Tercera de cuatro partes

Aranzazú Ayala | Ernesto Aroche 

@aranhera | @earoche 

En octubre de 2017, los hermanos David y José Copado Molina viajaron de la Ciudad de México a Tehuacán junto con otros tres compañeros de la empresa Marketing Research, iban a aplicar una encuesta acerca del nivel de satisfacción del consumo de harina Maseca. 

El 18 de ese mes, José y David fueron juntos a Ajalpan, mientras sus compañeros se quedaron trabajando en Tehuacán. Pero en la comunidad había un rumor, una alerta corrió a través de  mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales sobre el robo de niños, de delincuentes que les quitaban los órganos y de una sospechosa camioneta blanca.

David y José estaban, según algunos vecinos, haciendo demasiadas preguntas. Los habitantes de Ajalpan empezaron a verlos con sospecha y la mecha no tardó en prender. Alguien los señaló: “¿no serán los de la camioneta blanca?”. Alguien dijo que sí, que eran los secuestradores de niños, los robachicos. Ya no hubo escapatoria, encontraron su muerte a manos de los pobladores.

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El homicidio tumultuario de los hermanos volvió a poner a Puebla en el foco rojo de linchamientos en el país, y derivó en una amplia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La recomendación 78/2017 dirigida al entonces gobernador Antonio Gali Fayad y al ayuntamiento de Ajalpan, contemplaba –entre otras cosas– el diseño y publicación de un protocolo de actuación para casos de linchamientos.

La entidad es de las pocas en el país con un protocolo oficial de atención para linchamientos. Son tantos los casos en la entidad que las autoridades se vieron obligadas a crear este documento, aunque pareciera que ha quedado en letra muerta, pues la existencia del protocolo no ha cambiado la incidencia ni ha detenido los linchamientos, al menos hasta el 2019. Y 2020 ya sabe que ha sido un año atípico.

El protocolo se publicó en agosto de 2018 y se actualizó en mayo de 2019, esos dos años son, de acuerdo con la revisión hemerográfica que hizo LADO B, los años con el mayor número de casos. 

Como referencia: en 2017 se contabilizaron 115 eventos de justicia por propia mano (103 intentos y 12 consumados), para 2018 la cifra subió a 205 (182 y 23, respectivamente), un crecimiento del 78 por ciento. Al siguiente año la cifra de los casos que reportó la prensa subió a 218 (196 y 22 respectivamente), un repunte del 6.3 por ciento.

Hasta mediados de abril de este año, LADO B contabilizó 63 casos pero, como ya se dijo, este año ha sido atípico, pues debe considerarse un elemento más a la ecuación: la pandemia y, sobre todo, el periodo de confinamiento. 

Un protocolo reactivo

Ilustración: Conejo Muerto

El protocolo tiene apenas 22 páginas y prácticamente un tercio del contenido es la definición de actores y el recuento del marco legal.

En entrevista para LADO B, el investigador de la BUAP, Antonio Fuentes Díaz explicó que tener un protocolo para esos casos es complejo, porque son eventos que no se pueden prever. “No es como, por ejemplo, una manifestación y dices: bueno, aquí va a haber una manifestación y yo tengo un protocolo para impedir que termine en algo violento”.

El que un linchamiento sea muy poco predecible se traduce en que, aunque hayan lineamientos de actuación, estos pueden no ser eficaces. Hay eventos que duran muchas horas, pero otros que son breves y tan sólo en el tiempo en que se tarda en movilizar la fuerza pública, el acto ya se consumó. 

En palabras del investigador, el protocolo “es algo que sabes de antemano que es una medida que quizá en el mayor de los casos no va a ser efectiva”.

Respecto a la falta de efectividad del protocolo, también coincide Víctor Alonso Tadeo, abogado representante de la familia de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales, asesinados en un linchamiento en Acatlán de Osorio en 2018. El abogado dijo a LADO B que el protocolo no funciona, ni está bien elaborado.

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Si el linchamiento de Rey David y José tenía que haber marcado un parteaguas en la entidad, eso no ocurrió. El protocolo no ha mostrado efectividad y las políticas públicas de prevención de la violencia no se han enfocado en el tema. 

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), cada vez los poblanos se sienten menos seguros en sus ciudades. El dato más reciente dado a conocer por el Inegi, es que prácticamente el 75 por ciento de la población considera a la inseguridad como su mayor preocupación. A nivel nacional, la cifra es del 67 por ciento en números cerrados.

