• Celebra Amedi la solicitud para que se inicie la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ingresos

• El diputado del PRI, José Luis Márquez justifica la decisión del Congreso al aprobar dicha legislación pese al rechazo de especialistas y ciudadanos

Ernesto Aroche Aguilar / Joseline Santos Enríquez

@earoche / @joss_santos

Tras la crítica del Instituto Federal de Acción a la Información (IFAI) y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), el gobierno de Puebla rechazó que la Ley de Ingresos del estado sea un candado al acceso a la información.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) celebró la petición de estos dos organismos para que se inicie una acción de inconstitucionalidad.

Y aunque la solicitud formal a la Procuraduría General de la República (PGR) para que iniciara el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se entregó la tarde del martes, al cierre de la edición aún no se informaba si ésta había procedido.

De acuerdo con el documento, del que Lado B tiene copia, el problema se centra en los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos que obligan a los ciudadanos interesados en conocer el manejo de los recursos públicos a pagar 80 pesos por cada copia e identificarse presentando la CURP para poder recibir dicha información, situación que viola los artículos 6 de la Carta Magna y 12 de la Constitución del estado.

Por ello, el IFAI aseguró en un comunicado que las mencionadas reformas quebrantan las disposiciones constitucionales “que establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos”.

Al respecto el gobierno morenovallista rechazó la acusación afirmando que la información de carácter fiscal se encuentra al alcance de cualquier ciudadano a través de la página de transparencia.

Foto: Rodolfo Pérez

“En Puebla el acceso a la información gubernamental del gasto público y la recaudación fiscal es pública y gratuita como se puede comprobar al consultar la página de internet del Gobierno del Estado”.

“Aquí se pueden encontrar los ingresos detallados por tipo de impuesto; los provenientes de derechos y productos por secretaría; los derivados de multas y recargos; las participaciones obtenidas por cada uno de sus fondos; los incentivos económicos a los que se hace acreedora la hacienda pública estatal; los recursos de aportaciones federales y por convenios”.

Aunque en su comunicado reconoció que los interesados en tener acceso a los documentos que prueban el manejo de los recursos públicos solo se entregarán en copia certificada, lo que obliga al pago de los 80 pesos por folio.

“En caso de que el ciudadano requiera documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, deberá pagar por las copias certificadas correspondientes, cuyo costo es equivalente a los recursos humanos, materiales y servicios que se canalizan para procesar dicha solicitud y así garantizar que son copia fiel de los documentos originales, por ejemplo, del documento que comprueba la distribución de participaciones a municipios”.

Ya lo habíamos alertado: Amedi

Por su parte la presidenta de la Amedi, Lilia Velez Iglesias, recordó que a finales de noviembre pasado la organización pidió a los diputados eliminar el candado que incluía la iniciativa de ley enviada por el gobernador del estado.

“El 23 de noviembre de 2011, el Capítulo Puebla de la AMEDI hizo un llamado a la LVIII Legislatura a legislar en pro de la transparencia y modificar la iniciativa de Ley de Ingresos 2012, sin embargo, esta petición no fue escuchada”.

La especialista celebró que el IFAI y la COMAIP hayan hecho suyo ese reclamo al presentar la solicitud a la PGR y a la CNDH para que presenten la acción de inconstitucionalidad.

“El Capítulo Puebla de la AMEDI espera que la CNDH y la PGR promuevan el recurso de control constitucional que prevé la Carta Magna para evitar que una legislación como la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2012 atente contra el derecho de acceso a la información”.

Justifica Márquez decisión del Congreso

El presidente del Congreso local, José Luis Márquez Martínez, minimizó la opinión del IFAI así como la acción de inconstitucionalidad que solicitó la COMAIP.

Para el priista, el Legislativo no ha sufrido un revés pues aunque dijo respetar el análisis realizado por el IFAI, justificó el trabajo de los diputados bajo la premisa de que, en algunos casos, la información pública es utilizada para “desacreditar el trabajo de los diferentes niveles de gobierno”.

“Sí (hubo un error), pero el sentir de la mayoría de todos los diputados no es que se esté negando la información, sino que las copias que obtengan de información sean certificadas, con la finalidad de que no sean duplicadas o manipuladas, como ha sucedido en muchas otras”.

Puntualizando lo anterior, anotó que el uso de la herramienta sigue siendo gratuito, aunque en realidad la Ley de Ingresos establece que “la información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo pago de los derechos correspondientes, que asciende a 80 pesos por cada hoja”.

Reconoció que el costo de las copias certificadas podría considerarse excesivo en comparación con otras entidades del país; sin embargo comentó que el sector que utiliza la herramienta es reducido, por tanto es factible cubrir 80 pesos por copia certificada.

Así, Márquez Martínez aseguró que sus correligionarios tienen disposición de revisar el tema y corregirlo, aunque para ello deberán esperar que la acción de inconstitucionalidad les sea presentada, posterior a esto también será necesario atender la opinión que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Es un llamado de atención, reconoce Doger

Mientras tanto, el diputado priista, Enrique Doger Guerrero, recordó que fue uno de los pocos que criticó el costo de las copias certificadas, e incluso propuso equiparar la cantidad con la de otras entidades federativas. En el mismo sentido su compañero del partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), José Juan Espinosa Torres, solicitó reducir el costo de cada copia de 80 a 17 pesos.

Para Doger Guerrero tampoco es un revés, pero sí un llamado de atención para que el Congreso legisle de manera puntual.

“Yo lo planteé en tribuna, pero más que un revés es un señalamiento, como toda ley, toda ley es perfectible y como las elaboramos humanos, por supuesto que se puede modificar, puede mejorarse, no hay leyes inmutables”.

Entrevistada por el portal e-consulta, la presidenta de la comisión de Transparencia del Congreso, Josefina Buxadé, calificó de “delicado que se obligue a pagar 80 pesos por toda la información en la que conste gasto público”.

Además, indicó que para ella otro tema que también tendría que ver con una posible inconstitucionalidad podría ser la exigencia de presentar una identificación oficial para que las autoridades entreguen la información solicitada.

“La otra cuestión es que para solicitar esa información se tenga que presentar una identificación oficial como lo es la CURP, eso es lo delicado y podría ser inconstitucional”.