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El gobernador y el “dedito” que nombra notarios
Por Juan Manuel Mecinas @jmmecinas
30 de agosto, 2021
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El 29 de junio de 2021, el gobernador Miguel Barbosa sostuvo: “Esa práctica del poder omnímodo del gobernador que designaba notarios se acabó; yo me corté el dedito; me corté el dedo para designar notarios”.

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La declaración del mandatario queda en entredicho con la designación del notario público número 1 de Huejotzingo, que Barbosa nombró el 23 de julio de 2020. Si Barbosa se cortó el dedo fue después de nombrar a Gabriel Federico Hernández Morales como notario uno de Huejotzingo, sustituyendo a Silvia Hernández (es decir, pasó de auxiliar a notario). No hubo convocatoria, la notaría ya estaba creada, pero estaba vacante, y Barbosa, de manera legal, nombró a Hernández Morales. En los hechos, el gobernador no se cortó el dedo; o se lo cortó después de nombrar a ese notario.

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A pesar de lo que crean los amanuenses del gobernador, Miguel Barbosa no es el primero que se enfrenta a los notarios y que quiere controlar a los fedatarios en el estado. Es el primero, eso sí, que con solo mostrarles los colmillos logró que dos decenas de titulares de notarías renunciaran a sus patentes. Las razones son muchas, pero es claro que quienes renunciaron a las patentes que les otorgaron Gali o Moreno Valle eran testaferros de políticos o políticos bastante beneficiados entre 2010 y 2018, que prefirieron no disputarle al gobernador algo que no les había costado ganar. Su designación había sido por su cercanía con políticos morenovallistas o por haber sido morenovallistas (como Patricia Leal, el caso más claro), no por sus cualidades de grandes juristas.

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La piedra en el zapato del gobernador son los fedatarios que siguen operando con normalidad, a pesar de haber obtenido su patente durante el periodo de los gobernadores Gali y Moreno Valle. No son pocos, y en sus expedientes se aprecian las estrategias que notarios y gobierno del Estado han utilizado para mantener sus patentes o tratar de quitárselas. Estamos hablando de una decena de notarios que, según fuentes del gobierno, sí fueron nombrados conforme a la ley, es decir, hubo examen en el colegio de notarios, hubo convocatoria y las formas se cuidaron.

¿Cómo podría el gobierno quitarles las patentes, cuando su principal argumento para asustar a los notarios de Gali y Moreno Valle fue que no había expediente de creación de las notarías, no había justificación de la creación, no hubo exámenes o no hubo convocatoria? En los casos en que sí hubo todo eso, la venganza política del gobierno de Barbosa queda coja y tendrá que buscar nuevos argumentos para quitarles las notarías, es decir, para retirarles las patentes que les dieron Moreno Valle o Gali.

En este escenario, queda por ver si Barbosa presumirá que las notarías devueltas por los morenovallistas sí fueron creadas y, como en el caso de Huejotzingo, el dedito que dice que se cortó reaparezca y decida que debe cubrir las notarías vacantes sin necesidad de convocatorias, es decir, con el poder de su propio “dedito”.

No es un hecho menor: estamos hablando de más de veinte notarías que, a juzgar por los extraños acuerdos emitidos por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado (véase, por ejemplo, el Periódico Oficial de 29 de marzo de este año, por lo que respecta a la notaría de Alejandra Maupomé, esposa del senador Roberto Moya), parece que se está preparando el terreno para que las notarías de Moreno Valle y Gali terminen siendo las notarías Barbosistas. Es decir, a final de cuentas, solo habremos cambiado de mandamás.

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*Foto de portada: Twitter (@MBarbosaMX)

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Autor Lado B
Juan Manuel Mecinas
Profesor e investigador en derecho constitucional. Ha sido docente en diversas universidades del país e investigador en centros nacionales y extranjeros en temas relacionados con democracia, internet y políticas públicas.
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