El fraccionamiento La Concepción Buenavista es un fraccionamiento cerrado, de esos que empezaron a brotar en la ciudad y la zona metropolitana de Puebla en las últimas tres décadas. Es un espacio bardeado que protege a unas cuantas familias de alto poder adquisitivo del rugido urbano y los problemas cotidianos de la ciudad, pero hoy una calle, una vía pública que cerraron ilegalmente los tiene contra las cuerdas.
Y los tiene ahí porque desde hace años el ayuntamiento de San Andrés Cholula (sí, el fraccionamiento ya está del lado de San Andrés) ha hecho caso omiso a las peticiones y resoluciones legales para abrir al tránsito la calle Tercera Sur.
Acá la calle del conflicto.
Puntualicemos, quienes se han negado a abrir las rejas que impiden el tránsito por la calle han sido los ayuntamientos panistas, el único que abrió –momentáneamente– las rejas fue el gobierno que encabezó la morenista Karina Pérez Popoca (y algunos vecinos acusaron de ilegal la acción, vaya cosa).
Pero vamos por partes. La Concepción Buenavista se construyó sobre los terrenos de Bernardo Cianca Gómez y Judith Del Corral, su esposa, en un espacio de más de 300 mil metros cuadrados que se ubican muy cerca del inicio de la Calzada Zavaleta (por el lado del bulevar Atlixco) y en colindancia con el Camino Real a Cholula. Una zona de alta plusvalía actualmente, pero que en los 60s no eran más que campos de labranza y pastoreo.
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Fue en los 90s cuando la familia Cianca del Corral decidió darle una utilidad distinta y subirse a la ola inmobiliaria de guetos para pudientes y comenzó a fraccionar los otrora campos verdes y de labranza. En el plan de desarrollo inmobiliario se estableció una entrada para el fraccionamiento: la calzada La Concepción, sería una entrada vigilada y controlada para seguridad de quienes pudieran pagarse una casa ahí.
Pero había un pequeño detalle, el amplio terreno tenía ya una calle en forma la Tercera Sur. Una calle paralela a la que planeaban, que cruzaba el fraccionamiento y llegaba hasta la granja La Tapatía, y que fue construida y empedrada por Bernardo Cianca como vía de comunicación con la Calzada Zavaleta.
Cuando el fraccionamiento se empezó a poblar los vecinos decidieron cerrar la Tercera Sur y obligar al tránsito por la caseta, cobrando una cuota mensual por ello, a pesar de que detrás del fraccionamiento hay otros terrenos (la zona se conoce como Camino a Ranchos), y ahí viven otras familias, que no forman parte del fraccionamiento pero al no tener otra salida se ven obligados a transitar por la entrada privada.
Y para cerrar la calle construyeron un arco y pusieron unas rejas que permanecen cerradas impidiendo el tránsito por esa calle municipal y pública.
En todos estos años, y a pesar de que existen acciones legales los ayuntamientos panistas no han movido un dedo por abrir esa vialidad. Aunque eso debería cambiar en estos días, pues el pasado martes 3 de enero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió que la vialidad debe abrirse de inmediato.
Lo que el colegiado ordenó fue que en un plazo de tres días el actual presidente municipal, el panista Edmundo Tlatehui y su secretario de Desarrollo Urbano Sustentable abrieran la calle y comprobaran ante el juzgado las acciones realizadas.
Esto dice la sentencia: “en el ámbito de sus respectivas facultades, realicen, de manera inmediata el retiro de la reja que obstruye el libre acceso por la calle Tercera Sur y la demolición del arco que obstruye el paso en el fraccionamiento denominado “La Concepción Zavaleta”, así como salvaguarden el libre tránsito en dicha calle, de conformidad con el oficio SDUS/DJ/022/218 de doce de noviembre de dos mil dieciocho”.
Las autoridades fueron notificadas entre el viernes 5 y el lunes 8 de enero. Es decir que de acuerdo con el plazo fijado por la autoridad judicial tenían hasta ayer jueves 11 para comprobar que cumplieron con la sentencia, pero no lo hicieron. La reja seguía ahí.
Los que sí se movilizaron fueron los vecinos del fraccionamiento que raudos dejaron en el lugar un viaje de grava y dos vehículos estacionados para dificultar el cumplimiento de la sentencia.
El colegiado también estableció una multa de cien UMAS (alrededor de diez mil pesos), y en caso de mantenerse la inejecución de la sentencia podría llegarse a la destitución (aguas Tlatehui).
Pareciera, al menos hasta el momento, que en San Andrés pesan más influencias de algunos habitantes del multicitado fraccionamiento que el cumplimiento de la ley. Veremos que pasa en el juzgado con el incumplimiento.
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