Los méritos de la aprobación de la Ley Agnes, y la reforma al Código Civil que permite el matrimonio igualitario en Puebla, pertenecen únicamente a activistas y familiares de personas LGBTTTIQ+. En esas rutas de intenso trabajo se encontraron muchos obstáculos puestos por el Estado, siendo la falta de reconocimiento a la existencia de estos grupos, el mayor de ellos.

Y es que la validación de los derechos humanos para personas de la diversidad no ha sido esencialmente una prioridad para el Estado. Esta resistencia se ha mantenido como una postura parcial y segregatoria en contra de estos grupos sociales, asegura el activista Tuss Demian Fernández Hernández, en entrevista con LADO B.

Por ello, aunque esos logros recientes hayan sido acompañados principalmente por legisladoras y personas aliadas de la comunidad, la verdadera apuesta tendría que ir hacía la ocupación de los cargos públicos en los que se toman decisiones, por parte de gente perteneciente a las poblaciones LGBTQ+, detalla.

Se limita la representación política

En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ no tiene representatividad política, al menos no en ninguno de los tres poderes del Estado. En consecuencia, la tarea de llevar las necesidades de dicha comunidad al ámbito político se hace aún más complicado sin alguien que respalde sus necesidades en estos organismos, añade Fernández.

Y es que esa falta de representatividad no es por falta de interés, ni mucho menos por falta de voluntad de las disidencias por ocupar puestos de toma de decisiones, declara ​​Ana Laura Gamboa Muñoz, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (Idhie) de la Ibero Puebla, a LADO B. 

Históricamente, el Estado ha negado derechos a esas poblaciones, y uno de ellos, asegura, ha sido el de la participación política. Por ello, el Estado debe ser quien proteja y garantice la representación de esas comunidades, de sus vivencias, miradas y sentires, insiste.

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En ese contexto, Tuss Fernández coincide sobre esa necesidad de representación política: “Necesitamos estar en los puestos de toma de decisiones y el Estado tiene que encargarse de eso, para que tengamos la oportunidad de abrirnos estos espacios; (…) hay una responsabilidad del Estado que no ha permitido la inclusión de las personas [de la comunidad LGBTTTIQ], y nos deja en una posición marginada, en la que no tenemos acceso ni garantía de nuestros derechos”, indicó en entrevista para LADO B.

Para ponerlo todo en contexto, y hablando solo de la comunidad trans, en todo el país únicamente hay dos diputadas que pertenecen y representan los intereses de la comunidad trans en una soberanía legislativa. Las diputadas y activistas Salma Luévano Luna (Aguascalientes) y María Clemente García Moreno (Ciudad de México), tomaron protesta desde agosto de 2021 en la cámara baja federal. Ningún otro congreso en México tiene en sus filas a personas de la comunidad trans.

Partidos ignoran a comunidad LGBTQ+ en sus designaciones

Foto: Marlene Martínez

La tarea de garantizar la representación de la ciudadanía, corresponde en primera instancia a los partidos políticos, cuenta por su parte, Roberto Rosete Guzmán, del Idhie, cuyos procesos de designación son insuficientes especialmente para los grupos minoritarios: “Las estructuras dominantes se siguen replicando dentro de los partidos y, posteriormente, en los puestos públicos”, denuncia.

Tan sólo en los últimos comicios, no existió ningún perfil que representara los intereses de las comunidades LGBTQ+ que tuviera oportunidades reales de ganar, indica, ya que fueron los mismos partidos políticos quienes pusieron obstáculos para limitar el acceso a perfiles que representaran a las las poblaciones de la diversidad en sus planillas, por separado.

Incluso, narra Fernández, se buscó que el Instituto Electoral del Estado (IEE) reconociera las postulaciones de las disidencias como cuotas diferenciadas de representación en las candidaturas. 

Como resultado, el Consejo General del organismo determinó en marzo de 2021 cuáles serían las obligaciones que los partidos tendrían que instaurar en ese proceso electoral, respecto a acciones afirmativas referentes a la inclusión de grupos socialmente vulnerables.

En el acuerdo CG/AC-028/2021 se determinó que los partidos políticos tenían que incluir al menos, una fórmula de candidaturas integradas por personas de la comunidad LGBTQ+. Y aunque dicha acción se estableció como obligatoria, muchos partidos omitieron buscar perfiles idóneos que representaran las agendas de las disidencias y la mayoría de los casos, muchas candidaturas ni siquiera eran LGBTQ+, recalca.

