Arturo Zaldívar anunció lo que muchos esperábamos escuchar desde hace meses: terminará su mandato como presidente de la Corte en diciembre de 2022, periodo para el cual fue nombrado por sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A pesar del anuncio que realizó el ministro, no puede dejarse de lado el coqueteo de Zaldívar con la reforma impulsada desde Palacio Nacional para que se mantuviera en el cargo. Al aprobarse la reforma en el congreso, el ministro fijó su postura y dijo que esperaría la resolución que la corte emitirá sobre la reforma a la Ley Orgánica del poder Judicial para ver si se mantenía en el cargo. Sin embargo, el viernes pasado cambió de opinión y anunció que solo será presidente de la corte hasta el 31 de diciembre de 2022.

La conferencia de prensa de Zaldívar fue tardía. Pero el anuncio llegó después de meses en los que, en lugar de mostrarse dubitativo y coquetear con la reforma, debió afirmarse como defensor de la autonomía del poder judicial que, aunque con buenas relaciones con el Ejecutivo, no pensaba rebasar el límite identificado como la continuación de su mandato, por más que lo dijera el congreso a propuesta del AMLO.

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El canto de las sirenas eran las alabanzas de López Obrador quien, una y otra vez ha repetido que solo Zaldívar puede limpiar el poder judicial. Y Zaldívar no era Ulises. Cayó en el juego, hasta que esta semana se dio cuenta que sus compañeros de la Corte no le apoyarán en sus intenciones de extender su presidencia.

Cuando Zaldívar comunicó que no se desempeñaría como presidente de la Corte más allá del último día de diciembre de 2022, ya sabía que el proyecto del ministro Franco no propondría avalar la reforma a la ley orgánica del poder judicial, a la que se le ha llamado “Ley Zaldívar”. La razón es doble: Fernando Franco ya votó en contra de ese tipo de ampliaciones (al mandato de los magistrados del tribunal electoral, en 2016) y porque no hay el consenso en la Corte de que este sea el momento idóneo para realizar una ampliación de este tipo, porque el Poder judicial pierde y no gana, al quedar en entredicho su autonomía. De los ministros que aún están en la corte, el ala conservadora votó a favor de los magistrados electorales en 2016, pero Franco, Piña, Gutiérrez y el propio Zaldívar votaron en contra de alargar el mandato de los magistrados. ¿Cómo justificar que quienes antes votaron en contra ahora aprobarán una reforma que permita a Zaldívar seguir en el cargo? Imposible. Además, Gutiérrez Ortiz Mena y Piña aspiran a la presidencia de la Suprema Corte cuando Zaldívar la deje, por lo que no les conviene aprobar una reforma que los deje sin esa posibilidad de liderar al Poder Judicial.

En términos prácticos, Zaldívar dejó correr la sangre en el río y cuando vio que no tenía los apoyos necesarios para seguir en la presidencia de la corte -más allá de diciembre de 2022-, decidió expresar que terminará su mandato el último día de ese año. Pero la sangre llegó al río y, después de todo, el golpeteo fue innecesario porque mostró un poder judicial a merced del ejecutivo y a un presidente de la corte dispuesto a complacer al inquilino de Palacio Nacional, pasando incluso por encima de la constitución. Además, el mensaje no es el óptimo para el resto de ministros que componen la Corte: decir que solo Zaldívar puede limpiar al poder judicial, y los demás no, es una afrenta pública que no ha sido bien recibida al interior del poder judicial.

A todo esto, se añade el caos que impera en el tribunal electoral, resumido en una palabra: corrupción. Desde hace lustros, el tribunal electoral apesta a corrupción. Ya sea Janine Otálora, Flavio Galván o el ahora señalado magistrado billetes, José Luis Vargas, ningún presidente del tribunal electoral sale bien librado de ese puesto. Y esa institución, sacralizada por algunos, es el reflejo del poder judicial: algunas mentes brillantes en su interior, pero con magistrados/jueces dispuestos a complacer al poder político y/o económico.

Y ese sigue siendo el poder judicial de Zaldívar después de dos años y medio de iniciada su presidencia; después del coqueteo con una reforma que mucho daño ha hecho; después de una semana donde el poder judicial ha demostrado que nada ha cambiado.