Durante los dos años y cinco meses de trabajo que lleva la LX Legislatura, las y los diputados han presentado puntos de acuerdo e iniciativas que han generado controversia por su contenido, pues muchas de ellas atentan contra la libre expresión u otros derechos. 

Otras propuestas no han causado descontento entre la sociedad, ni representan la vulneración de alguna garantía, pero se han caracterizado por su irrelevancia para atender problemáticas urgentes que afectan a las y los ciudadanos. 

La falta de técnica legislativa —que es el conocimiento de los pasos para la elaboración y adecuada redacción de las leyes, de acuerdo con la Cámara de Diputados—, entre otras cosas, es lo que provoca que se presenten iniciativas y puntos de acuerdo mal elaborados, dice en entrevista la abogada Cynthia de Los Santos, pues refiere que “la mayoría de legisladores no están capacitados y eso hace que las leyes sean erróneas cuando se proponen”.

La abogada explica que no tener una carrera en Derecho no tendría que suponer un problema porque las y los legisladores cuentan con el apoyo de personal especializado para evitar estos errores, los cuales “le cuestan al estado y a la sociedad no sólo en cuestiones económicas sino también de justicia”; sin embargo, se siguen presentando pese a las asesorías a las que pueden acceder. 

Es importante considerar que a la legislatura le restan siete meses y cinco días de trabajo, por lo que los ejemplos de iniciativas de este tipo podrían aumentar. Por esta razón, en LADO B te presentamos algunos ejemplos de propuestas polémicas e irrelevantes de las y los legisladores.

La “eliminación” de animales en situación de calle

La diputada Cristina Tello Rosas (Morena) presentó un punto de acuerdo en una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el 1 de abril de 2019, en el que exhortaba al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud a instalar centros para esterilizar o “eliminar” a los animales en situación de calle por existir sobrepoblación y por, supuestamente, ocasionar enfermedades en la comunidad.

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Después de la polémica a nivel nacional en medios de comunicación, la legisladora acusó que hubo una malinterpretación mediática, pues aseguró que en ningún momento promovió la violencia en contra de los animales, aunque en su punto de acuerdo sí incluyó la palabra “eliminar”, como uno de los métodos para controlar la sobrepoblación de perros y gatos. 

En un video que publicó (y posteriormente eliminó) en sus redes sociales —donde aparece con un perro y un gato, animales que menciona haber adoptado—, la diputada denunció una supuesta campaña de odio en su contra que buscaba “manchar su trabajo” y exigió al coordinador de su bancada, Gabriel Biestro, que interviniera para cesar “los ataque en su contra”.

Foto: Olga Valeria Hernández

En el mismo video dijo que su propuesta solo buscaba cumplir con la Norma Oficial Mexicana y la Ley de Protección de Animales, donde las disposiciones permiten la instalación de centros de control de animales, según declaró; después de la difusión de este video no se habló más del tema y el punto de acuerdo nunca fue sometido a votación en el pleno. 

Esta legisladora también ha sido una de las más improductivas de la LX Legislatura, pues durante el tiempo que lleva en el cargo sólo ha presentado 12 iniciativas, es decir, aproximadamente una cada dos meses y medio; de estas, cinco han sido aprobadas y una fue votada en sentido negativo, de acuerdo con el sitio web del Congreso. 

Además, Cristina Tello es presidenta de la Comisión de Salud, una de las dictaminadoras de las iniciativas en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y ha sido una de las principales detractoras de estas propuestas y no ha convocado a sesión para su discusión. 

Incluso afirmó en su cuenta de Twitter —la cual ya no existe— que en Puebla no había mujeres encarceladas por este motivo, información que es falsa porque el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) informó que de 2009 a 2019, once mujeres habían sido sentenciadas por abortar.

Sanciones a las fake news 

Nora Merino Escamilla (PES) y Gabriel Biestro Medinilla (Morena) también presentaron una iniciativa, el 27 de abril de 2020, que amenazaba con reducir la libertad de expresión de las y los ciudadanos, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales; incluso la ONU advirtió de los efectos negativos que podría tener y el retroceso que significaría a la protección de los derechos humanos. 

A través de la adición de un párrafo al artículo 165, y una modificación al 213, del Código Penal, ambos legisladores propusieron sanciones de dos hasta 12 años a quien difunda noticias falsas —o fake news— que produzcan alarma y terror en la población durante el contexto de una emergencia sanitaria como la que se vive actualmente. 

