Kennia Velázquez y Arnoldo Cuéllar | Pop Lab
Los socios privados de la empresa GTO Leasing Services, creada en 2019 por Diego Sinhue Rodríguez para surtir vehículos a su administración con recursos del fondo estatal de pensiones, recibieron al menos 80 millones de pesos en contratos, ayudas y créditos para sus empresas, por parte de dependencias del gobierno estatal, al tiempo que aportaron recursos para justificar la “privatización” de la arrendadora y la consecuente opacidad en sus operaciones.
Guillermo Webb Murra, integrante de la familia que más aportó a la arrendadora, es un proveedor de espacios para oficinas de diversas dependencias que cobró rentas a lo largo del sexenio por más de 50 millones de pesos.
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No fue el único beneficio, Webb Murra logró hacerse con otros 7 millones de pesos como donativo a fondo perdido para su organización Instituto Minero A.C. con recursos provenientes del polémico Fidesseg, criticado por sus malos manejos en la nueva administración de Libia Dennise García. El instituto que recibió el recurso capacita obreros para la empresa La Cantera, propiedad del mismo empresario, subcontratista de concesiones mineras.
Otros dos accionistas, los hermanos Yúdico Herrasti, recibieron al final del sexenio un crédito vía exprés de Fondos Guanajuato, por un monto de 22.6 millones de pesos, para la fabricación y comercialización de productos de plástico.
En el penúltimo año del gobierno anterior la arrendadora utilizó el aumento de capital privado proveniente de las familias Webb Murra y Yudico Herrasti, quienes conformaban una participación minoritaria desde 2021, como justificación para excluirse de la fiscalización a sus operaciones y de las obligaciones de transparencia.
Credito Yúdico Acta XIV Ordinaria Presencial by POPLabMx
Los arrendamientos al gobierno de Guanajuato
Guillermo Eduardo Webb Murra es el apoderado legal de la Inmobiliaria Galereña, propietaria del edificio de oficinas en la plaza de ese nombre en la capital del estado.
La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del gobierno estatal, a través de su director de Recursos Materiales, José Luis Cuéllar Franco, signó al menos seis convenios anuales con la Inmobiliaria Galereña, representada por Guillermo Webb Murra, para arrendar diversos espacios por una superficie total de mil 600 metros cuadrados en la torre de consultorios y oficinas ubicado en la Plaza Galereña, donde se ubicaron las oficinas de las direcciones de Tecnologías de la Información y de Recursos Humanos de la SFIA.
Esos arrendamientos pasaron de los 447 mil pesos mensuales en 2019 a los 527 mil pesos mensuales en 2024. En total, la Secretaría de Finanzas de Héctor Salgado Banda trasladó a la Galereña pagos por 34.7 millones de pesos a lo largo del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Renta Sfia Dgtit Dgrh 001 2023 by POPLabMx
La Secretaría de Finanzas también intervino para que la oficina regional de movilidad, de la Secretaría de Gobierno, arrendara espacios en la torre de la Plaza Galereña desde el año 2022, con una renta anual de aproximadamente 600 mil pesos, firmando al efecto el director de recursos materiales de Finanzas José Luis Cuéllar Franco.
La Secretaría de Finanzas arrendó oficinas para la regional de movilidad en Plaza Galereña desde 2022, con una renta anual de 600 mil pesos.
Ahí se encuentra también el Centro de Conciliación Laboral de Guanajuato, que paga rentas de un promedio de 160 mil pesos mensuales, desde el año 2021 hasta 2024.
Renta Conciliación 22 by POPLabMx
Otras oficinas rentadas a Webb Murra son las de la Procuraduría Estatal de Protección a Niños Niñas y Adolescentes, las cuales pagan rentas de 370 mil pesos mensuales por los años de 2024 y 2025.
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Al acudir al edificio de oficinas en la Plaza La Galereña, una recepcionista controla la entrada los elevadores, al preguntarle qué oficinas del gobierno del estado se encontraban en los pisos superiores, dijo no saberlo ya que las personas llegaban con cita. El directorio de los despachos ubicados en el edificio “apenas se está elaborando”, informó, pese a que operan ahí instalaciones oficiales desde hace más de un sexenio.
Fidesseg, involucrado para apoyar un Instituto Minero
En las postrimerías del sexenio, en julio de 2024, la Fundación Empresarial Guanajuato (FE GTO), una de las operadoras de recursos del Fidesseg, recibió la solicitud del Instituto Minero de Guanajuato A. C., cuyo presidente es Guillermo Eduardo Webb Murra, socio de GTO Leasing Services, para desarrollar un proyecto de formación laboral de jóvenes y adultos en tecnologías de punta para la industria extractiva.
