Alejandro Arteaga Saucedo del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense* | A dónde van los desaparecidos

El informe sobre la crisis forense que el pasado 26 de agosto presentó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)¹, detalla las fallas sistemáticas cometidas durante los últimos quince años por las instituciones forenses estatales y federales, que han impedido  la identificación de más de 52 mil personas, cuyos cuerpos pasaron por anfiteatros y la mayoría fueron enterrados en fosas comunes.

Entre esos 52 mil cuerpos sin identidad puede estar el paradero de un importante número de personas desaparecidas que, al día de hoy, en México suman casi 92 mil.

Las causas de la crisis forense son muchas, pero se pueden resumir en dos grandes grupos:

1) El incremento sustancial en el uso de la fuerza como mecanismo para obtener el monopolio del poder (sea por grupos criminales, el Estado o una combinación de ambos), que se refleja en la gran cantidad de homicidios² (362 mil 463 entre el 2006 y el 2020) y en el número de personas desaparecidas y no localizadas³ (70 mil 089 entre 2006 y el 2020);

2) La falta de respuesta proporcional a la emergencia por parte de las autoridades, que se exhibe en la poca inversión presupuestal en los servicios médicos forenses del país, la falta de personal calificado, las  prácticas poco profesionales  e indignas,  el uso de  tecnología desactualizada para la gestión de información y para el seguimiento del resguardo de las personas fallecidas no identificadas.

Uno de los aciertos del informe del Movimiento es que aborda la crisis forense desde una perspectiva histórica y geográfica, y pone a disposición de familiares y acompañantes las respuestas otorgadas por las autoridades a las 39 solicitudes de acceso a información pública y los 13 recursos de revisión tramitados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Con esta iniciativa se facilita el conocimiento público de los datos y su análisis por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas, autoridades, académicos, periodistas y acompañantes solidarios.

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En busca de respuestas sobre el paradero de nuestras personas desaparecidas, la prioridad debe ser su búsqueda en vida. Sin embargo, sabemos que lamentablemente muchas han sido localizadas sin vida en fosas clandestinas,  continúan bajo resguardo en las morgues o fueron inhumados irregularmente en fosas comunes de cementerios municipales.

Por eso, familiares y colectivos se han dado a la tarea de dar seguimiento a los procesos de identificación humana que se llevan a cabo en  las instituciones forenses de los estados y el federal, dependiente de fiscalías o procuradurías.

Los datos generados por el informe, junto con los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permiten vislumbrar la compleja realidad de las desapariciones y asesinatos de personas en nuestro país, así como de los cuerpos no identificados (Figura 1).

En primer lugar, muestran que la crisis no es homogénea en todo el territorio nacional. El sur y sureste mexicano presentan valores bajos y relativamente proporcionales en cuanto al número de personas desaparecidas, homicidios y cuerpos  sin identificar. Estas regiones están integradas por los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Algo similar, pero con un mayor número de personas desaparecidas, ocurre en el centro norte y parte del occidente, en entidades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Durango y Nayarit.

En segundo lugar, la crisis de violencia se agrava principalmente en la frontera con Estados Unidos, el occidente y la zona centro, además de las costas del golfo y pacífico, con excepción de Baja California sur, que parece no enfrentar esa situación.

Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Puebla ponen de manifiesto el reciente incremento en la violencia, al haber más homicidios y personas reportadas como desaparecidas, que el número de personas fallecidas cuyos cuerpos siguen sin ser identificados.

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*Alejandro Arteaga Saucedo es arqueólogo forense, miembro de la Asamblea de Coordinación del GIASF, desde 2016 ha colaborado en la impartición de talleres sobre arqueología forense con colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. La sección Con-Ciencia está escrita por sus integrantes, personas expertas invitadas y estudiantes asociados a los proyectos. La opinión vertida es personal, no necesariamente refleja la opinión del grupo. (Ver más en: www.giasf.org)

*Foto de portada: A dónde van los desaparecidos