No es fácil ajustar cuentas con el pasado. Se requiere decisión, viento a favor y que las instituciones de un país lleven a cabo los procesos donde se observe con ojo crítico lo hecho por otros gobiernos, por otros políticos, siempre y cuando sea para mejorar el futuro. Esa justicia transicional se aleja precisamente de la venganza o de la persecución política porque mira hacia atrás para construir un futuro; se juzga lo anterior para no cometer los mismos errores. No se juzga para castigar, sino para sanar; se juzga para construir.

La 4T, dado que asume que estamos en un momento de transformación, emprende el ajuste de cuentas con el pasado, pero no parece que los procedimientos que ha definido para ese ajuste de cuentas sean trascendentes y vayan a tener como consecuencia la construcción de un mejor país.

Por ejemplo, castigar a Lozoya sin un mega proceso, donde se juzgue a todos los implicados en la trama de Odebrecht, es cerrar los ojos y señalar a un funcionario, pero no a un sistema. No quiere decir que no sea importante juzgarlo, pero si no viene acompañado de un cuestionamiento más profundo (sobre el sistema corrupto que permite que empresas nacionales o internacionales inyecten dinero en las elecciones mexicanas), es como ver caer una parte de la punta del iceberg sin reconocer la profundidad del mismo.

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En principio, el primer cuestionamiento a la estrategia del gobierno de López Obrador es el espacio de tiempo que quiere revisar, porque no se puede indagar sobre todo el pasado. ¿Cuántas acciones y cuáles gobiernos quiere revisar? La consulta del próximo uno de agosto es muy ambigua. Aún cuando una mayoría de ciudadanos quiera que se juzgue a expresidentes, no está claro si eso implica de Fox a la fecha, desde Echeverría o si Peña está excluido, porque las acciones de este gobierno sugieren, cada vez con mayor fuerza, un pacto no escrito entre la administración de López Obrador y la del último presidente priista.

Y ahí surge la duda de que esta consulta sea algo más que un instrumento de propaganda, pero que traerá pésimos resultados. Es casi seguro que el uno de agosto no se alcanzarán los porcentajes que requiere la ley para considerar vinculatorios los resultados de la consulta (más allá de que se discuta cuáles serían los efectos -denuncias, procesos- que se tendrían que iniciar después de su celebración). Esto quiere decir que el presidente y su gobierno deben tener listo el discurso de “nosotros quisimos, pero los formalismos fueron los obstáculos”. Esto significa que la 4T se lavará las manos y no mirará al pasado, sino solo para señalarlo, aunque sin juzgarlo.

En este sentido, el supuesto ajuste de cuentas no existirá. No serán sino pequeños procesos contra personajes menores de la política nacional (Lozoya, Idelfonso, Cabeza de Vaca) que desembocarán en una omisión grandísima: no se juzgará al sistema en su conjunto, política y jurídicamente (aunque electoralmente ya se le juzgó en 2018).

Esa crítica a nuestro pasado es necesaria y debe entenderse necesaria, pero solo como procesos: no puede hacerse en libros o en discursos. Son procesos e instituciones quienes deben juzgar las atrocidades que se cometieron en gobiernos anteriores y definir el lapso que se juzga es el primer paso. En palabras llanas, es incorrecta la forma en que lo ha querido hacer el gobierno de López Obrador (avalado por la Corte -lo que quiera que esto signifique).

Estamos a punto de presenciar un carpetazo a partir de un resultado de una consulta que nunca debió ser.

No miraremos al pasado.

O, mejor dicho, seguiremos nuestra tradición: crearemos mitos que llenen los huecos que la justicia del sistema se niega a proporcionar.