“Entre las deficiencias gubernamentales, también encontramos que en lugar de fomentar, como debería ser su labor, y propiciar el desarrollo de los artistas locales, una vez que aparece algún proyecto independiente que escapa de su vista, pretende cooptarlo. Sin embargo, no para apropiarse de él y desarrollarlo, sino para extinguirlo”.

Óscar López

Uno de los pocos periodistas culturales que en Puebla han podido llevar ese nombre, El Gallo debía tener motivos más que suficientes para escribir eso en 2014. Aunque bien podría estarse refiriendo a lo ocurre ahora porque a casi nadie le ha sorprendido el intento del ayuntamiento de clausurar mediante un trámite administrativo el proyecto independiente que el Foro Cultural Karuzo encarna desde hace 20 años. En realidad, es absolutamente congruente con el principio de extinción que parece animar a la “política cultural” de la ciudad: impedir que sobreviva cualquier iniciativa que no se someta a la cultura oficial.

Como se supone que ya no estamos en la era del autoritarismo priísta, la cancelación de lo que no sea cultura oficial ya no opera mediante el disciplinamiento y la represión abierta como en las décadas de 1960-1970, cuando se estigmatizaron y censuraron las más distintas formas contraculturales. Los poderes del Estado, la iglesia y el empresariado hicieron entonces parecer una amenaza las manifestaciones del deseo y la imaginación colectiva de jóvenes y estudiantes, así como la de grupos sociales históricamente excluidos como las poblaciones indígenas y campesinas desplazadas, amas de casa, y colectivos y cuerpos no heteronormados.  Basta revisar el elocuente y aterrador Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Fue el Estado (1956-1990) para poner nombre, fecha y lugar a esa brutal y sistemática represión de quienes no suscribían el orden y la cultura oficiales.

Ahora, sin embargo, la desaparición de la contracultura en Puebla es democrática y se ejecuta mediante las debidas diligencias administrativas, controlando y regulando: se niegan apoyos, se cancelan programas, se limita el uso del espacio público y se deniegan permisos. La finalidad sigue siendo la misma que entonces –suprimir las formas de vida que surgen con las prácticas culturales que disienten del orden hegemónico– y, sobre todo, se sigue haciendo del mismo modo –mediante el monopolio sobre lo que sea la cultura legítima y su uso excluyente para controlar los modos de existir.

La reconquista patrimonial

En Puebla llevamos padeciendo este control exclusivo de la cultura y su territorialización por parte del Estado y el empresariado desde la década de 1980. Cuando la UNESCO declaró en 1987 parte del centro de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, estaba refrendando un proceso de “patrimonialización” de la cultura que, por una parte, daba un enorme poder discursivo al Estado para decidir lo que era legítimo entender por cultura y cómo podía utilizarse; y, por otro, otorgaba a las empresas la potestad para comenzar a privatizar el centro de la ciudad mediante su conversión en un espacio exclusivo y excluyente para el ocio y el turismo. Ambas estrategias se han desarrollado crucialmente mediante el blanqueamiento cultural de la ciudad y el ocultamiento y cancelación de las heterodoxas prácticas culturales no oficiales.

Este proceso está documentado. La creación de la Secretaría de Cultura en 1983 institucionalizó el interés estatal por definir y regular lo que se entendía por cultura, otorgando un lugar central a la noción de patrimonio, sobre la que se sustentó un discurso de “rescate” y “dignificación” del centro histórico de Puebla, que daba por supuesto que había “algo” que había sido secuestrado y deshonrado. No cuesta entender que la élite política, empresarial y religiosa viviera como una humillación haber perdido el control de la Universidad Autónoma de Puebla tras más de una década de represión de las movilizaciones de estudiantes y ciudadanos, a las que intentaron someter a sangre y fuego, pero que lograron hacer efectiva –no ya de modo jurídico o formal– la autonomía de la universidad en 1972. El control del edificio Carolino y los demás espacios universitarios en el centro de la ciudad puede verse no solo como un acto de impugnación del poder fáctico de las élites, sino también del territorio del que emanaba la legitimidad cultural que les había heredado el poder colonial.