El monto de la propuesta fue de 11 millones 83 mil pesos, incluyendo un simulador 4D con un costo de 4.6 millones de pesos, además de vehículos, gastos de operación y gastos de alimentación.
Para hacer la solicitud, el Instituto Minero obtuvo apenas dos meses antes, en mayo de 2024, su registro como donataria autorizada, planteando como su principal actividad la “promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico”.
Consejeros de de FE GTO que fueron interrogados sobre el tema, señalaron que en un principio la petición no parecía compatible con los objetivos de la fundación y del Fidesseg, pero que fue contemplada por recomendaciones provenientes de la Secretaría de Finanzas del estado.
Ya en la etapa posterior a la liquidación del fideicomiso, la Secretaría del Nuevo Comienzo, a través del programa “QC0261 SUMAMOS AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD”, otorgó el 3 de diciembre de 2024 un apoyo de 7 millones de pesos al Instituto Minero de Guanajuato A. C.
El monto está en el tope máximo de los apoyos otorgados en esa ocasión. Además del Instituto Minero solo otras tres organizaciones alcanzaron esa cantidad: la Fundación Teletón, la Red de Preventólogos de Guanajuato A. C. y la Casa Amigo Daniel. El resto de las 94 organizaciones quedó por debajo de esa cifra. Las delegaciones de la Cruz Roja en los municipios de Silao, Abasolo, Salamanca, Dolores Hidalgo, San Felipe, León, San Francisco del Rincón y Ocampo fueron enlistadas con cero pesos.
La postulación del instituto ofrecía capacitar y especializar a trabajadores en el manejo de tecnología para la industria minera, para “desarrollar habilidades y competencias específicas con el objetivo de que tengan oportunidades de acceso a un trabajo digno y mejor remunerado.”
Sin embargo, en una llamada al Instituto Minero para conocer la posibilidad de acceder a las capacitaciones, la respuesta fue que estaba reservada en exclusiva “para los nuevos empleados de La Cantera”, contratista miera de la que es propietario Guillermo Webb Cruces, y se recomendó revisar las vacantes en su página de Internet.
Guillermo Webb Murra, principal aportante a la arrendadora, cobró más de 50 millones de pesos en rentas por espacios de oficinas a diversas dependencias durante el sexenio de Diego Sinhue.
El Instituto Minero de Guanajuato tiene entre sus fuentes de ingreso, reportadas en su Clave Única de Inscripción como donataria (CLUNI), las “cuotas de recuperación”.
Yúdico: crédito de última hora de Fondos Guanajuato
También en los meses finales del sexenio, el Fideicomiso Fondos Guanajuato publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 12 de julio de 2024 una modificación a las reglas de operación del programa “Proyectos Estratégicos” para aumentar hasta 4 el número de empresas o personas físicas beneficiarias y fijar un techo financiero de 53.5 millones de pesos.
Un mes después, el 15 de agosto de 2024, el Comité Técnico del Fideicomiso Fondos Guanajuato presidido por Griselda Velázquez Castillo, funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Económico, aprobó un financiamiento de 22 millones 603 mil pesos a la empresa Ecovector, propiedad de los hermanos Juan y Jorge Yúdico Herrasti, para el proyecto “Inyección, fabricación y comercialización de productos de plástico vírgenes y reciclados.”
La empresa de los dos socios de GTO Leasing Service se llevó el 42 por ciento del fondo disponible a mediados de 2024, respaldada por una carta del organismo gubernamental IDEA GTO.
El crédito se formalizó el 4 de septiembre de 2024, tres semanas antes de que terminara el gobierno de Diego Sinhue. En Fondos Guanajuato tenía injerencia el secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda a través de una vocalía y ejercía un peso decisivo en las aprobaciones. A la reunión de agosto asistió como vocal Sara Velázquez Morales, directora de control y seguimiento de la Dirección Financiera, subordinada de Salgado Banda.
Formalizado ante la notaría pública número 34, a cargo de Emma Rosa Carmona González, el crédito quedó atado a la adquisición de 2 moldes para cubiertos, uno para vasos y un sistema de inyección de plástico, sistemas auxiliares y un proyecto de investigación para desarrollar y registrar una patente, todo ello “para cubrir demanda de exportación de EEUU”. La empresa se obligó a pagar en 10 años con un interés de 12 por ciento anual sobre saldos insolutos.
EL PEPO
