El viernes pasado la nota llegó a los medios y saltó a Twitter: un juez federal había ordenado la detención de Victor Manuel Álvarez Puga, un conocido abogado fiscalista que ya había sido investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por impulsar esquemas de defraudación fiscal empresarial a través de simular relaciones laborales. Me explico: el despacho de Álvarez Puga constituía cooperativas y mecanismos similares para integrar ahí a los trabajadores y hacerlos “socios” de la compañía y con eso evadir pago de utilidades y aportaciones laborales. En aquella ocasión la denuncia que interpuso el IMSS al darse cuenta de la defraudación no prosperó.
La nota en redes empezó a crecer por un detalle en particular, la orden de detención incluía a la esposa de Álvarez Puga, una conocida conductora televisiva que hizo carrera en el mundo del espectáculo, en particular en el programa Ventaneando: Inés Gómez-Mont.
A la pareja se le acusa por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, y se estima que pudieron participar en el desvío de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El portal Animal Político explicó el pasado viernes que “de acuerdo con una investigación de autoridades federales, Álvarez Puga, Gómez-Mont, y su hermano Alejandro Álvarez Puga están implicados en una gran trama delictiva en la cual se utilizaron decenas de compañías fantasma para, entre otras cosas, facilitar a terceros la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero”.
La operación que iniciaron la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Fiscalía General de Justicia fue nombrada “Caso Querubines” (ja) y encontró que, según Animal Político: “los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que dependía de la Segob en el sexenio pasado, a la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. Esta empresa fue calificada por la Secretaría de Hacienda como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, se trata de una compañía “facturera””.
“Los contratos, que suman 2 mil 950 millones de pesos, fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante cinco años alegando motivos de seguridad nacional”.
“Ambos contratos son considerados fraudulentos por la autoridad hacendaria, al detectar que hubo simulación de competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y hasta la presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales”.
Los Álvarez Puga Gómez-Mont no están en México, andan prófugos y ya se tramita una ficha roja con la Interpol para que los busquen fuera del país. Esa historia no ha hecho más que comenzar.
A ver, vamos por partes. ¿Fueron Moreno Valle o Martha Ericka quienes ordenaron la constitución de empresas fachada para mover dinero en la campaña o durante sus administraciones? ¿Fue Gali o Banck quiénes constituyeron las decenas de empresas de papel que han aparecido en los contratos que el gobierno municipal tuvo entre 2014-2018? Pongamos que sí, que ellos y ella ordenaron eso, pero alguien tuvo que encargarse de la operación, de conseguir datos personales de personas con pocas posibilidades de reaccionar jurídicamente (porque en la mayoría de los casos se ha detectado robo de identidad), comprobantes de direcciones falsas, casas abandonadas o despachos, y luego conseguirse un fedatario (sea notario o corredor público) para constituir las empresas. En el proceso hay varios ilícitos, lo que obliga a que la operación sea llevada con mucho cuidado y sigilo para no involucrarse directamente.
La otra opción es contratar ese servicio a alguien más, un despacho como el de Álvarez Puga, por ejemplo.
¿Hubo en Puebla despachos que vendieron esos servicios? Esa es, de momento, una de las grandes dudas por resolver. La otra es: ¿Qué pasaba en el edificio de garigoleada fachada que se levanta en el circuito interior?
