La transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supone un avance más en la profundización de la militarización de la seguridad pública de nuestro país e incrementa el riesgo en la protección de los derechos humanos y en los contrapesos dentro del sistema democrático.

La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, particularmente desde el año 2006 bajo la llamada “guerra contra el narcotráfico”, se ha caracterizado por los altos índices de letalidad en los enfrentamientos contra civiles, por las reiteradas violaciones a derechos humanos (ver: Poder militar del Centro Prodh) y por un régimen de opacidad y discrecionalidad que no garantiza la rendición de cuentas y el acceso a la verdad, generando un espacio propicio para la impunidad en el actuar castrense. Elementos que pueden traspasarse al actuar de la Guardia Nacional en este nuevo escenario.

El aval dado por el Congreso de la Unión hace unos días para el envío de la Guardia Nacional a la Sedena y la casi probable –al momento de redactar estas líneas falta que el Senado vote la propuesta de Reforma Constitucional– permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, que implican mayor control y participación del Ejército y la Marina en las calles, coincide con el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyo esclarecimiento es una de las principales promesas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en torno al cual se ha ido evidenciando la opacidad en la que operan las Fuerzas Armadas.

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Si bien se ha dicho que, aún con los cambios, la Guardia Nacional estaría sujeta al mando civil porque las Fuerzas Armadas tienen como su principal comandante al presidente de la República, el Caso Ayotzinapa es una muestra de lo complicado y complejo que es que estas rindan cuentas de su actuación, aún cuando exista un mandato presidencial de por medio para permitir el acceso a documentos e información clave para el conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero.

En los últimos informes presentados tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), ha quedado en evidencia que la participación tanto del Ejército como de la Marina en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre y en las acciones de investigación, ha sido mayor a lo que originalmente se había informado. 

En el caso del Ejército, la participación del personal del 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, fue más allá de la sola observación de los hechos, se trató de una participación activa, a tal grado que el General en retiro José Rodríguez Pérez, entonces comandante de la unidad militar, ha sido detenido y acusado presuntamente del asesinato de seis estudiantes normalistas; mientras que en el caso de la Marina, ha quedado en evidencia que hubo una intervención directa en el basurero de Cocula, escenario principal de la llamada “verdad histórica”, que deja más dudas sobre la trascendencia de su participación en las horas previas a los primeros “hallazgos” oficiales.

El esclarecimiento del caso Ayotzinapa supone uno de los principales retos de la administración lopezobradorista no solo de garantizar el acceso a la verdad en lo que la propia COVAJ ha calificado como un Crimen de Estado, si no en la capacidad del poder civil, particularmente del titular del Ejecutivo, de llamar a rendir cuentas (con sanciones de por medio) al poder militar, frente a un contexto donde se le ha dotado a las Fuerzas Armadas mayor participación en tareas que corresponderían a la administración civil.

La transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena no es una noticia alentadora. A 16 años de una estrategia de seguridad fallida, la profundización de la militarización supone un riesgo latente en términos democráticos. Es fundamental que las autoridades civiles -de los tres niveles de gobierno- no sólo hagan su tarea de fortalecer a las policías civiles, sino también de generar un espacio transparente que garantice la rendición de cuentan en las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas. La opacidad y la militarización no deben ir de la mano.