de la capital destacó que pese a la suspensión entonces temporal, las obras se retomarían en cuestión de días.

Sin embargo, apenas entró en complicaciones la construcción, Gali Fayad se separó de la discusión, a tal grado que tomó distancia por completo durante su comparecencia en el Congreso el pasado 7 de febrero. En dicha interlocución parlamentaria, aseguró que el gobierno del estado ha mostrado los permisos firmados por cada uno de los delegados y que la dependencia responsable es la Secretaría de Transportes. Lo extraño es que aunque, un día después, Huerta Couttolenc aseveró en su comparecencia que tiene bajo su poder el permiso del INAH para demoler una parte de la Casa del Torno, el mismo INAH documentó con fecha del 28 de diciembre de 2012 que no había autorizado la ejecución del proyecto del teleférico.

Otro elemento que salta a la vista es que en su comparecencia en el Congreso, Huerta Couttolenc afirmó que la Secretaría de Transportes no ha hecho públicos los permisos del INAH “porque nadie los ha pedido”, siendo que desde principios de enero se solicitó esta información vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. La respuesta a esta solicitud, con fecha del 5 de febrero de 2013, fue muy clara: la información se encuentra reservada. Más aún. El acuerdo de reserva está fechado el 2 de enero de 2013, días antes de que se hiciera la solicitud.

¿Acaso la destrucción de un edificio histórico catalogado sin permiso no es un delito? ¿Alguien dijo: “nadie por encima de la ley”?

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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