Klastos

El movimiento de reconquista territorial comenzó poco después. Tras la paulatina salida de las clases acomodadas del centro de la ciudad desde 1940 y las demoliciones de edificios para implantar nuevos negocios, en noviembre de 1977 se declaró Zona de Monumentos Históricos 391 cuadras. Aunque hubo intervenciones a principios de la década de 1980, a partir de 1985 se aceleró el proceso porque, según el alcalde de entonces “regenerar el centro histórico es reafirmar la identidad de los poblanos”. Como parte de la estrategia del ayuntamiento para rescatar de la degeneración el centro de la ciudad, en 1986 fue clausurado el mercado central de La Victoria. El cierre de la Victoria respondía a dos planes cruciales del ayuntamiento para retomar el control del territorio, eufemísticamente denominados Reordenación Comercial y Regeneración del Centro Histórico. La Reordenación Comercial desplazó a cientos de vendedores ambulantes y comerciantes, que se resistieron al desalojo; y la Regeneración del Centro Histórico se anunció como una iniciativa para “dignificar los edificios históricos del centro de la ciudad”. Las implicaciones de estas iniciativas fueron notorias para la reorganización económica y vital de la ciudad: se eliminó la compleja logística que sostenía las operaciones del mercado, así como de miles de compradores y vendedores habituales y, en 1988, la red de autobuses que conectaba la zona se desplazó a la Central de Autobuses (CAPU) construida en las afueras, junto a una red de mercados satélites y la Central de Abastos, inaugurada ese mismo año. Mediante estas intervenciones de evisceración se comenzó a convertir el centro de la ciudad en un “centro histórico”, entendido fundamentalmente como una zona de monumentos. En este proceso de reconquista del Santo Grial de la memoria colonial de la ciudad, el aval de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 marcó un punto de inflexión no sólo discursivo sino en el uso y la experiencia urbanos, que el gobierno y la iniciativa privada utilizarán a conveniencia, aunque también con algún inesperado revés. Jones y Varley describieron acertadamente hace décadas que lo que estaba ocurriendo en el centro de Puebla era un proceso de gentrificación que “expresa[ba] una oposición de la clase media a la cultura popular y que las estrategias de vida del centro de la ciudad se nutren de tácitas nociones raciales de diferenciación”.  Es en este complejo entramado de disputa material y simbólica por la ciudad en el que hay que situar la existencia del Foro Cultural Karuzo.

Ciudad y blanquitud cultural

Aunque pueda ser bienintencionado en ocasiones, el recurso al “rescate” y “dignificación” de la ciudad por parte del gobierno se ha esgrimido frecuentemente para silenciar, expropiar y explotar el territorio en nombre de la “cultura patrimonial legítima”. La pregunta inmediata es: ¿quiénes y cómo deciden cuál es la cultura legítima? Monsiváis escribía en 1972 que dos formas de vida habitaban en Puebla: de un lado, la juventud a la que hacía referencia –parte de la cual depositaba su horizonte de sentido no solo en el consumo de cultura gringa sino también en la lucha por la autonomía universitaria– hoy no se deja amedrentar ya fácilmente ni por el Estado ni por los poderes fácticos, aunque estos ejerzan un avasallador control digital de su deseo e imaginación; mientras que la otra forma de vida a la que se refería tal vez no parezca tan reconocible hoy a primera vista: “la feudal de inspiración hispánica, con su olor a penumbras, a retratos viejos y a sacristía”. Sin embargo, esa “ciudad feudal en etapa indefinida” que conserva lustrosos sus monumentos y joyas coloniales puede que haya mutado su apariencia con los Tesla y la Smart City, con el facelift y el drink en el Hotel Boutique, pero como entonces difícilmente oculta ahora el desprecio por todo lo que no aspire a su anhelo de blanquitud. Es en su nombre, camuflado bajo eslóganes de “progreso” y “desarrollo” y “futuro”, que se pretende imponer una determinada manera de comportarse, trabajar, consumir, presentarse y sobrevivir dentro de la modernidad capitalista, como señaló Bolívar Echeverría.

