Por: Kennia Velázquez – POPLab

«Es que reportarlo es un problema. Significa que el bebé no se pueda ir con su mamá, que se quede en el hospital hasta que alguien pueda hacerse cargo, alguien que no use drogas. En esta zona hay muchos consumidores, entonces te echas encima al Cártel Jalisco Nueva Generación, tienes que hablarle al Ministerio Público, al DIF…» Así explica «Francisco», pediatra en León, por qué hay pocos registros de recién nacidos expuestos a alcohol o drogas que padecen síndrome de abstinencia. 

Esta situación no es exclusiva del centro de salud donde trabaja Francisco. Entre 2021 y junio de 2026, los hospitales públicos del país registraron 3,135 egresos de recién nacidos afectados por el consumo materno de drogas, según datos de la Secretaría de Salud. Sin embargo, persiste una grave carencia de información debido a la falta de un registro sistemático que detalle qué sustancia consumió la madre, cómo se detectó o cuál es la situación legal y de salud posterior del bebé.

A nivel nacional, la cifra anual se ha mantenido estable entre 2021 y 2025, mientras el porcentaje de personas que alguna vez ha consumido drogas ilegales creció 32% en los últimos 9 años, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT). 

Tampoco hay información de las madres antes y después del parto. Para especialistas, el estigma que cargan estas mujeres explica por qué ni los servicios de atención a las adicciones ni los programas específicos para ellas ofrecen una atención integral pensada en su situación. Muchas de estas mujeres no acuden a control prenatal por miedo a ser juzgadas o porque no tienen una red de apoyo, y suelen presentarse hasta que ya están en trabajo de parto.

En Jalisco y Baja California, las entidades que lideraban los registros de bebés con síndrome de abstinencia, la incidencia mostró una tendencia a la baja al pasar de representar cerca de seis de cada diez casos nacionales a poco más de un tercio. 

En contraste, Chihuahua y Guanajuato registraron un repunte significativo en el mismo periodo, al multiplicar sus cifras y pasar de concentrar una fracción mínima de los reportes en el país a representar cerca del 15% del total nacional.

El síndrome de abstinencia neonatal se da cuando al recién nacido se le interrumpe bruscamente el suministro de sustancias que recibió en el útero. Esto provoca irritabilidad extrema, temblores y llanto agudo, además de dificultades para conciliar el sueño o alimentarse, cuadros de vómito, diarrea y sudoración; en casos más críticos, puede provocar convulsiones. Esta reacción suele presentarse entre las 24 y 72 horas posteriores al parto, dependiendo de la periodicidad y el tipo de droga empleada por la madre.

Mientras que a nivel nacional las cifras de recién nacidos expuestos al consumo materno de alcohol y drogas no mostraron cambios significativos, en Guanajuato la Secretaría de Salud federal contabilizó 155 egresos hospitalarios por esta causa. Esto representa un incremento del 131% durante un lustro.

Por su parte, el estado cuenta con un registro propio que difiere de las cifras federales. En los hospitales de la Secretaría de Salud de Guanajuato se notificaron 301 casos en total: 98 recién nacidos registrados con la exposición como diagnóstico principal y 203 como padecimiento asociado, una cantidad que casi duplica la cifra reportada por el sistema federal para toda la entidad.

La mayoría de los casos se concentran en León, sobre todo en el Hospital de Especialidad Materno Infantil y, en segundo lugar, en el Hospital General. Celaya, Acámbaro, la capital del estado y Comonfort también destacan por el número de bebés reportados. En los registros hospitalarios, la exposición a sustancias en el recién nacido puede aparecer como diagnóstico principal —cuando es la causa directa del ingreso— o como comorbilidad, es decir, una condición asociada a otro motivo de hospitalización.

Irapuato, la segunda ciudad más poblada del estado, registra apenas una incidencia médica atendida en todo el periodo según los egresos hospitalarios, aunque en otras fuentes federales y estatales aparecen más casos.

Cuando se compartieron estos datos con médicos de distintos municipios, tanto los federales como los locales, todos coincidieron en algo: ambas cifras están por debajo de los casos que ven en los hospitales donde trabajan.

Ninguno de los médicos consultados para este reportaje autorizó que se publicara su nombre. Algunos, por temor a represalias de sus superiores; otros, por la presencia de cárteles —principalmente el Jalisco Nueva Generación— en las comunidades donde trabajan, así que prefirieron no arriesgarse.

