A siete meses de su presentación, la Ley en Materia de Desaparición de Personas no ha sido discutida en el Congreso y esta omisión se traduce en una barrera para que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia, consideran integrantes de la sociedad civil, pues si se aprobara habría una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada, indicadores de eficacia, así como un Fondo Estatal, que podrían garantizar resultados positivos.

La falta de voluntad política ha impedido que se discuta la iniciativa en las comisiones de Derechos Humanos y Procuración y Administración de Justicia, pues “el trabajo ya está hecho”, dicen a LADO B María Luisa Núñez Barojas 一fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla一 y Tadeo Luna de la Mora 一investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie)一.

Al respecto, Tadeo Luna explicó que el Congreso debió haber expedido una ley en esta materia a más tardar el 15 de junio de 2018, como armonización a nivel local de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Esto no se hizo, por lo que, hace siete meses, Voz de los Desaparecidos, el Idhie y la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena) presentaron esta iniciativa que tiene como principal objetivo brindar certeza jurídica a las personas cuyo paradero es desconocido y a sus familiares que las buscan. 

El 15 de julio de 2020, durante la presentación de la Ley, Gabriel Biestro Medinilla (Morena) 一presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política一 aseguró que existía voluntad política para que su discusión en comisiones fuera inmediata, es momento en el que no hay fecha. LADO B buscó al legislador para conocer los motivos por los cuáles no ha realizado la sesión de comisiones unidas, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.  

Por lo anterior, el Idhie y Voz de los Desaparecidos hicieron un llamado al Congreso a que se discuta esta propuesta de manera inmediata, pues urge atender la situación de la desaparición de personas en el estado; los derechos de las personas desaparecidas y sus familias tienen que ser una prioridad legislativa.

Sobre el tema, la diputada Rodríguez Sandoval 一presidenta de la Comisión de DDHH y quien se ha pronunciado a favor de la discusión de la iniciativa一 señaló, en entrevista para LADO B, que su homóloga de Procuración y Administración de Justicia, María del Carmen Cabrera Camacho (Morena), solicitó realizar una mesa interinstitucional para la discusión de la ley porque en su contenido contempla la participación en conjunto de 13 dependencias, pero hasta el momento no conoce la fecha concreta para el encuentro.

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LADO B entrevistó a la diputada María del Carmen Cabrera, quien comentó que sí han realizado mesas de discusión con instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado (FGE), pero no han convocado a la Comisión de Derechos Humanos porque a cada órgano  legislativo le corresponden “distintos ejes”: por un lado a Procuración y Administración de Justicia le corresponde la parte legal y a Derechos Humanos el seguimiento del marco jurídico en su materia, aunque dijo que al final ambos trabajos se van a conjuntar.

Cabrera Camacho justificó las mesas interinstitucionales sin la comisión de DDHH porque la ley entronca con regulaciones, protocolos y requerimientos legales a nivel nacional, por lo que la comisión que preside ha realizado reuniones para recabar la información suficiente para no cometer errores que hagan que la “ley no sea viable, ejecutable o que trastoque ámbitos de otras leyes, y que eso [provoque] amparos u otras controversias [constitucionales]”, algo que ha pasado mucho en esta legislatura. 

Por su parte, Estefanía Rodríguez aseguró que la ley ya fue revisada artículo por artículo por todas las personas que participaron en su elaboración, y en particular por especialistas en temas legales de la licenciatura de Derecho de la Ibero, incluso por el diputado Gabriel Biestro, por lo que la mesa interinstitucional más que un encuentro para el análisis de la propuesta podría ser “una práctica dilatoria” para mantener en la congeladora el tema. 

Pese a la falta de comunicación entre las legisladoras, ambas coinciden en que no hay una fecha exacta para llevar a comisiones la discusión de la iniciativa y sentenciaron que el proceso electoral no es un factor que esté deteniendo la discusión de la Ley en Materia de Desaparición. Asimismo, dijeron que aunque algunos diputados ya están pidiendo licencia para buscar otro puesto de elección popular, la dictaminación de la ley continuará. 

La urgencia de aprobar la Ley en Materia de Desaparición 

Foto: Marlene Martínez

Estefanía Rodríguez señaló que es urgente la discusión de la iniciativa porque un obstáculo presente para la investigación de los casos de personas desaparecidas es que no existe un marco legal que regule el proceso de búsqueda.

Además, la legisladora dijo es necesario que Puebla tenga su propio marco jurídico porque “tiene un contexto diferente” al resto de los estados y no puede regirse por una ley a nivel general; un mecanismo propio en materia de desaparición es algo que los congresos de Veracruz, Estado de México y Coahuila ya aprobaron y que se encuentran vigentes en la actualidad. 

