Aunque tipificar los delitos en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ permitiría visibilizar las violencias ejercidas por odio, esto es insuficiente si el Estado sigue resistiéndose a reconocer la existencia de todas las identidades y cuerpos no heteronormados y sus derechos humanos. 

Específicamente sobre los asesinatos de personas de la comunidad LGBTQ+, Mónica Ponce, de la colectiva El Taller, A.C, afirma que el Estado, a través de su sistema de impartición de justicia y aparatos burocráticos, ejerce una pesada carga de odio y culpa contra las propias víctimas: “No solo te matan físicamente (…) vienen un montón de muertes encima”, señala.  

Por ello, aunque la urgencia por nombrar los ilícitos es latente, Mónica admite que el Estado, en complicidad con la sociedad odiante, ejerce violencia sin cesar contra las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, de forma sistemática, especialmente aquellas con cuerpos feminizados; y esta realidad no cambiaría mucho si solo se tipifica el delito así sin más, afirma.

Puebla no reconoce agresiones contra comunidad LGBTTIQ+

Foto: Carina Mata

Actualmente, no existe dentro del marco normativo estatal un precepto que identifique, oriente la investigación y sancione los ilícitos ejecutados a alguien en razón de odio por su identidad de género y orientación sexual, específicamente.  

Apenas el artículo 323 del Código Penal del Estado de Puebla fija como calificativo de homicidio en razones de odio, la orientación sexual de una persona, pero no su identidad de género, no obstante, muchos de estos casos son vertidos en generalidades y en la mayoría de ellos, no se reconoce su identidad y se vulneran sus derechos desde el principio.

Esto se debe, en gran medida, a la carencia de protocolos adecuados para el tratamiento de los casos en los que las personas de la comunidad LGBTTIQ+, son las víctimas, asegura Roberto Rosete Guzmán, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (Idhie) de la Ibero Puebla.

Estos protocolos son fijados por las fiscalías y ministerios públicos de cada estado, reconoce. En Puebla, existen los protocolos para la Atención de Mujeres Víctimas del Delito y de Atención a Víctimas de Violencia, sin embargo, en ninguno de ellos se establece la ruta de acción que las y los funcionarios de estas instituciones, deberían ejecutar en torno a estos crímenes de odio a la comunidad LGBTTTIQ+.

Estos vacíos legales sólo provocan que se revictimice y deje en desamparo a las víctimas y sus familias, declara. 

Por ello, asegura que tipificar estos delitos “permitiría visibilizar la reproducción de la violencia por la identidad o expresión de género a lo largo del sistema de justicia [pues] en ocasiones, las autoridades no tienen el trato idóneo, se revictimiza y se cuestiona a las víctimas y sus familias”. Estas prácticas se acentúan en personas LGBTTTIQ+, afirma.

Pero recalca que no se trata “solo de tipificar, hay que capacitar, sensibilizar y transversalizar el sistema de justicia con enfoque de género, derechos humanos y diversidad”, pues históricamente el modelo de justicia penal “ha servido como aparato de encarcelamiento de poblaciones que no se encuentran dentro del modelo heteronormado”, asegura.

En la entidad no existe un conteo oficial sobre ilícitos ejercidos contra personas trans y de la diversidad sexual (producto de esa misma falta de tipificación), no obstante, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, reporta que de 2019 a 2021 se han reportado al menos, siete asesinatos en contra de la comunidad LGBT+ en el estado.

Se necesita atender el problema de raíz

Foto: Leo Herrera

Esfuerzos como la integración de la Unidad Especializada para la comunidad LGBTTTIQ de la Fiscalía General del Estado sirven de poco si las demás instituciones del Estado siguen replicando modelos misóginos que violentan y revictimizan a las personas de la diversidad, asegura Ana Laura Gamboa Muñoz, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género del Idhie. 

“[Cuando se tipifica], no hay una reducción en la comisión de estos delitos, pero hay que trabajar las violencias estructurales que están generando este tipo de homicidios”, externa.

Para Tuss Fernández, la tipificación debe implementarse a la par de medidas que permitan una verdadera inclusión; de otra forma, el personal de las fiscalías, ministerios públicos, juzgados y de seguridad ciudadana no tendrían capacitación y sensibilización en la materia, y muy seguramente las violencias seguirían replicándose sin cambio alguno.

Fernández puntualiza que el incluir leyes y más leyes, sin que estas garanticen un sistema seguro y armónico para la comunidad LGBTQ+, solo se convertirán en remedos constantes e interminables: “Se están poniendo parches y no va a haber vida que nos alcance para ir tapando todos esos hoyos”, asegura.

Cuerpos feminizados, los más vulnerables

Foto: Olga Valeria Hernández

En lo que va de 2022, México ha registrado un atroz incremento en agresiones en contra de mujeres lesbianas y mujeres trans. 

Primero, una pareja de lesbianas fue agredida por una mujer en Ciudad de México; días después, la activista Natalia Cruz, mejor conocida como Natalia Lane, fue atacada con un arma punzocortante; en Ciudad Juárez, Chihuahua, Tanía y Nohemí, fueron asesinadas; además, por si eso fuera poco, los discursos de odio generados por funcionarios públicos continúan al alza sin que haya sanción alguna, como ha ocurrido con América Rangel y Gabriel Quadri, ambos legisladores del PAN. 

Gamboa Muñoz asegura que se requiere tener la voluntad de proveer de esquemas regulatorios en todos los aparatos del Estado, principalmente para sensibilizar y adaptarse a las necesidades de las personas, y no únicamente de quienes quepan en una visión cis heteronormada. Estas violencias se replican especialmente en los cuerpos feminizados, confiesa.

La especialista de la Ibero sugiere que las instituciones que tienen el primer contacto con las víctimas y sus familiares, como son las fiscalías y ministerios públicos, deban adaptar sus protocolos de investigación a las condiciones reales de la población.

Un ejemplo, asegura, puede ser el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de ONU Mujeres. Ahí, se contemplan los pasos que deben seguirse en casos de violencia de género, contando con un apartado específico para personas trans, con perspectiva y apego a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

De acuerdo con Gamboa Muñoz, este modelo puede homologarse con las normas regulatorias que existen en el estado, sin que necesariamente tengan que reformarse las leyes, indica.

*Foto de portada: Marlene Martínez