La blanquitud que reclaman no debe confundirse con el color de la piel, pues se trata de un tipo de identidad social y ética que no implica ser racialmente blanco.  El capitalismo no necesita que todos seamos biológicamente blancos, sino que seamos funcionalmente blancos. “La nacionalidad moderna, cualquiera que sea, incluso la de estados de población no-blanca (o del ‘trópico’), requiere la blanquitud de sus miembros.” Esa funcionalidad es la blanquitud, que se cifra en determinados gustos, vestimentas, acentos, orden e higiene, que se vuelcan en la regimentación del espacio urbano. Es notorio que hay formas aceptables y formas inaceptables de estar en el centro histórico. Esas últimas son las que pretende regular y blanquear, por ejemplo, el Programa de Artistas Urbanos, como claramente se expuso en su justificación original: se trataba de hacer productivos espacios “subutilizados del Centro Histórico, mediante actividades recreativas y culturales”.. Hacer el espacio urbano “productivo” porque está “subutilizado” usando solo la cultura oficialmente aprobada hace patente que hay prácticas y modos de ser que no son funcionales para la blanquitud cultural de la ciudad y deben ser entonces negadas.

Sin embargo, la cultura moderna a lo largo del siglo XX no solo fue capitalista ni nacionalista. No solo ordenó y reguló el comportamiento y la ciudad, sino que también liberó el campo de la vida cotidiana a la experimentación sensible y a la disputa política. Es precisamente en esa paradoja donde está atrapada la élite política y económica poblana: crear una modernidad culturalmente antimoderna. Pretenden una modernidad de plantas ensambladoras y empresas mineras y cablebuses y museos que son solo edificios vacíos y teleféricos que no llevan a ningún lugar, pero que trata con soberbia a unos ciudadanos que toma por políticamente obedientes y culturalmente ignorantes –como constata el baile irrelevante de lxs distintxs Secretarixs de cultura y directorxs del IMACP a lo largo de los años. Que la modernidad poblana alcance solo a ser económica pero no cultural ni política tal vez se explique tanto por la supuesta alcurnia colonial de sus élites, que exige la exclusión clasista de los otros, como por su incapacidad para imaginar un mundo que no se venda en el centro comercial, se ofrezca en una app de paga o se acceda con una colegiatura prohibitiva. Por eso, la modernidad aquí se imagina solo económicamente, como una vida productiva, disciplinada, emprendedora y eficiente, pero sin sus efectos culturales de experimentación colectiva, de imaginación social y de disidencia normativa, que la elite rechaza como una cultura indeseable de fanzine y grafiti, de rock y trova, de teatro, hackeo, autoedición y slam.

El Karuzo contra la cultura de la extinción

A unos cientos de metros de donde se ubica el Foro Cultural Karuzo ya se anuncia la llegada de un multimillonario proyecto inmobiliario de la mano de Carlos Slim. El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo ha manifestado que van a “contribuir a que los permisos necesarios se alisten más rápido”. ¿Más rápido que en qué otros casos? No parece muy aventurado especular que es de ese lugar –y no de las escuelas que dicen: si la educación no le interesa ni a la SEP– del que se quiere alejar a iniciativas como las que encarna el Karuzo. No porque se crea que puedan ser un freno ante la brutal maquinaria de la especulación, sino porque saben que son espacios culturales cuya incómoda existencia recuerda que hay otros horizontes que los que impone la blanquitud cultural.