«María», enfermera en un hospital comunitario, sostiene que «lamentablemente, no lo reportamos a veces por sobrecarga de trabajo en las unidades donde abundan los casos: en los hospitales generales y maternos de León, Irapuato, Celaya, San Luis de la Paz, etcétera».

Más allá del síndrome de abstinencia en recién nacidos, los expedientes también documentan 312 hospitalizaciones en el país de bebés de entre 17 días y 11 meses por cuadros asociados al consumo de benzodiacepinas, cannabis, psicoestimulantes y otras sustancias. En Guanajuato hay 22 casos, concentrados sobre todo en León e Irapuato.

«Pedro», pediatra en León, calcula que en el hospital público donde trabaja «por mes mínimo han de haber de 10 a 12 niños con síndrome de abstinencia». El municipio, sin embargo, reportó en seis años 52 casos como diagnóstico principal y 90 como comorbilidad, repartidos en cuatro hospitales.

Sin sustancia ni método de detección

En el sistema de salud mexicano no existe un registro específico de las sustancias involucradas. Para clasificar este tipo de nacimientos se utiliza el código internacional P04, relativo a «feto y recién nacido afectados por drogadicción materna» o «influencias nocivas de la madre», el cual no diferencia entre el consumo de cocaína, marihuana, metanfetamina u opioides. De este modo, en las estadísticas nacionales figura con la misma categoría tanto un bebé expuesto al cannabis como uno expuesto al cristal.

Asimismo, las principales instituciones del sistema de salud en México —como el ISSSTE, la Dirección General de Información en Salud y el IMSS— omiten el rastreo del método de detección, pues no cuentan con variables para registrar el consumo en embarazadas o la exposición neonatal.

La Secretaría de Salud de Guanajuato respondió que solo se solicitan estudios de laboratorio cuando las condiciones lo ameritan o hay sospecha fundada, y que la exposición se confirma con una prueba de antidopaje positiva. Algunos médicos en el estado, sin embargo, dijeron que rara vez se hacen esas pruebas, sencillamente porque no las hay.

La Secretaría de Salud de Guanajuato indicó que solo si hay sospecha fundada se realiza prueba de antidopaje. Imagen: Gobierno de la Gente.

De todas las fuentes consultadas para esta investigación, los expedientes de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de algunos municipios de Guanajuato son la única referencia que identifica las drogas detectadas. Aunque su mención es generalizada y no ocurre en la totalidad de los casos, entre las sustancias señaladas figuran la metanfetamina, el cristal, las anfetaminas, la marihuana y la cocaína.

La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Celaya explica que las canalizaciones hospitalarias no siempre vienen acompañadas de un estudio toxicológico a la madre, la intervención arranca con la información clínica, los antecedentes y las observaciones que remite el personal médico.

Falta de protocolos

“En realidad, yo no he visto un protocolo por escrito. Tenemos uno que, más bien, nosotros lo hemos llevado a cabo conforme va pasando el tiempo. Porque sí debe de haber alguno en el hospital, para toda esta parte administrativa, pero en realidad yo no lo conozco”, declaró Pedro, el pediatra, cuestionado sobre la existencia de un procedimiento para atender a los bebés recién nacidos con síndrome de abstinencia.

Debido a que la estadística hospitalaria únicamente consigna el diagnóstico con el que el bebé egresa, la Dirección General de Información en Salud no capta información sobre el seguimiento posterior ni sobre secuelas a largo plazo en los recién nacidos.

Según el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, una vez que se establece la exposición del recién nacido a las drogas, además de atender los temas de salud, se informa a Trabajo Social, que a su vez lo reporta al Sistema DIF estatal.

Según las autoridades estatales, el personal de Trabajo Social realiza una valoración sociofamiliar para identificar factores de riesgo, redes de apoyo, condiciones familiares y posibles situaciones de vulnerabilidad que pudieran afectar al recién nacido, y se siguen las recomendaciones para «dar continuidad al seguimiento integral del caso».

Pero la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato respondió que no ha atendido ningún caso en los últimos seis años, que no cuenta con un protocolo específico y que se apega a la reglamentación que va desde la Constitución mexicana hasta distintas leyes secundarias.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informa a trabajo social cuando detecta un bebé con síndrome de abstinencia, sin embargo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado dice no haber atendido ningún caso. Imagen: Gobierno de la Gente.