Al respecto, LADO B habló con la activista y ex aspirante a regidora por Morena, Romina Rosales Galván. Ella asegura que ningún partido en Puebla incluyó genuinamente perfiles de la comunidad LGBTQ+, siendo más bien esta acción, una oportunidad para que los partidos no fueran transparentes, indica.

Asegura que dichas acciones fueron ocupadas por perfiles desconocidos, esto gracias a que los partidos se negaban a revelar sus nombres, amparándose en el derecho a la privacidad: “Los partidos no revelaron quienes ocupaban esas acciones afirmativas, presuntamente por derecho a la identidad y privacidad (…) [Incluso], muchos hombres cisgénero se presentaron como mujeres trans. (…)”, denuncia.

En ese tenor, criticó además, que tampoco el IEE haya verificado que las candidaturas dadas bajo esa acción afirmativa, se hayan dado a cualquier persona sin conocer su identidad, trabajo por la comunidad o tan siquiera garantizar si efectivamente tenían pertenencia a las comunidades LGBTQ+ –factor decisivo en la designación de estos perfiles–.

La activista lamenta que los partidos políticos en Puebla hayan ignorado buscar perfiles de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, y en su lugar, decidieron cooptar las candidaturas destinadas a la comunidad, con gente indiferente a las necesidades reales de las personas LGBTQ+: “[Todos] los partidos políticos hicieron hasta lo imposible por no permitir [esas] acciones afirmativas; [porque], aunque se lograron esas acciones, ellos [les dieron] la vuelta y eso es juego sucio”, insiste.

Y aunque Rosales confiesa que le hubiese gustado representar una de esas acciones en su partido (Morena), ella defiende que la decisión de dejarla fuera de ese proceso fue por pura estrategia política en razón de los pocos lugares que había disponibles y la gran cantidad de perfiles que aspiraban a ella, y no por falta de voluntad de esa organización partidista.

La agenda pendiente

Foto: Marlene Martínez

Pese a que los estatutos aprobados recientemente en favor de la comunidad LGBTTTIQ+ en la entidad simbolizan grandes logros para el activismo, esto reconoce apenas los derechos mínimos básicos, por lo que el Estado guarda grandes pendientes en relación al bienestar de las disidencias, declara Gamboa Muñoz.

De acuerdo con Tuss Fernández, algunos de esos pendientes son: garantizar el derecho a la participación política y ciudadana que aseguren el respaldo de las agendas de las poblaciones diversas; y acercar el conocimiento sobre derechos de las personas LGBTTTIQ+ a los lugares lejos de las ciudades capitales, ya que muchas veces, esta información está centralizada, y las disidencias fuera de ellas, son vulneradas, reconoce. 

Sobre todo, enfatiza el activista, deben modificarse las estructuras institucionales que históricamente han vulnerado a la comunidad LGBTTTIQ+. Una de esas estructuras, es el sistema educativo, afirma. 

Por ello, recalca la urgencia por garantizar ambientes libres de violencia para las infancias: “No existe un protocolo para prevenir la violencia en contra de las personas LGBTQ+ (…), cualquier chavito afeminado, cualquier morrilla lesbiana o cualquier persona trans es fácilmente discriminada en las escuelas y no pasa nada. Y eso termina en deserción escolar, lo que posteriormente genera precarización y discriminación laboral”, entre otras consecuencias, afirma.

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Por su parte, la activista poblana Cinthia Gabriela Chumacero Rodríguez, declaró en entrevista para LADO B que la agenda que actualmente preocupa a la comunidad trans, específicamente, se enfoca en la necesidad de reformar la Ley Estatal de Salud para garantizar el acceso a servicios de salud dignos para mujeres y hombres trans; robustecer la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y la implementación de políticas que apoyen a personas trans, especialmente las personas adultas mayores, señala.

Por último, Gamboa Muñoz señala que el Estado no puede seguir siendo servicial a sus intereses partidistas, éste debe ser garante del respeto y defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía: “Los derechos humanos tienen que estar siempre en progresividad y las acciones no pueden estar ligadas al partido político en sí, tienen que estar regidas por la promoción y la defensa de los DDHH. Los derechos de las personas LGBTTIQ+ no son negociables”, declara.

*Foto de portada: Ámbar Barrera