La deserción para el ciclo escolar 2020-2021 en el estado de Puebla alcanzó a 5 mil 17 estudiantes, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación del Estado, Melitón Lozano, quien tras ponderar esta cifra con el total de alumnado inscrito (un millón 762 mil 482 en 12 mil escuelas diferentes) durante la conferencia matutina del 24 de marzo, consideró que “es un problema que no es grave”. Sin embargo, aunque el número sea reducido, existe un riesgo de que este sector se vea vulnerado en sus derechos humanos y calidad de vida.

Es peligroso simplificar en un dato la situación de la deserción escolar, advierte Rodolfo Cruz, académico investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) especializado en política educativa. Y si bien esta cifra podría hablar de un avance gubernamental en cuanto a atención a estudiantes en pandemia se refiere, el experto asegura que esta situación sí es grave y relevante, y que se corre el riesgo de que el Estado la esté omitiendo o minimizando. 

Con el académico coincide la abogada y activista de derechos humanos María Fernanda Santos de la Rosa: “Hay que pensar que a través de los números hay personas con proyectos de vida y que actualmente viven en un contexto de desigualdad; ahí radica la relevancia e importancia de que no podemos permitir discursos que hagan ver como mínima esta situación”

Además, el dato  sobre las y los estudiantes que han desertado no está disponible o es de difícil acceso para el público. Ni la SEP, ni tampoco otras instancias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han publicado en sus portales digitales esta información para Puebla en este ciclo escolar.

Y a pesar de que la Secretaría de Educación de la entidad hace revisiones en las escuelas para conocer el número de estudiantes que han desertado y de que la campaña “Nadie afuera, nadie atrás” ha buscado mitigar los daños en el proceso de aprendizaje de las y los alumnos a causa de la pandemia, es una realidad que la situación va más allá de las cifras.

De las y los 5 mil 17 estudiantes que dejaron sus clases, mil 241 de preescolar,  mil 459 de primaria, 856 de secundaria y mil 461 son de bachillerato, de acuerdo con los datos proporcionados durante la conferencia. Estos números, considera Cruz, pueden ser un reflejo de que el Estado no está cumpliendo con los mínimos requerimientos en temas de justicia social y educativa. 

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Simplificar la deserción escolar en términos numéricos, dice el académico, puede crear una perspectiva basada en el bienestar de la mayoría, dando una sensación de resultados, pero que omite a la minoría restante.

Los derechos humanos omitidos

A este grupo de estudiantes se les está limitando su derecho humano a la educación, advierte Cruz. Además, de acuerdo con Santos, el desconocimiento u omisión de este puede repercutir en que el Estado no cumpla con su obligación de garantizar la impartición de clases. 

Foto: Sebastian J. | Creative Commons

El derecho a la educación, explica la activista en derechos humanos, es de carácter prestacional; es decir que el Estado está obligado a garantizarlo mediante mecanismos, presupuestos y logísticas a todas las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con ella, sí es importante que cualquier gobierno tome en cuenta a las personas a las que se les está haciendo efectivo el acceso educativo, pero hay que hacer énfasis en quienes no.

“Son derechos que necesitan una acción en concreto, en lugar de abstenciones”, sentencia Santos.

Este derecho, plantea la abogada, tiene la finalidad de que las personas desarrollen un estilo de vida digno, es decir, que puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Y desde su perspectiva, pensar en que una cantidad de personas (por más mínima que sea) no está teniendo acceso a la educación habla de un rezago en condiciones de dignidad. 

Esto aunado a que los derechos humanos se deben ver desde el principio de la interdependencia (uno depende de los otros), de acuerdo con Santos. En este sentido, si más de 5 mil niñas, niños y adolescentes no tienen acceso a la educación, es probable que otros de sus derechos se vean afectados, como por ejemplo, al trabajo, a la igualdad, entre otros. 

5 mil estudiantes desertores, advierte Cruz, puede ser señal de que no se ha garantizado lo mínimo en justicia social para sus familias, dejándolas en la precarización que se ha encrudecido con la crisis sanitaria. 

A nivel nacional, 5.2 millones de estudiantes de entre tres y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo con el Inegi, debido a causas relacionadas a la pandemia o a la falta de recursos.

“Es una fuerte violencia el reducirlos (a las y los estudiantes) a un dato; porque entonces lo que haces es que los(las) cosificas, y las personas no son cosas; ahí estamos deshumanizando”, sentencia Cruz.

*Foto de portada: Pixabay