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Aunque el Código Penal ya plantea penas privativas de la libertad por difundir información falsa, esta reforma adiciona la circunstancia de una emergencia sanitaria y además contempla por primera vez a los medios electrónicos, por lo que hasta un retuit con información falsa —aunque eso sería determinado por el gobierno— podría ser castigado.

Además, la ambigüedad de sus términos, por incluir en los motivos de sanciones el “descrédito” y “contradicción” a las acciones y políticas implementadas por el estado, podrían provocar censura en los medios de comunicación. Ambos legisladores desistieron de aprobar en fast-track dicha iniciativa, pues al ser presentada Merino Escamilla dijo que sería dictaminada una semana después, lo cual no ocurrió. 

Criminalización de la protesta 

Foto: Marlene Martínez

La diputada Guadalupe Muciño Muñoz (PT) presentó una reforma al Código Penal, el 24 de junio de 2020, para imponer una pena privativa de la libertad de seis hasta diez años a quien con el rostro cubierto causara algún daño, alteración o deterioro al patrimonio histórico o cultural del estado durante una manifestación. 

La iniciativa contemplaba la reforma del artículo 413 Ter del Código Penal, pero fue retirada del orden del día por la polémica que causó entre la sociedad; incluso su partido se deslindó de la propuesta de la legisladora, pues organizaciones como Artículo 19 y la Asociación de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Puebla, advirtieron que la propuesta de Muciño Muñoz criminalizaba la protesta y reducía la libertad de expresión de las y los ciudadanos. 

El pin parental

Aunque esta reforma nunca llegó a presentarse de manera formal ante el Congreso, Oswaldo Jiménez López, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso, anunció con bombo y platillo en rueda de prensa el 21 de julio de 2020 su intención de presentar una reforma a la Ley de Educación del Estado de Puebla para incluir el pin parental.

Esto permitiría a madres y padres de familia elegir si sus hijos o hijas recibían educación sexual y cursos de perspectiva género. El legislador panista justificó su intención de presentar la iniciativa bajo el pretexto de que estas asignaturas buscaban “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”.

Dicha iniciativa incumplía, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que establece la Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que se  basa en 15 artículos de la Constitución Mexicana, pues refiere en su punto número 10 —y que a su vez se sustenta en  los artículos 4, 6 y 24 de la Constitución— que las y los jóvenes tienen “el derecho a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad (…) y a recibir información veraz, no manipulada o sesgada y el Estado está obligado a proporcionarla”.

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El 15 de octubre del 2020, en una conferencia de prensa de la Asociación de Padres de Familia de Puebla por la Vida y la Familia en la que participó Jiménez López, el legislador dijo que el proyecto estaba en pausa por las críticas que había desatado su intención, aunque aseguró que estaba analizando otras opciones para “hacer valer el derecho de los padres para elegir la educación para sus hijos”, por lo que el pin parental todavía podría llegar al Congreso. 

Buscan declarar a Puebla como el primer estado Pet Friendly 

El diputado Juan Pablo Kuri Carballo (PVEM) presentó un punto de acuerdo para que todos los municipios del estado soliciten como requisito indispensable el tener espacios adecuados para animales de compañía, y otorgar, o refrendar, así, licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales y de servicio. De esta manera el legislador pretendía que Puebla fuera el primer estado pet friendly del país. 

Durante la presentación de su propuesta, el 22 de octubre de 2020, Kuri Carballo aseguró que es “urgente” contar con estos espacios porque “en muchas ocasiones, [las familias] dejan de asistir a centros comerciales, supermercados o restaurantes por no tener un lugar adecuado para la convivencia con un miembro más de su núcleo: su mascota”. El punto de acuerdo no ha sido discutido aún en comisiones. 

Esta propuesta contrasta con el incumplimiento de los marcos jurídicos en materia de bienestar animal de las mascotas en el estado: Puebla capital ocupa el segundo lugar a nivel estatal en el maltrato de animales de compañía, de acuerdo con la Dirección de Protección Animal del Ayuntamiento, pues tan sólo del 15 de octubre de 2018 al 31 de enero de 2021 esta dependencia recibió mil 109 denuncias por maltrato animal. 

