Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Puebla. La Secretaría de Infraestructura no proyecta la construcción de un nuevo Centro de Readaptación Social (Cereso), ni la ampliación del penal de San Miguel, aseguró el titular de la dependencia, Antonio Gali Fayad, quien le corrigió la plana al gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, quien hace una semana anunció el proyecto.

La sobrepoblación de los penales en la entidad se evidenció tras la fuga de 11 reos de alta peligrosidad del Cereso de San Pedro Cholula ocurrida el fin de semana pasado; de inmediato, el mandatario estatal, se comprometió a edificar un inmueble de mínima a mediana seguridad.

El propósito –dijo- sería la separación de presos recluidos por delitos menores de aquellos que hayan cometido faltas graves.

Otro factor adicional sería que el nuevo inmueble reduciría la sobrepoblación de los 22 penales de la entidad.

La licitación para la edificación sería publicada por la Secretaría de Infraestructura (SI) para que los trabajos dieran inicio en 2012; en tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) se encargaría de catalogar a la población recluida, a fin de que los presos peligrosos permanecieran bajo resguardo del estado.

Contrario a ello, el titular de la SI, Antonio Gali, reconoció que el único proyecto relacionado con penales es la rehabilitación de los 9 juzgados aledaños al Cereso de San Miguel, cuyos expedientes fueron trasladados al edificio del Poder Judicial, ubicado en la 10 oriente 414, donde labora el personal desde hace más de un año.

Cabe recordar que el inmueble presenta fallas estructurales, por ende la gestión del entonces secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier García Ramírez planeó la reparación que fue valuada en más de 106 millones de pesos.

La conclusión de la obra estaba proyectada para los últimos días de la administración marinista, pero la meta no fue alcanzada.

Y es que el actual secretario de Infraestructura detalló que antes de rehabilitar el inmueble es necesario dictaminar el estado del mismo, partiendo de ello los trabajos pueden iniciar.

De este modo, Gali Fayad precisó que para 2012 sólo tienen planeado el proyecto antes mencionado y no la construcción de un penal, incluso indicó que las autoridades federales son las únicas competentes para ordenar y verificar la edificación de un nuevo reclusorio.

“No es una cuestión que podamos manejar en Infraestructura, se hace con la Secretaría de Seguridad Pública, inclusive nacional, precisamente con toda la discreción del caso, por lo mismo, para evitar problemas como el que se dio en San Pedro”.

Además de lo anterior, es oportuno señalar que la Ley de Egresos, recién aprobada por el Congreso local, no etiqueta ninguna partida para dicho proyecto, incluso la Secretaría de Seguridad Pública sólo tuvo un incremento poco significativo de 8 millones de pesos en comparación a lo ejercido este año. La partida adicional será para la contratación de mil elementos policiacos y equipamiento, según adelantó el titular de la dependencia, Ardelio Vargas Fosado.

El presupuesto para la Secretaría de Infraestructura se fijó en 4 mil 194 millones, pero en la citada ley tampoco se etiquetó una partida para la ampliación o edificación de reclusorios.