Lado B
La consulta y los responsables del caos
La propuesta de consulta y la pregunta fueron enviadas a la corte y, en una maroma increíble, los ministros decidieron validarla
Por Juan Manuel Mecinas @jmmecinas
18 de julio, 2021
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El espectáculo del próximo uno de agosto encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una de las instituciones responsables de su aprobación. La propuesta de consulta y la pregunta fueron enviadas a la corte y, en una maroma increíble, los ministros decidieron validar la consulta y establecer una nueva pregunta que es tan oscura que, si de la claridad de esa pregunta dependiera la continuidad de los ministros de la corte, quienes la aprobaron tendrían que haberse apartado del máximo tribunal del país.

Los ministros validaron la pregunta propuesta por López Obrador, como en 2014 negaron la propuesta de consulta sobre impuestos y con las mismas maromas. Se trata de una corte que tiene días buenos y muchos días malos. Dicho de otro modo: algunas veces es progresista y, en demasiadas ocasiones, sus decisiones tienen un tufo a deferencia hacia el poderoso. Por supuesto que entre los miles de asuntos que resuelve el tribunal, la aprobación de la consulta popular pudiera verse como un pecado menor, pero no lo es. En los últimos días, el presidente de la corte ha declarado que con la consulta se pretende que la gente apruebe la creación de comisiones de verdad para esclarecer la actuación de los expresidentes. Eso no dice la pregunta. La corte tenía la oportunidad de enmendar los errores para mirar al pasado con ojo crítico y con visión de futuro, pero decidió jugar un rol sumiso, que en nada abona a la construcción de un país más democrático.

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Tal y como fue aprobada, la consulta es un mal precedente. De ser un instrumento donde se puede escuchar al electorado sobre cuestiones trascendentales, pasa a ser un instrumento de señalamiento de todo lo mal que se hizo, lo que se pudo haber hecho (con la consulta), pero lo que no se va a hacer porque la consulta no reunirá los requisitos para que su resultado se considere obligatorio (eso se da por descontado).

En otros países, presidencialistas y parlamentaristas, es común que se pregunte al electorado y se recoja su opinión el mismo día de la elección. En este sentido, el espectáculo intrascendente que viviremos es también una muestra más de que las instituciones siguen tratando al electorado como sujeto infantil: pensaron que, si se realizaba el mismo día de la elección, el presidente de la república podía utilizarlo para intervenir en las campañas y podía influir de manera determinante en la elección. En consecuencia, tenemos una consulta que se realizará dos meses después de una elección, que será más costosa que haber incluido la pregunta anexa a las boletas de la elección de junio pasado y, al final, el presidente López Obrador de todas maneras utilizó una y otra vez el tema de la corrupción del pasado y se entrometió de manera indebida en el proceso electoral.

Todo es caos: la pregunta, la forma como se abordó el tema, la fecha y, por si faltaba algo, la actitud de la gente. En este sentido, una vez más se muestra la división política que vive el país. Los ciudadanos que han sido invitados a participar en la consulta para recibir y contar los votos se niegan porque consideran que es una farsa. Se sienten moralmente superiores porque consideran que al negarse no se valida el resultado (cualquiera que sea), pero es la ciudadanía quien está perdiendo la oportunidad de ser escuchada. No importa el tema y no importa que todos los demás lo hayan hecho mal: si en la consulta, además, los electores no están dispuestos ni siquiera a recibir los votos y contarlos (insisto, aún sin reconocer el resultado), el instrumento extraordinario que puede ser una consulta está siendo despreciado y eso solo favorece a las élites. Quienes creen que esto es cuestión de un presidente populista tratando de vengarse de sus antecesores, puede que no les falte razón, pero pasan por alto el mensaje que los ciudadanos podrían enviar a los políticos el próximo uno de agosto: si la consulta no sirve es por los desaciertos de la clase política, no porque el instrumento sea inadecuado o porque los ciudadanos son apáticos.

Dentro de las castañas que se cuecen en el fuego, y que se quemarán el próximo uno de agosto, habría que salvar la que corresponde al instrumento (la consulta). El electorado tiene derecho a que se le escuche no solo para elegir a quienes dirijan al país, sino en temas importantes. Si la corte, el ejecutivo, el INE y demás actores no hacen bien su trabajo, se debe ser crítico con sus decisiones y posturas. Sin embargo, eso dista mucho de matar la oportunidad de escuchar a los ciudadanos: despreciar la consulta (como instrumento) no debe ser la salida al desastre que presenciaremos en dos semanas más.

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Autor Lado B
Juan Manuel Mecinas
Profesor e investigador en derecho constitucional. Ha sido docente en diversas universidades del país e investigador en centros nacionales y extranjeros en temas relacionados con democracia, internet y políticas públicas.
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