Y a pesar de que desde 2013 se castiga este delito, e incluso las penas se endurecieron en octubre de 2020 tras la aprobación de una iniciativa que el diputado Kuri Carballo presentó en conjunto con Nora Merino Escamilla, solo se ha logrado aplicar una sanción durante todo este tiempo. 

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Además no se tiene certeza de cuál es el número de animales que se encuentran en situación de calle, aunque el Inegi estima que, por cada diez animales que hay en el país, siete no cuentan con un hogar, por lo que la situación es bastante grave y la iniciativa del legislador del PVEM no abona al bienestar animal.

Eliminar la prohibición de los vidrios polarizados

Foto: Piqsels

Como si se tratara de un asunto urgente, el 19 de enero de 2021 el diputado Armando García Avendaño (PRD) propuso reformar la Constitución de Puebla, en su artículo 33 fracción VII, para revertir la prohibición de vidrios polarizados, o aditamentos que reduzcan la visibilidad del conductor, alegando que no todas las polarizaciones obstruyen la visibilidad. Además destacó que estas protecciones son útiles para quienes sufren de sensibilidad en la piel o problemas oculares. 

Esta iniciativa contrasta con la falta de modernización del transporte público, pues desde que se aprobó un aumento del  41 por ciento al pasaje sólo se han modernizado 2 mil 144 unidades de las 14 mil 345 que circulan en la entidad, según informó el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, en una comparecencia ante el Congreso. 

García Avendaño es integrante de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso, y no ha presentado ningún exhorto para que se cumpla con esa promesa. 

Declarar días festivos o asignar títulos a ciudades

Además de las propuestas que se enlistan anteriormente, destacan  aquellas que buscan asignarle conmemoraciones a ciertos días, tal es el caso de la iniciativa para nombrar al 26 de agosto como el Día Estatal del Escultismo —o de los scouts— por sus aportaciones a la sociedad, la cual fue presentada por Fernando Sánchez Sasia (Morena). Esta es una de las 20 iniciativas que ha presentado el legislador durante su estancia en el Congreso, de las cuales seis han sido aprobadas; un porcentaje muy bajo respecto al de sus compañeros. 

Otro de las propuestas que se plantearon fue que cada 6 de mayo, Xochiapulco sea la sede de los festejos del 5 de Mayo, propuesta el 4 de marzo de 2020 por Josefina García Hernández (PRI), por su participación en dicho evento histórico; ambas iniciativas no han sido discutidas. 

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Así también se propuso declarar el 3 de abril de cada año como el Día Estatal del Policía Poblano, propuesta hecha por el Poder Ejecutivo el 4 de marzo de 2020 que fue aprobada por el Congreso el 27 de marzo del mismo año, es decir 23 días después de ser enviada, lo cual no ocurre con todas las iniciativas presentadas porque muchas nunca son discutidas. 

Difícil evaluar la utilidad de las iniciativas 

Para Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, resulta difícil valorar la utilidad de las propuestas de las y los legisladores por la falta de indicadores y variables a considerar. En el caso de las iniciativas para designar conmemoraciones, y otras más que se enlistan a lo largo de esta nota, sería necesario analizar “si son socialmente relevantes o si son leyes [o iniciativas] que no tienen eficacia, ni una aplicación cotidiana”. Una vez hecho ese análisis se podría determinar su utilidad.  

El académico de la Ibero menciona en entrevista para LADO B que hay un índice multidimensional de trascendencia, que elaboró el investigador Arturo Barcena Juárez, para verificar la relevancia de una propuesta de ley que consiste en analizar el rango de la jerarquía normativa que se está modificando; el objeto de esa transformación, y la profundidad del cambio en la vida de las personas en caso de que se apruebe la iniciativa. 

Aunque la mayoría de las iniciativas enlistadas no fueron aprobadas, se evidencia la deficiencia con la que se elaboran las propuestas, y no sólo eso,  otro punto que destaca es el rezago legislativo —es decir que el número de propuestas analizadas y resueltas es muy bajo— que hay actualmente en el Congreso, pues de mil 259 iniciativas que se han presentado desde que inició la LX Legislatura hasta el día de hoy, sólo 361 han sido aprobadas; es decir, sólo el 28.6 por ciento.

*Foto de portada: HazteOir.org | Flickr