Contra la intervención municipal en el centro histórico de Puebla. Fanzine del Frente Rockero, 1994

Apenas se han dado detalles de que el objetivo de esa inversión multimillonaria por parte del Grupo Carso será hacerse y rehacer el Centro Comercial Paseo de San Francisco, como lo llaman ahora, pero que en 1997 fue ya un campo de batalla, no solo inmobiliario, sino también por la memoria histórica y cultural de la ciudad. La zona en la que se sitúa es un complejo donde se han hallado restos arqueológicos prehispánicos, se construyó el convento de San Francisco y, posteriormente, la Curtiduría La Piel de Tigre y la Fábrica Antiguo Manantial de Aguas Minerales y Bebidas Gaseosas. El ambicioso –y truncado– proyecto estatal del Paseo de San Francisco quiso hacer un espectáculo de todo ello, para lo que el gobierno del Estado pretendía expropiar 27 cuadras, algunas situadas dentro del perímetro declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con el argumento de que la zona –¿lo adivinan?– necesitaba ser rescatada.  El violento proceso de expropiación quedó, finalmente, reducido a apenas 6 cuadras, en parte debido a que los residentes afectados se organizaron en la Unión de Barrios A.C. y en la Asociación Civil por los ideales de la Puebla Tradicional. El proceso de expropiación generó impensables solidaridades que disuadieron, al menos temporalmente, las acciones gubernamentales, aunque no lograron evitar que ahí se construyera el mentado Centro Comercial que ahora codicia Slim.

Como el del Paseo de San Francisco hace 30 años, los proyectos inmobiliarios de la blanquitud cultural exigen la extinción de otras formas de vida en nombre de las abstracciones más etéreas –progreso, desarrollo, crecimiento. Son esos unos términos mediante los que se ha ejercido con total crudeza la explotación y la exclusión, de la ciudad y su patrimonio, de los territorios rurales aledaños y de los recursos naturales. En la actualidad, con la imprevisible escalada de la crisis ecosocial que nos atenaza, esas iniciativas han pasado de extinguir otras opciones culturales a abanderar abiertamente la cultura de la extinción. En el trabajo que hemos realizado desde 2016, donde hemos indagado cómo las prácticas y políticas culturales configuran la geografía urbana de Monterrey, Tijuana y Puebla, hemos podido advertir que cuanto más diverso y autogestivo es el entramado cultural de una ciudad, más capacidad tiene para resistir y sobreponerse a la violencia, la crisis económica o sanitaria. De las tres ciudades, la gestión pública de la cultura en Puebla es la que tiene una relación más antagónica con la autogestión. La amenaza de cierre del Foro Cultural Karuzo no hace sino constatar eso: no sólo no le van a “alistar los permisos más rápido” sino que se los pretenden denegar. Esta situación evidencia no ya que sea necesaria una legislación de espacios culturales independientes que los proteja e incentive, sino que de nada va a servir si no se hace algo mucho más urgente: cambiar radicalmente los programas y la actitud gubernamentales respecto a qué es, dónde se da y quienes hacen cultura en Puebla.

Mientras siguen desmoronándose las condiciones de vida que hemos conocido hasta ahora –educativas, laborales, ambientales, de salud–, que el Estado es incapaz de asegurar, y en las que los empresarios solo ven un negocio, necesitamos multiplicar los lugares para la imaginación y el hacer en común inscritos en un entramado urbano lo más diverso, fértil y resistente posible. Si las élites se siguen aferrando al insostenible monocultivo inmobiliario de la blanquitud cultural, demos por hecha la extinción –y no solo la cultural. Si el Estado y los empresarios han dejado muy claro desde hace años que entienden el territorio como un recurso para extraer valor económico, cercenando los emplazamientos para otras formas de existencia, defender el Foro Cultural Karuzo en estas circunstancias tan hostiles no es más que abrazar la cultura como una acción colectiva de imaginación vital.

La marcha en defensa del Karuzo se convirtió en un mitin que permaneció hasta la noche del sábado en el zócalo de Puebla. Foto: Marlene Martínez / Jengibre Audiovisual