Otro punto importante, destacó Estefanía Rodríguez, es que la ley propone indicadores de evaluación de la eficacia y eficiencia de los resultados en materia de hallazgo de personas desaparecidas, así como de los programas establecidos para el combate de la desaparición de personas; estas obligaciones son indispensables porque el número de personas localizadas y desaparecidas desde hace años no es claro, pues los datos no son de acceso público, algo que han denunciado constantemente los colectivos de búsqueda, y que podría cambiar si se aprueba la ley. 

Asimismo, la diputada Estefanía Rodríguez refiere que, normalmente, cuando se hace una búsqueda, se “dejan de lado todas las pruebas que quizá los familiares podrían aportar o la información que llegan a generar: es ahí donde decimos que necesitamos urgentemente una ley en materia de personas desaparecidas”. Porque, con esta, podrán ser consideradas como pruebas legítimas, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda.

Por su parte, María Luisa Núñez comentó que la aprobación de esta ley representaría un mayor trabajo de coordinación entre las instituciones encargadas de la investigación de la desaparición de personas, razón por la cual, probablemente, no se le ha dado celeridad. 

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“A ninguna institución le conviene que se apruebe esta Ley porque implica un mayor compromiso y trabajo. Exige a todas las instituciones involucradas en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas hacer su trabajo (…) de manera coordinada con las familias (…) pero más allá de su conveniencia es un derecho de las víctimas, las familias y una obligación del Estado”, señaló la activista. 

En tanto, al ser cuestionada sobre la gravedad del fenómeno de desaparición de personas, María del Carmen Cabrera aseguró que el problema es urgente de atender pero es más complejo de lo que parece, porque gobiernos anteriores permitieron que el fenómeno creciera, y aseguró que a las administraciones pasadas no les importaba el tema, a diferencia de la actual; sin embargo, agregó que no se pueden resolver “años de indiferencia de otros gobiernos en un corto plazo”.

El largo camino hacia la aprobación de la ley

La diputada Rodríguez Sandoval recuerda que para llegar a la presentación de la ley tuvo que pasar un proceso largo en el que la sociedad civil organizada invirtió mucho tiempo en foros y revisiones del borrador. Además, sentenció que las familias piden “a gritos que se apruebe, sobre todo, porque el problema es latente, está y persiste, y no hay algo que de alguna manera pueda respaldarles en su búsqueda”. 

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Respecto al tema, María Luisa Núñez sentenció que no hay un motivo para que las y los diputados tengan detenida la ley, y acusó que el no aprobar el dictamen “es un intento del Estado y las autoridades de seguir minimizando este grave problema”. 

“Quizá piensan [las instituciones] que si aprueban la ley sería reconocer el problema que se tiene pero, independientemente de que lo reconozcan o no, el [asunto] está, y ellos siguen incurriendo en irresponsabilidad, porque no están atendiendo este grave problema que aqueja de manera tan lacerante a las familias que viven esta situación”, dijo Núñez Barajas.

Para que que la ley pueda avanzar será necesaria la coordinación entre ambas legisladoras, explicó Rodríguez Sandoval, y así concretar la sesión de comisiones unidas en la que se discuta el dictamen, y en caso de recibir luz verde se suba al pleno para su votación, aunque para esto aún falta un camino largo por recorrer. 

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“[Aprobar una ley] no es nada fácil, y no de la noche a la mañana se aprueba. Pero lo que sí sabemos es que debe existir voluntad política para que se pueda llevar a cabo un proceso en el que se puedan tomar en cuenta todas las voces: ha costado trabajo del colectivo y, sobre todo, tiempo que al final no se tiene, porque ellas y ellos quieren encontrar a sus familiares”, concluyó Estefanía Rodríguez.

Así también, Tadeo Luna subraya la importancia de atender el problema de la desaparición de personas en el estado de Puebla. Por su parte, opina que la aprobación de la ley sería un primer paso para saldar la deuda histórica hacia las víctimas y sus familias. 

“Las personas desaparecidas no son sólo un número (…) la desaparición tiene consecuencias no sólo en la persona que se busca sino en su familia, sus conocidos y comunidades enteras: va deshaciendo el tejido social y aunque se ha creado un andamiaje  institucional con la Comisión, la Fiscalía Especializada, falta complementar con el andamiaje legal y poner las reglas del juego”, concluyó Luna de la Mora. 

*Foto de portada: Marlene Martínez