Uno de los síntomas más visibles del crecimiento del crimen organizado es el repunte de los asesinatos. Y Puebla está pasando por ello de acuerdo con los datos oficiales y algunos otros no tan oficiales.

En el registro estadístico las autoridades encargadas de la seguridad pública reconocen dos tipos de asesinato, el que se produce de manera fortuita y accidental; y el que tiene detrás la intención de privar de la vida a una persona o grupo de personas. Culposos llaman a los primeros y Dolosos a los segundos.

Veamos qué ha pasado en el estado de 2015 (es decir casi desde el cierre del gobierno de Rafael Moreno Valle) a la fecha, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos duros que tiene el organismo federal nos muestran varias cosas, primero un cambio importante entre los años 2016 y 2017, en el cierre del gobierno de Moreno Valle y el arranque de la administración de Antonio Gali Fayad entre homicidios dolosos y homicidios culposos.

En ese switcheo los asesinatos accidentales pasaron de ser la primera causa de muerte en homicidios (arriba del 90% en promedio son causados por accidentes viales), y subieron los asesinatos intencionales.

Eso ya nos habla de un cambio en las dinámicas sociales y criminales, y a partir de ahí es muy visible una curva de crecimiento hasta el 2019. Luego en el 2020 bajó la incidencia por la pandemia, pero ya el año pasado la curva volvió a subir, y aunque 2023 parece que no cerrará tan alto pero si rozará los niveles del año pasado.

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Veamos un segundo parámetro de violencia, los casos de ejecuciones criminales. Es decir, que aún cuando los asesinatos intencionales o dolosos hay un objetivo de privar de la vida a alguien no necesariamente detrás de la mano que corta la vida hay un o una profesional del crimen.

Para ello hablé con Mauricio Saldaña, especialista en inteligencia y contrainteligencia y Doctor en Administración Pública con estudios de doctorado en Ciencias Penales.

Él lleva un registro diario de las ejecuciones cometidas en distintas entidades federativas y me explicó que para identificar una ejecución, se basa en estudiar a todos los casos de homicidio doloso cometido en una entidad federativa: de ahí, separa a los homicidios dolosos respecto a los culposos.

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Una vez hecha esa separación, identifica la probable actividad de la delincuencia organizada por la presencia de al menos dos de los siguientes signos, caso por caso:

1. Empleo de arma de fuego, pero no desecha otro tipo de medio violento
2. Presunta rivalidad delictiva (una muerte de un narcomenudista, por ejemplo)
3. Por presunto cobro de piso (la persona abre la puerta de su vivienda y le disparan para luego huir; la persona es asesinada en su negocio pero no le roban, etc.)
4. Tirado en lugares inexplicables, con signos de violencia (barranco, lago, presa, en un predio, un paraje, etc.)
5. Si se encuentran restos humanos, aun sin disparos pero en forma inexplicable (un brazo, una pierna, una cabeza, una osamenta, etc.)
6. Con presencia de narcomanta o narco-cartulina
7. Con alto grado de saña (la saña es violencia innecesaria: dispararle 15 veces a alguien, por ejemplo o con señales de tortura)
8. En automático, todo hallazgo de fosa clandestina la considera como ejecución

Aclarada su metodología, estos son los datos que tiene sobre el estado de Puebla. En los 18 años que lleva su registro, los años con el mayor número de ejecuciones identificadas son 2022 con 578; 2021 con 420, así como 2017 con 261, pero según sus cálculos 2023 está a un paso de superar a 2022, ya que al 30 de noviembre sumó 572.

Llaman la atención dos cosas: la primera es que en 2020, se dio hasta un descenso discreto respecto a 2019, de 69 y 73 respectivamente. El analista comenta que la pandemia seguramente fue un factor que influyó en esa pequeña reducción.

La segunda es el disparo de 2020 a 2021, de 69 a 420 y de ahí, manteniendo cifras no inferiores a 500 casos por año.

Veamos qué pasa si cruzamos los datos del SNSP sobre homicidio doloso y los datos de Saldaña sobre ejecutados.

Crecen cada vez más el factor ejecuciones dentro del total de homicidios dolosos. Es decir, hay más presencia del crimen organizado reflejado en la violencia homicida.

En su explicación el especialista me dijo que “la llegada y consolidación de CJNG, combinada con el estilo de ese cártel de franquiciar un territorio y dejarlo al mejor postor por parte de pandillas de alto impacto, es en buena parte la explicación al enorme número de ejecuciones ocurridas en el estado de Puebla”

Y apuntó que con Andrés Manuel López Obrador, la plaza poblana experimentó el relevo de Los Zetas por CJNG, proceso que comenzó lentamente desde 2017.

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¿Y qué nos dice la inteligencia militar de este país sobre la situación en Puebla?