«Francisco», el pediatra en León, no estaba seguro de si las madres son enviadas a seis u ocho sesiones de terapia antes de reunirlas con sus bebés. Pero médicos y especialistas coincidieron en que eso es insuficiente para declarar superada una adicción, un proceso que toma más bien meses, incluso años.

POPLab solicitó a los 46 municipios de Guanajuato que informen sobre el número de bebés con medidas de protección, qué medidas se tomaron, cuánto duraron, si fueron reintegrados a sus familias y si existe un protocolo de asistencia y seguimiento.

Solo 13 municipios respondieron que sí habían acudido al llamado de los hospitales para brindar apoyo a 2,586 bebés entre 2020 y 2026.

El 97% de esos casos los reporta Celaya, aunque la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de esa ciudad admite que no cuenta con información sobre la edad de los bebés ni si el caso se debe al consumo de la madre. Le siguen León, San Luis de la Paz e Irapuato. Las disparidades en las cifras podrían indicar una diferencia en la forma de sistematizar la información, no por el número de casos.

No todos los municipios reportaron qué medidas de protección se tomaron; solo se informó que 13 bebés se entregaron a un familiar, 7 fueron puestos en acogimiento o resguardo institucional y en 3 casos se investigó la situación familiar.

De 79 bebés se sabe que fueron reintegrados a su familia; del resto, la autoridad dijo no tener el dato o simplemente no contestó. Los que quedaron en resguardo institucional permanecieron ahí entre 3 meses y 4 años.

San Luis de la Paz fue el único municipio que describió pasos concretos: visita domiciliaria, valoración de redes de apoyo, diagnóstico social y seguimiento periódico. El resto dijo no contar con un protocolo.

El Hospital Materno en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Fotografía: Juan José L. Plascencia.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, organización defensora de derechos de la niñez, sostiene que el consumo de sustancias no es un delito, y que, aunque suele tener una implicación directa en la salud, no debería ser justificación para separar al bebé de su familia.

«Si por alguna razón el consumo problemático de la madre o del padre es tan severo que no tienen condiciones para atenderlo dignamente, está la familia extensa hasta cuarto grado». 

El activista advierte que estos bebés corren un alto riesgo de perder su identidad: «hay un montón de violaciones a derechos humanos, porque muchos de estos niños, en las historias familiares, no están registrados por la madre, sino por la abuela o la tía». Señala, además, que en México existe un abuso de la institucionalización: no se busca al padre porque los sistemas DIF municipales no se esfuerzan por mantener al bebé en la red familiar, «o cuando ya es una decisión automática de separar por prejuicios de la presidenta del DIF o de los funcionarios que están al frente», especialmente cuando se trata de familias indígenas, consumidoras de sustancias, en situación de calle o migrantes.

Pérez García enfatiza que «la institucionalización debe ser el último recurso, por el menor tiempo posible y en espacios supervisados. En los hechos, entrar a un albergue es entrar a una caja negra, un limbo jurídico donde no sabes qué va a suceder. Pero sí sabemos qué sucede: violencia, abuso, aislamiento…»

Más bebés que mamás

«Claudia», ginecóloga en Guanajuato, recuerda el caso de una chica con adicciones embarazada de la que se desconocían las semanas de gestación: “Yo iba a valorarla una semana antes para hacerle ultrasonido, análisis y todo lo que se necesita. Pero cuando fueron a buscarla, ella vive en la calle, no quiso venir. Se le explicó todo lo que puede complicarse para ella y su bebé, pero no se le puede atender a la fuerza. Obviamente, cuando tenemos pacientes captadas con adicciones y embarazo, sí se hace toda una valoración integral y no se les suelta por nada del mundo, el detalle es poder captarlas. Es muy importante hacer un diagnóstico oportuno para detectar cualquier problema con el bebé».

También hay un vacío de información sobre las mujeres embarazadas que consumen sustancias, debido a la ausencia de un registro sistemático. Instituciones como la Dirección General de Información en Salud, el ISSSTE e IMSS no captan estos datos. Tampoco hay registros sobre posibles secuelas.

