Roberto Alonso*

Las campañas son ocasión privilegiada para tomar registro del sentir de buena parte de la sociedad. Bajo la forma de peticiones o exigencias, los candidatos a puestos de representación popular viven durante este período una oportunidad dorada para distinguir necesidades que más tarde podrán mediar en un programa de gobierno o una agenda legislativa. Sin embargo, tanto uno como otra suelen estar prefigurados, en buena medida, por las plataformas electorales.

Registradas ante la autoridad electoral, las plataformas son declaraciones que los partidos políticos hacen a propósito de la realidad en la que desean intervenir una vez obtenido el voto mayoritario. Contienen, en su mayoría, una batería de proposiciones relativas a los problemas públicos que pretenden atender con la finalidad de generar bienestar común o valor público, razón por la que su conocimiento supone una tarea de primer orden.

Más allá de la influencia que puedan tener los temas posicionados por la sociedad organizada, siempre o acaso más importantes, las plataformas electorales revelan los ejes y las variables con los que los partidos políticos entienden su entorno, así como el lugar desde el cual lo observan y los planteamientos que se desprenden de la lectura hecha. En ellas se encuentran y se omiten las propuestas que se promoverán o no en los años para los que fueron trazadas.

No es menor, por tanto, lo que incluyen las plataformas de los partidos políticos y las coaliciones que participan en el actual proceso electoral respecto a una asignatura apremiante y en la que ha colocado la mira el movimiento #YoSoy132: la democratización de los medios de comunicación.

Pero qué es lo que abraza la expresión “democratización de los medios”. Las acepciones pueden ser diversas y no faltan quienes se exceden en su interpretación con comparativos abusivos. No obstante, tengo para mí que el enunciado sintetiza, en un primer nivel, una aspiración legítima de romper con la concentración mediática que existe en el sector de la radiodifusión -principalmente en la televisión abierta-, fortalecer a los medios públicos como contrapesos en el panorama comunicacional, y reconocer legalmente a los medios comunitarios e indígenas.

En un segundo nivel, el reclamo estaría relacionado con demandas que se reivindican frente a fenómenos que derivan de la concentración mediática, por ejemplo, expectativas alrededor de los beneficios que la transición digital podría tener como corolario en términos de pluralismo y competencia, la transparencia de los recursos públicos que reciben los medios de comunicación por concepto de publicidad oficial, la creación de una autoridad independiente y autónoma como ente regulador, y la introducción de mecanismos efectivos para el respeto y el ejercicio de los derechos de las audiencias.

Sobre estos planos las plataformas electorales del PAN, de Compromiso por México (PRI y PVEM), de Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) y de Nueva Alianza son limitadas y cuentan con serias ausencias. Un análisis del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) muestra que existen graves asimetrías entre los cuatro documentos prescriptivos ante el estado actual de cosas que impera en el sector de la radio y la televisión.

Con base en una asignación de valor a las recomendaciones que el informe “Los medios digitales: México” formula en relación con la necesaria reforma al marco jurídico que regula a los medios de comunicación, la coalición Movimiento Progresista obtuvo 6.25 puntos, seguida por el PAN con una nota de 2.5. La coalición Compromiso por México alcanzó 1.25 puntos, mientras que Nueva Alianza registró una calificación de 0. La escala, de 0 a 10, es resultado de atribuirle a cada una de las ocho recomendaciones un valor de 1.25 puntos.

El informe, elaborado por los investigadores mexicanos Rodrigo Gómez y Gabriel Sosa-Plata a petición de Open Society Foundations -iniciativa fundada por el filántropo George Soros-, plantea como recomendaciones: reformar la ley de medios para garantizar la diversidad de la oferta mediática; permitir la adquisición, operación y administración de medios de comunicación por parte de comunidades indígenas y actores sociales; adopción de iniciativas de acceso para los ciudadanos en materia de cambio digital; y restricciones a la concentración.

Asimismo: transparencia, equidad y diversidad en el otorgamiento de concesiones y permisos; inclusión de la sociedad civil en el diseño y evaluación de políticas públicas; fortalecer al órgano regulador con plena autonomía y facultad sancionatoria; y reformar la radiodifusión pública. El análisis “¿Qué dicen las plataformas electorales sobre la democratización de los medios de comunicación?” está disponible en el sitio web del Capítulo Puebla de la AMEDI: amedipuebla.wordpress.com.

En la ruta de rechazo a la manipulación informativa, una escala obligada es la consulta de la fuente original, en este caso las plataformas electorales. No sea que la decisión de los próximos representantes populares se haga por fidelidad ciega o simpatía peregrina, soslayando las agendas, promesas y lagunas con las que los partidos políticos llegaron a la elección.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

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