Tres semanas después de que Gabriela Sierra Palacios renunciara a su cargo como comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (Itaipue),  aún no hay fecha estimada para seleccionar y nombrar a su reemplazo.

La comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso 一el órgano encargado del procedimiento de búsqueda de la persona que integrará el Itaipue一 se quedó sin presidenta, secretario y uno de sus vocales, luego de que Mónica Lara Chávez (PT), Javier Cacique Zárate (PRI) y Liliana Luna Aguirre (PRD), respectivamente, pidieran licencia para buscar una nueva candidatura. 

Lo que provocó que dicha comisión quedara sólo con cuatro integrantes: Barbara Morán Añorve y Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena); Marcelo García Almaguer (PAN) y Guadalupe Muciño Múñoz (PT), y ninguno de ellos cuenta con facultades para convocar a sesión de trabajo. 

La única persona que puede convocar a reunión es aquella que presida la comisión, y aunque la suplente de Lara Chávez, Rosa Aguilar Palafox, rindió protesta ante el pleno el pasado 9 de marzo, sólo ocupa la curul que dejó la petista, no así los cargos ni las comisiones a las que pertenecía.

Aunque lo cierto es que la comisión de Transparencia del poder legislativo no se caracterizó por ser una comisión productiva. En 2019 sólo sesionó en seis ocasiones, y en 2020 lo hizo en ocho, cuando la Ley Orgánica establece como mínimo realizar una sesión por mes, es decir, debió cumplir con un mínimo de doce sesiones por año.

Nora Merino Escamilla (Morena), actual presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) 一el máximo órgano al interior del Poder Legislativo一, explicó a LADO B que para que las y los suplentes puedan asumir la presidencia o cualquier puesto al interior de las comisiones es necesario que quienes integran la Jugocopo lo determinen a través de un acuerdo. 

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“Se tiene que reestructurar todo. Lo que [las y] los legisladores propietarios tenían no es un derecho adquirido de los diputados suplentes, ellos llegan como nuevos diputados y pueden tener más comisiones, alguna otra presidencia: pueden cambiar, pero lo que buscaremos será respetar [la asignación de las comisiones por partido político] y que ellos puedan seguir participando [en la dictaminación de las iniciativas y puntos de acuerdo]”, señaló. 

Y el pasado lunes 15 de marzo concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones sin que se acordara una fecha para esas definiciones. 

En la cancha del Congreso

Foto: Marlene Martínez

Cuestionado al respecto, Francisco Javier García Blanco, comisionado presidente del Itaipue, dijo en entrevista para LADO B que la definición de la persona que sustituirá a Sierra Palacios le corresponde al Congreso. 

Y que desde el instituto están a la espera de que desde la comisión legislativa de Transparencia y Acceso a la Información inicie con ese proceso de nombramiento.

Aunque, reconoció, que la Ley de Transparencia no es muy clara al respecto, pues si bien se establece un procedimiento de selección para integrantes del Itaipue que debe iniciar la tercera semana del mes de octubre cada dos años, ese procedimiento es para elegir a los integrantes del instituto, y no se especifica qué procede en caso de renuncia.

Desde la perspectiva de Roberto Alonso, director del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana (OPSC), el problema no sólo es la salida de legisladores o legisladoras del Congreso para buscar un nuevo cargo y, claro, el escenario político-electoral, sino el marcado desinterés del Poder Legislativo de revisar y atender los organismos que son contrapesos.

“Como pintan las cosas  一dice en entrevista para LADO B一 no parece que vaya a ser una prioridad en este momento. Tenemos como referente lo que ha ocurrido en el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción: no les han movilizado [a las y legisladores de la Jugocopo] de manera importante las ausencias en estos organismos para poder sustituirlas y activar los procesos correspondientes y que las instituciones, el CEPC y el Itaipue en este caso, estén completos”.

Y puntualizó que es importante que desde el Poder Legislativo se garantice “que estas ausencias, que son legítimas, no interrumpan los trabajos legislativos, pues eso finalmente depende de la institucionalidad del Congreso y no de las agendas personales que puedan tener las y los representantes populares”.