Pocas mujeres con consumo problemático de sustancias acuden a citas de control prenatal por miedo a ser estigmatizadas o por no contar con una red de apoyo. Imagen: Gobierno de la Gente.

A nivel nacional, las estadísticas de los últimos seis años solo contabilizan a 36 mujeres embarazadas o en puerperio diagnosticadas por consumo de sustancias. Destaca Baja California que no figura ningún registro femenino, a pesar de reportar 639 recién nacidos expuestos. Las edades de las pacientes oscilan entre los 14 y 40 años, concentrándose el 61% en menores de 20 años. 

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Paralelamente, la ENCODAT 2025 muestra que el consumo experimental en mujeres aumentó de 4.3% a 6.7% desde 2016. En los centros de tratamiento privado, el 2.3% de las mujeres que ingresaron declaró estar embarazada, cifra constante desde 2021.

Debido a que la encuesta nacional encargada de medir el consumo de drogas en la población general estuvo suspendida desde 2017 y su reanudación en 2025 excluyó el apartado sobre embarazo, existe una falta total de datos actualizados respecto a este tema.

En toda la red de la Secretaría de Salud de Guanajuato, aparece un registro de apenas cuatro egresos de mujeres embarazadas o en puerperio con diagnóstico por consumo en cinco años. Las sustancias registradas son alucinógenos, estimulantes y cannabinoides. Frente a los 92 recién nacidos expuestos que la misma institución registró en el mismo periodo, la proporción es de 23 a 1.

«Laura», ginecóloga adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, explica que no existe un protocolo especial para atender a mujeres que consumen drogas: se rigen por la Norma Oficial 007, la misma que regula la atención de cualquier paciente embarazada, en puerperio o en lactancia.

“Estas pacientes con adicciones se catalogan dentro del protocolo de embarazo de alto riesgo y son canalizadas con un médico materno-fetal. Si se detecta que el bebé presentará o presenta síndrome de abstinencia al nacer, se activan protocolos antes del nacimiento (como programar la cesárea si es necesario y avisar al personal). Al nacer, se le administran medicamentos a la madre para calmarla. El bebé pasa a terapia intensiva para vigilancia, y se prohíbe la lactancia materna a menos que se confirme que la madre está limpia, y hay que canalizarla a las áreas de psiquiatría, psicología y trabajo social para evaluar también su entorno social», explica la médica.

Estigma que impide la atención

Corina Giacomello, profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, explica que la falta de atención integral para las mujeres y niñas que usan sustancias parte del estigma: «porque estamos hablando de una población que está haciendo algo que no debería hacer. No está previsto que, como chica, como adolescente, te embaraces —algo que muchas veces ocurre contra su voluntad y por medio de violencia— ni que uses sustancias».

La especialista añade que también influye el autoestigma, que «se cruza con el estigma comunitario, social y estructural, y hace que no se verbalice el uso de sustancias, lo que puede provocar daños tanto para ella como para el niño o niña que va a nacer».

En algo coinciden especialistas y quienes acompañan a mujeres que usan drogas: es habitual que sean víctimas de violencia, y tampoco eso se atiende. «En los refugios o centros de atención a la violencia se les suele pedir que primero traten su adicción, pero los centros de tratamiento de adicciones no cuentan con las herramientas para atender la violencia de género ni para ofrecerles refugio. Esta falta de respuesta adecuada, permeada por el estigma, se convierte en una forma de violencia institucional que pone a las mujeres y a sus hijos en riesgo de volver con su agresor», dice Giacomello, quien también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

Nicolás Pérez, presidente de la asociación Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, relata que en muchos casos, cuando la familia se entera del embarazo, «se cansa de su estilo de vida y termina abandonándolas, dejándolas solas. Se quedan desamparadas; en ocasiones, las propias compañeras del centro de rehabilitación tenían que hacer guardias para acompañarlas cuando daban a luz». Explica que, una vez que la familia las rechaza, la situación se vuelve mucho más compleja para ellas.

Pérez dice que, debido a restricciones gubernamentales, la comunidad terapéutica que dirige ya no acepta mujeres embarazadas, y lamenta que el Estado no les brinde ayuda.

Sin embargo, Isla Primavera Martínez Moreno, jefa del departamento de hospitalización y proyectos clínicos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), explica que sí hay alternativas dentro del sistema público e institucional donde se les ofrece atención. 

