Ana* cuyo nombre fue cambiado para protección, una trabajadora del Poder Judicial de Puebla, denunció ser víctima de acoso laboral por parte del juez en donde fue recién asignada y que tras presentar su queja al Consejo de la Judicatura, el organismo decidió moverla a otro juzgado a varios municipios de distancia.

Los malos tratos de los que ha sido objeto, cuenta la mujer a este portal, iniciaron desde abril de 2023 cuando llegó a la Sala de Ejecución de Sentencias Penales y Medidas de Seguridad, bajo la ponencia del juez Domingo Alberto Bagatella Bermúdez. 

En cuanto se puso a disposición del juzgado, Bagatella le recordó algunos procedimientos previos que ella le pedía cuando estaba en otra posición y que le molestaban al juez.

Eso fue sólo el inicio, a partir de ese momento el juez comenzó con el acoso laboral ignorando a la trabajadora.

También puedes leer: La grave crisis en el Poder Judicial 

Ana cuenta que los martes, miércoles y jueves, que eran los únicos días que el juez Bagatella acudía a la sala, cada secretario o secretaria debía presentarle el trabajo realizado (los acuerdos redactados) para que los revisara y firmara, pero a Ana no se los firmaba, aunque la hacía que se esperara hasta el final. Los únicos acuerdos que lograba sacar eran los temas urgentes y los amparos.

La secretaria de acuerdos también se percató que a sus escribientes auxiliares, los dos hombres, sí los recibía y los escuchaba para sacar los pendientes. Habló con otras dos compañeras y ambas eran objeto de acoso laboral como ella. Fue que decidió informar de la situación al administrador de la sala, Enrique Espinosa Siliceo, quien le recomendó interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura, incluso la acompañó.

Acoso se agravaba tras queja contra juez

El día que interpondrían la queja, el 19 de mayo de 2023, una de sus compañeras decidió no hacerlo por miedo a represalias y tenía razón, a partir de ese momento el juez Bagatella dejó de firmarle cualquiera de los acuerdos, incluso los urgentes, y a ignorarla totalmente: si Ana le hablada no respondía, veía su teléfono o por la ventana, tampoco la dejaba entrar a las audiencias.

Además, le decía se callara cuando él hablara, que ella no sabía nada y que los secretarias no mandaban allí, esto logró grabarlo y presentarlo como prueba.

El 16 de junio de 2023, Ana amplió su queja ante la Unidad de Derechos Humanos y de Género del Consejo de la Judicatura. En el documento entregado y del cual LADO B tiene una copia, la trabajadora dejó constancia de que Domingo Alberto Bagatella “ha realizado actos que resultan en una falta de respeto a mi persona, ya que el trato laboral no es igual con todo el personal a su disposición” y viola sus derechos humanos al gritarle y humillarla a ella y a otras compañeras.

En respuesta, el Consejo de la Judicatura determinó enviarla a Izúcar de Matamoros como una medida cautelar, lo cual para Ana es no sólo injusto, sino una violación a la propia ley.

En el oficio donde se le notifica que el cambio se debe a una medida cautelar, se cita el artículo 82 fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, pero allí se menciona “siempre que exista causa justificada y observando el principio de presunción de inocencia”, es decir, entendiéndose que es hacia la parte acusada.

—Yo me sigo sintiendo victimizada. No hubo justicia, ni la hay, ni la ha habido, porque yo sólo pedía un cambio, pero que fuera equitativo a como yo estaba—, dijo Ana.

Lo peor de todo es que su cambió de adscripción la alejó de sus dos hijos menores de edad, de 15 y 16 años, quienes viven la mayor parte de la semana solos. También hubo graves repercusiones económicas en la familia, porque Ana tiene que rentar un cuarto en Izúcar de Matamoros y comprar comida para dos hogares.

Se incumple norma de igualdad

El acoso laboral y posible discriminación de género de la cual fue objeto Ana serían contrarías a la Política de Igualdad Laboran y No Discriminación, de la cual el Poder Judicial logró una certificación de diciembre de 2018 a diciembre de 2022.

Dicha certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) comprometería del Poder Judicial de Puebla, según consta en su propia página, a impulsar acciones en defensa de los derechos humanos del personal; eliminar la discriminación por cualquier motivo, incluyendo, por sexo o género; generar un ambiente libre de cualquier violencia y prohibir el maltrato, violencia y segregación de las autoridades hacia y entre el persona. En el caso de Ana, nada de esto se cumplió.

El actuar del Consejo de la Judicatura, al cual se le pidió entrevista sobre el tema y hasta el momento no ha respondido, tampoco cumplió con el Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se indica que las medidas de protección que se dicten serán “con la finalidad de garantizar la protección de la presunta víctima en el centro de trabajo”.

Para ello se aconsejan algunas modificaciones de conducta, como:

• Cursos y talleres de sensibilización y concientización sobre la igualdad de género y violencia laboral para la persona agresora.
•  Acciones de sensibilización al área afectada por las conductas de violencia laboral.
• Reubicación física o cambio de área de la víctima o persona agresora, según se considere conveniente.
• Cambio de horario de la víctima o persona agresora.
• Terminación de la relación laboral de la persona agresora con el centro de trabajo.
• Otras medidas, que se consideren para la modificación de la conducta, incluyendo el apercibimiento privado a la persona agresora.

Para Ana lo ideal hubiera sido cambiarla de ponencia o mandarla a otro juzgado dentro de la ciudad de Puebla, ya que ella misma solicitó una medida de restricción para que el juez Bagatella no la siguiera violentando. Ahora sólo le queda esperar que se resuelva un amparo que interpuso por el cambió de adscripción o que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se decida a aceptar su queja.