A Luis Miguel Barbosa, el primer gobernador de Puebla emanado de las filas de Morena, no le gusta la transparencia ni la rendición de cuentas. Comparte con sus predecesores —los panistas Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle, así como el priista Mario Marín Torres— la transparencia en el discurso y la simulación en su cumplimiento.

No le gusta, como tampoco le ha gustado a quienes estuvieron antes en la gubernatura, porque la transparencia implica que la ciudadanía tenga acceso a la información necesaria para poder vigilar y fiscalizar al poder.

Una de las preguntas recurrentes de la prensa poblana en las conferencias de prensa mañaneras que Barbosa inició a principios de marzo para informar sobre la evolución de la pandemia en el estado, ha sido sobre la información relativa al gasto destinado a hacerle frente al Covid-19, desde los montos asignados hasta los contratos celebrados.

La respuesta, una y otra vez, fue “búsquenlo en la página de transparencia”; pero en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los estados y entidades de los tres niveles de gobierno están obligados legalmente a reportar la información o hay muy poco o de plano no hay nada . Por ejemplo, la Secretaría de Salud estatal reporta un solo contrato en el primer trimestre del año. Uno solo.

De hecho, en Puebla, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) ha mantenido, desde marzo pasado, una suspensión general en la atención de las solicitudes de información y la actualización de los portales de transparencia. Bajo este limbo, el gobierno de Puebla no ha reportado los gastos correspondientes al primer trimestre del año a pesar de ser una obligación legal, mientras que ni ciudadanos ni prensa pueden hacer uso de los mecanismos para acceder a la información.

Fue hasta que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó por escrito, de manera presencial —bajo el derecho de petición, pues los sistemas electrónicos están suspendidos— y acompañado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, una solicitud de información sobre 29 puntos de interés, que el gobernador ordenó a regañadientes subir a internet la información relativa al Covid.

El 10 de junio, en su encuentro virtual con la prensa, Barbosa Huerta, la secretaria de Administración, Rosa Urtuzuástegui Carrillo, y el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz, anunciaron la puesta en operaciones de la página transparenciacovid-19.puebla.gob.mx. Un sitio que, dijeron, tendría actualizaciones permanentes y está dividido en cuatro secciones:

Pero la página está lejos de satisfacer tanto los puntos planteados en la solicitud del CPC como los mínimos legales. Es más un depósito de ligas a boletines de prensa y un acumulado de cifras sin documentos de soporte que prueben el gasto señalado. No están disponibles contratos, facturas o acuerdos administrativos.

Al respecto, el Nodo de Transparencia y el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), plantearon, tras un análisis al contenido de la página, que el portal “no cumple con los criterios mínimos para garantizar la transparencia y el acceso a la información”. Este es el análisis:

En ese sentido, para garantizar una transparencia amplia, es necesario que se publiquen de manera desagregada los tipos y cantidades de productos adquiridos, especificando el precio unitario, la empresa proveedora, la fecha de compra y el tipo de proceso de adjudicación. Con relación a los contratos, si bien el Gobierno del Estado ha señalado que estos tienen “reserva obligatoria”, cabe señalar que estos documentos deben ser públicos en atención a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. En caso de reserva, el Gobierno del Estado debe aplicar la prueba de daño, misma que deberá estar a disposición de los ciudadanos y, en su caso, publicar una versión pública de los contratos para garantizar su transparencia. De igual manera, los archivos marcados como CSV no podrían considerarse “datos abiertos” toda vez que son una copia de la información contenida en los documentos PDF y no cumplen con las características establecidas dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Al gobernador, al igual que a sus predecesores, le disgusta que la ciudadanía y particularmente la prensa -lo ha dicho públicamente- tengan acceso a la información relativa a su gobierno.

No le gusta que su administración sea sujeto de la inspección ciudadana. Parece desconocer la legislación que él mismo, como presidente del Senado, respaldó tras la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.

Lejos de poner en acción las mejores prácticas en materia de transparencia y acceso a la información que generen confianza en la población durante la pandemia, sólo suelta a cuentagotas unos cuantos datos que dejan más dudas que certezas.

Este texto fue publicado originalmente en la página de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Se reproduce con su autorización.

Foto: Mireya Novo | Cuartoscuro | MCCI