Roberto Alonso*

Cuando el 6 de abril de 2011 se colocó la primera piedra de Actívate por Puebla afuera de las instalaciones del Congreso local, el compromiso con una nueva ley de transparencia  se antojaba no sólo viable sino propicio para un estilo de gobierno novedoso. Meses después, aunque el compromiso de parte de los diputados de la LVIII Legislatura se tradujo en una prioridad legislativa, el tema se quedó en el discurso y pese a declaraciones que advertían la posibilidad de que el segundo período de sesiones del primer año sería el indicado, éste concluyó sin que se presentara la esperada iniciativa.

A casi 10 meses de distancia, la piedra que durante 36 semanas simbolizó un obstáculo ocupará un nuevo lugar, uno en el que ahora contará y será símbolo de una historia: la de un logro ciudadano alcanzado con tesón, presiones, sensibilidad, esfuerzos, advertencias, señalamientos, comprensión, profesionalismo, astucia y compromiso. Una historia que, si bien no ha llegado a su fin, costó «sangre, sudor y lágrimas«, como lo refirió metafóricamente la diputada Josefina Buxadé al presentar la iniciativa en tribuna.

Y el logro no se reduce sólo al pendiente que representaba la piedra de más de cinco toneladas. Va más allá. Como lo ha anunciado el gobernador, la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2012 será reformada a fin de no bloquear el acceso a la información relativa al gasto público mediante los candados puestos en el anterior sexenio y que erróneamente fueron mantenidos por la actual administración.

La nueva ley de transparencia, como lo destacó Actívate por Puebla, tiene muchas bondades e incluye la mayoría de los planteamientos formulados por esta red y entregados al Congreso local al momento de depositar la piedra que le recordó a los diputados, y a la sociedad, la necesidad de cambiar el marco jurídico en la materia. Es apenas un piso base para aspirar a que el nuevo gobierno, y los que le sigan, se desempeñen cerrándole las puertas a la opacidad y fortaleciendo así mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Ubicada ya entre las mejores leyes de transparencia del país, en la cuarta posición según los resultados de 2010 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), la nueva ley poblana adolece aún de la prohibición de los secretos bancario y fiduciario para el caso de fideicomisos que operan con recursos públicos, y carece de una referencia explícita a las pruebas de daño y de interés público.

Tal vez lo más delicado y como también lo han apuntado Fundar y Artículo 19, es que en esta nueva legislación se mantiene la obligación de ratificar el recurso de revisión, e incluso cumplir con este requisito innecesario y burocrático de manera personal, lo que es contrario a la fracción IV del artículo sexto constitucional.

Por desgracia, a los legisladores les faltó apertura para entender que este trámite entorpece el acceso a la información pública; pero cierto es también que en su integralidad, se trata de una buena ley que recupera mejores prácticas para la regulación de este derecho. Esta evaluación global fue la que prevaleció a la hora de decidir el retiro del monolito que lejos está de ser una «piedra del ridículo» y más cerca está de representar una historia de éxito entre gobierno y sociedad organizada.

Indudablemente y sin empacho, falta mucho para que en Puebla la transparencia deje de ser un contenido del derecho de acceso a la información y se convierta en una política orientada a mejorar la gestión pública e impedirle el paso a la corrupción, no obstante, el avance conseguido es crucial y estimulante. Tiene razón Salvador Camarena al afirmar que de la manera en como el gobierno de Rafael Moreno Valle resuelva el candado a la transparencia en la Ley de Ingresos vigente, depende si de verdad se le quiere decir adiós a la prehistoria en el estado.

Que aquí no acabe y así siga siendo, pues de eso depende que el cambio no sea sólo de forma, siempre importante, sino de fondo.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla.

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