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En caso de que no se realice la designación del reemplazo de Gabriela Sierra en la LX Legislatura, este proceso se empalmaría con otro para sustituir a la comisionada Laura Marcela Carcaño, quien termina su periodo a principios del próximo año, y cuyo proceso de sustitución deberá iniciar en octubre del 2021.

María Gabriela Sierra Palacios. / Foto: seapuebla.org.mx

“El otro escenario es que ese proceso de designación (…) se aproveche para nombrar no a una sino a dos personas para el instituto; esa es otra posibilidad que no sería la deseable porque (…) el riesgo que se correría es que la próxima legislatura termine colocando a la mayoría de las personas comisionadas del instituto; y si esa legislatura responde a los intereses del gobernador estaríamos ante un nuevo escenario de captura institucional de carácter antidemocrático, como lo vimos los últimos días de Rafael Moreno Valle”, puntualizó el también coordinador de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Además, señala el académico, lo que el Congreso tiene en sus manos es “la posibilidad de desterrar una práctica antidemocrática del pasado, o sustituirla con nuevas figuras que respondan a los intereses del gobernador, de ese tamaño es la decisión que tendría que tomar esta legislatura”.

Fortalecer al Instituto

Foto: Google Maps

De acuerdo con el especialista es importante dar celeridad al nombramiento “para favorecer la institucionalidad en el Itaipue», pues el no realizar el proceso de sustitución se traduce en más carga de trabajo para las dos personas que quedan en este, así como para sus equipos, algo que el propio comisionado presidente García Blanco reconoció en la entrevista otorgada a esta casa editorial. 

Una carga en la que se encuentra el Itaipue desde noviembre pasado cuando Sierra Palacios comenzó a faltar solicitando permisos. 

Sobre el tema, Roberto Alonso destaca que la falta de la comisionada puede impactar no sólo en la carga de trabajo sino en las decisiones que se tomen, pues las resoluciones del Itaipue “se vuelven un poco menos colegiadas, pues la naturaleza de esta institución es deliberativa para construir acuerdos, pues no sólo [se trata] de la mayoría, sino del consenso para garantizar el acceso a la información pública y protección de datos personales”, comenta. 

En caso de que se haga el nombramiento en esta o la siguiente legislatura, el especialista señala que el llamado es a que se recuperen la buenas prácticas que se vieron en el nombramiento de Francisco García Blanco, pero que también se atiendan algunas áreas que se observaron como el el aseguramiento de una participación ciudadana más robusta, algo que se puede remediar en el otro proceso.  

Aseguró que desde el OPSC existe la voluntad de participar en las comparecencias para elegir a las personas que tendrán que garantizar el derecho de acceso a la información.

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Aunque el proceso de nombramiento de Javier García Blanco no puede calificarse como ejemplar, sí avanzó respecto a otros procesos de designación, pues “hubo apertura de la comisión legislativa para invitar a instituciones académicas y organizaciones sociales a participar en las comparecencias para dar [una] valoración”. 

En aquel nombramiento también participaron, además del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero, el Observatorio de Transparencia con los Ojos Abiertos, el Observatorio de Designaciones Públicas, Amedi Puebla y el Nodo de Transparencia.

Roberto Alonso concluye que el Itaipue no ha destacado en materia de transparencia, pues, mientras, en otras entidades los institutos de transparencia se dieron a la tarea de diferenciar sujetos obligados de esenciales y no esenciales; de construir portales de transparencia proactiva. 

“[En cambio] este instituto se cruzó de brazos con Gabriela Sierra, Laura Carcaño y Carlos Loeschman. Por lo que, ha dejado mucho qué desear; prácticamente se olvidó de su responsabilidad pública en un contexto de emergencia, y eso es lo que sucede cuando llegan al instituto personas que no tienen el perfil idóneo para desempeñarse, en este caso, como comisionados de un organismo autónomo”.

*Foto de portada: itaipue.org.mx