De acuerdo con cifras de los CIJ, la institución atendió a 597 mujeres embarazadas en los últimos seis años, la mayoría en consulta externa y solo una minoría en hospitalización o reducción de daños. De 2022 a 2024 los casos aumentaron más de un 500%, mientras que en el último año la tendencia se ha mantenido estable. 

El proceso en los CIJ consiste en identificar el patrón de consumo, evaluar las condiciones médicas, psicológicas y sociales, la etapa gestacional y las posibles comorbilidades, para determinar el manejo o tratamiento farmacológico adecuado. Está programada, además, la inauguración de una unidad de mujeres para finales de este año o inicios del próximo, en Tlajomulco, Jalisco, donde se podrán internar junto con sus bebés. 

Martínez Moreno explica que, aunque se derive a las mujeres a instituciones de salud, eso no interrumpe su proceso en el CIJ: una vez atendida su situación médica, la paciente es contrarreferida ahí para continuar el tratamiento.

Al egresar de cualquiera de las modalidades, se le programan sesiones de seguimiento para evaluar su red de apoyo y su reintegración al ámbito familiar, escolar o social.

Aun así, los profesionales consultados para este reportaje coinciden en que las opciones que ofrece el Estado son insuficientes.

Pérez García señala además que faltan servicios públicos y sanitarios para atender las adicciones como un problema de salud pública, y que en la práctica el Estado ha optado por ignorarlo y aplicar una visión policial.

«Desde el principio se explicó que no podría coexistir esta política de guerra contra las drogas y una política para prevenir el consumo de sustancias. Son cosas totalmente contradictorias. Porque si previenes, no tendrías que hacerlo desde la vía militar y criminalizante. Y la política de salud no existe, porque eso implica presupuesto, implica siempre cuestionar la política de seguridad. Y así llevamos 20 años con esta guerra (contra las drogas) perdida».

De acuerdo con especialistas, las opciones gubernamentales para atender adicciones son insuficientes y no tienen una perspectiva integral para tratar a mujeres y sus bebés. Imagen: Gobierno de la Gente.

La alternativa

Para Corina Giacomello, especialista en perspectiva de género, políticas de drogas y derechos de la niñez, el Estado debe superar la segmentación actual de sus servicios y ofrecer una atención integral que unifique, en un mismo espacio, el tratamiento de adicciones, la salud y los servicios sociales.

Pero también tejer una red de apoyo psicosocial y psicológico que acompañe a la mujer durante el embarazo y, de forma crucial, después del parto, cuando regresa a su entorno. Ese acompañamiento debe contemplar la posibilidad de recaídas como parte del proceso de dependencia. «Estamos hablando de mujeres que van a volver a un entorno muchas veces extremadamente solitario, muy vulnerable, con mucho estigma alrededor; muchas convencidas de que no merecen ser felices, de que tuvieron un pésimo embarazo y van a ser pésimas madres. Ahí es donde los servicios tienen que estar muy cerca».

A esto se deberían sumar apoyos económicos para vivienda, alimentación e insumos para los hijos, el apoyo psicológico, la inserción laboral y el acompañamiento en la crianza durante los primeros años de vida de los menores.

Las campañas de prevención, dice la especialista, no deberían basarse en el miedo, la culpa o la abstinencia absoluta: «se debe apostar por la reducción de riesgos y daños, proporcionando información científica y clara para que las personas sepan cómo no hacerse daño y a dónde acudir».

Finalmente, además de centros de tratamiento residencial que admitan y atiendan específicamente a mujeres y adolescentes embarazadas o puérperas, hacen falta protocolos de atención médica y social estandarizados, que aseguren un seguimiento real para las mujeres, sus hijos y sus familias.

Giacomello enfatiza que también falta atención hacia las familias y hacia la paternidad de los hombres que usan drogas: «esto se debe a que los servicios suelen asumir que un hombre que consume sustancias ‘viaja solo’ y no tiene responsabilidades familiares».

* Esta nota es parte del trabajo conjunto de los medios Ruido (Argentina), Repórter Brasil, Plaza Pública (Guatemala), Contratopedia Caribe (Colombia), Tierra de Nadie (Ecuador) y POPlab (México), con el apoyo de Chequeado, unidos en un consorcio regional que busca sacar a la luz datos e historias invisibilizadas en la región.