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Vivos se los llevaron, vivos los queremos
Antonio y Ricardo se trasladaban de Aquila a Colima, después de una asamblea en la que habían tratado temas relacionados con la minera de hierro Las Encinas. Un día después, su camioneta apareció con impactos de arma de fuego, abandonada.
Por Espacio Ibero @
07 de marzo, 2023
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Dra. Valentina Campos Cabral | Ibero Puebla

En un contexto nacional de violencia creciente contra los defensores ambientales, periodistas y religiosos, ocurrió justamente hace un mes, la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos, el ambiente y el territorio: Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, en el Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima.

Antonio Díaz Valencia, de 71 años. Profesor, líder e integrante de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila. Defensor de derechos humanos y candidato a la presidencia del comisariado ejidal. Por muchos años ha representado a su comunidad en las negociaciones con las empresas mineras.

Ricardo Arturo Lagunes Gasca, 41 años. Abogado y un reconocido defensor de los derechos humanos. Ha acompañado a la comunidad de Aquila en las negociaciones sobre la operación de la mina Las Encinas, por sus efectos ambientales, sociales y a la salud de la población. De hecho, por su actividad profesional, contaba con medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

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Antonio y Ricardo se trasladaban de Aquila a Colima, después de una asamblea en la que habían tratado temas relacionados con la minera de hierro Las Encinas. Un día después, su camioneta apareció con impactos de arma de fuego, abandonada.

Por treinta años, los habitantes de Aquila, comunidad nahua donde el 80% del territorio es comunal, han luchado en contra de la explotación de sus tierras; han denunciado el clima de descomposición social y los daños ambientales generados por el ingreso de las empresas mineras, a lo que se suma la minería ilegal, sin concesión o permiso de los pobladores.

El clima de tensión que se vive en la comunidad por la actividad minera, en particular, las disputas por la distribución de los recursos, ha generado la presencia de dos grupos, uno de los cuales liderea Antonio, asociado al respeto de los derechos comunitarios y otro proclive a la actividad minera.

Días previos, en medios de comunicación regionales, autoridades comunales habían denunciado a la empresa Ternium, concesionaria de la mina de hierro Las Encinas, por no cumplir con los compromisos acordados con los comuneros desde el 2012. ¿Cuáles eran éstos? Construir una clínica, dos puentes peatonales, dar mantenimiento a brechas vecinales y reforestar periódicamente por los daños ambientales que ocasionaba la mina en el río Aquila y los alrededores de la mina.

Ante la desaparición de Antonio y Ricardo, en días recientes, la fiscalía de Michoacán ha emprendido como medida extrema, el ofrecimiento de 500 mil pesos como recompensa para obtener algún dato que lleve a su paradero. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió este 22 de enero, la Resolución 1/2023 otorgando medidas cautelares para Ricardo y Antonio, por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

El gobierno federal ha anunciado acciones coordinadas de búsqueda, mediante la implementación de un protocolo homologado entre autoridades encabezadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Mecanismo de protección para las personas defensoras de DH y periodistas, autoridades de los gobiernos estatales y municipales. Por su parte, los familiares, exigen que la empresa minera Ternium se pronuncie y actúe a favor de la aparición con vida de Antonio y Ricardo, dado que es un actor con gran poder regional.

Como parte de la avalancha de solidaridad nacional e internacional, nos sumamos a la exigencia a los diversos niveles y tipos de autoridad, para que pongan todos los medios a su alcance y se localice con vida a Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca.

Es impostergable que se entienda que, como parte de los desafíos socioambientales de nuestro país, debe frenarse la violencia, respetarse la vida y el derecho a la defensa del ambiente y territorio de las poblaciones, sin amenazas, restricciones e inseguridad, como lo resguarda el Acuerdo de Escazú.

La autora es académica de la Universidad Iberoamericana Puebla.

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