Bueno, encontré un reporte de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el archivo de Guacamaya que resume los liderazgos del crimen organizado en Puebla, al menos hasta principios del 2021.

Esto dice:

Los Zetas. Mantienen presencia mayoritaria en Puebla, así como en límites con los estados de Veracruz y Tlaxcala, a través de una facción denominada Nueva Sangre Zeta, encabezada por Roberto de los Santos de Jesús (a) Bucanas y/o Bukanas, con zona de operación en los municipios de Acajete, Acatzingo Amozoc, Quecholac, Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, San Salvador Huixcolotla, Tecamachalco y Palmar de Bravo, con actividades delictivas de extracción ilegal y comercialización de hidrocarburo, secuestro, extorsión en su modalidad de cobro de piso, así como robo a transportistas de carga y ferrocarriles.

La célula liderada por Jalit Cano Parra (a) el Mamer, presuntamente vinculada al grupo de Los Zetas, dedicada al secuestro, tráfico de droga, robo de hidrocarburo y transporte de carga, mantiene su base de operaciones en Tepeaca y presencia en los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Cholula. Para su operación emplean caminos de primer y segundo nivel que conectan los municipios de la zona norte y sur de la entidad y la autopista Puebla – Córdoba. Jalit Cano Parra (a) el Mamer fue detenido (28 de enero de 2021) en el municipio de Hueytamalco, en la Sierra Norte por elementos de la SEIDO y la Guardia Nacional.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En noviembre de 2017 se identificó el ingreso de esta organización en la entidad, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes (a) el Mencho, quien a través de Antonio Martínez Fuentes (a) el Toñín, opera en los municipios de Acajete, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo, Puebla, San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán (San Andrés Chalchicomula), Yehualtepec, Los Reyes de Juárez, Tecamachalco, Tepeaca, Tehuacán y Cañada Morelos.

En la entidad se localiza la célula dirigida por Omar Jonathan López (a) el Negro, franquicia del CJNG que controla la piratería y el narcomenudeo en la zona norte y oriente de la capital del estado (tianguis de La Cuchilla, los mercados La Unión y el Hidalgo, principales zonas de venta de droga). Asimismo, el Negro se considera como el operador del CJNG en Tlaxcala.

Los Sinaloas. Célula vinculada al Cártel de Sinaloa o del Pacífico, opera en la zona metropolitana de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, y se dedica a la distribución y venta de droga en bares y centros de diversión. Tras las detenciones de sus líderes Alejandro Z. (a) el Cachorro y Gerardo H. (a) el Jerry (15 de mayo 2020), así como de Jorge David V. (a) la Bruja (11 de agosto de 2020), no se han identificado liderazgos visibles.

Los Croquis. Célula dedicada a la distribución y venta de droga en la capital del estado, es liderada por Abraham de Jesús Hernández Coyote (a) el Croquis, con zona de operación en las colonias Villa Frontera, Aparicio, Solidaridad, Malintzi, López Mateos, zona centro y su bastión es el Mercado Unión.

Juan Lira Maldonado (a) el Moco. Identificado como líder de una célula de robo de hidrocarburo y distribución de droga en la Sierra Norte: Ahuazotepec, Chignahuapan, Zacatlán y Aquixtla, tiene relación con Óscar García Téllez (a) el Loco Téllez. Lira Maldonado es señalado por, presuntamente, apoyar económicamente a candidatos a puestos de elección popular en Hidalgo en los pasados comicios y fue detenido el 1 de octubre, en el municipio de Chignahuapan por elementos de la Policía Estatal.

En San Martín Texmelucan, Tlahuapan, Coronango y San Matías Tlancaleca, Óscar García Téllez (a) el Loco Téllez lidera una célula con actividades delictivas de robo de hidrocarburo, secuestro, robo en sus diversas modalidades y narcomenudeo. Derivado de la presencia del CJNG, la célula de “el Loco Téllez” incursionó en Huauchinango, Tlacuilotepec, Venustiano Carranza y Xicotepec (Sierra Norte). Esa célula cuenta con una base social que lo apoya en las comunidades donde opera debido a la entrega de dádivas económicas, y entre sus operadores principales se encuentran los hermanos Juan (a) el Tarado, y Liliana Roldan Téllez. Sin embargo, el 28 de junio de 2020, la Fiscalía General de Justicia de Puebla con apoyo de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, detuvieron a García Téllez en el municipio de Apizaco, Tlaxcala y fue trasladado al Centro de Mediana Seguridad de Reinserción Social (CERESO) de Tepexi de Rodríguez.

Ahí tiene a los generadores de violencia en la entidad, a los que tienen las calles llenas de levantones y ejecuciones, según el reporte fechado en febrero del 2021.

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Foto: Wikimedia Commons

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