Sobre la percepción de inseguridad focalizada, el 87.7 por ciento de las personas que habitan en Puebla dijeron que se sintieron inseguras en el espacio estatal, 80.9 por ciento en el nivel municipal y 63.4 por ciento en su colonia. Son cifras que han crecido de 2017 a la fecha entre 26 y un 30 ciento, en números cerrados. El mayor repunte –del 30 por ciento– se registró en el nivel más próximo, el de la colonia o localidad.

La perspectiva del éxito

El 5 de noviembre de este año, el secretario de Gobernación de la entidad, David Méndez Márquez, aseguró que en lo que va del 2020 la incidencia de casos de justicia por propia mano, como les llamó, han ido a la baja respecto a años previos. Esto, dijo, es producto del trabajo gubernamental y de mayor capacitación al personal de seguridad pública.

Los datos que ofreció en la rueda de prensa diaria fueron: “Al día de hoy, tenemos 131 eventos que se han presentado en este año. En los mismos periodos de 2019 y 2018 se reportaron 238 y 198, lo que representa una disminución de 45 y 34 por ciento, respectivamente”.

La misma tendencia a la baja, informó el funcionario, existe en relación a las personas que han perdido la vida por esta razón, pues indicó que mientras que en este año han sido nueve las personas asesinadas, en 2019 fueron 21 y en 2018 se contabilizaron 16; es decir, 57 y 44 por ciento menos, comparativamente.

Por último, dijo que en este año han rescatado al 96 por ciento de las personas involucradas en linchamientos, lo que en números reales se traduce a 195 personas que se han salvado de las agresiones en masa.

Pero la baja en los números que presume Méndez Márquez no considera el factor pandemia, que convirtió al 2020 en un año atípico y causó un descenso en la incidencia delictiva desde abril –pues fue a finales de marzo cuando se decretó el estado de emergencia nacional– hasta julio, cuando empezó a repuntar de nuevo, como lo reflejan los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Para ahondar en el tema se pidió una entrevista con el funcionario desde el 5 de noviembre, es decir, el mismo día en que habló del tema en la rueda de prensa, pero al cierre de la edición de este trabajo no hubo respuesta a la petición.

Y aunque no hubo atención del funcionario, LADO B pudo consultar brevemente a Rocío Vázquez Olivos, jefa de oficina de la Subsecretaría de Gobierno de la Segob estatal quien dijo que el éxito del protocolo de actuación para casos de linchamientos se puede visualizar en el número de veces en que el evento de linchamiento no involucró fallecidos, y el número de personas rescatadas con vida de los propios eventos de linchamiento 

Y ofreció algunas cifras que no necesariamente coinciden con las que presentó Méndez Márquez en su conferencia. 

De acuerdo con la funcionaria, la Segob estatal tiene registrados 276 eventos de linchamientos, aunque no explicó a qué periodo corresponden esos datos. 

De esos 276 eventos en 262 casos los agentes de seguridad lograron rescatar con vida a las víctimas, lo que, sostiene, representa un 95 por ciento de éxito en la aplicación del protocolo. 

Sin embargo, para Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla, el número de eventos en los que un linchamiento no termina en el fallecimiento de una de las víctimas, no es un buen parámetro para medir el éxito del protocolo de actuación para casos de linchamientos.

Existe una buena cantidad de eventos que tienen la intención únicamente de castigar violentamente a alguien, y en otros directamente se busca acabar con la vida de las víctimas. 

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Las cifras que ofreció el secretario de Gobernación a medios reafirman la hipótesis: 2019 es el año en el que el protocolo de actuación para casos de intentos de linchamientos estuvo activo los 365 días, y es también, hasta el momento, el año en el que más casos se registraron y más personas fueron asesinadas.

Un protocolo de papel

Ilustración: Conejo Muerto

El abogado Víctor Alonso Tadeo considera que algo importante que no se ha contemplado es la capacitación de policías, tanto municipales como estatales.

“Hay que entrar a un estudio muy a fondo primero respecto a los policías, la capacitación, adiestramiento y técnicas de negociación [de los mismos] (…) Lo primero que se tiene que [hacer es] capacitar a los policías, porque ellos son los primeros contactos con las personas”, dijo el abogado, acompañante de la familia de las personas linchadas en Acatlán.

El protocolo se hizo exclusivamente para cumplir la recomendación de la CNDH. De acuerdo con Tadeo Luna, investigador del Idhie de la Ibero Puebla, estaba mal hecho y no servía, y por eso fue reformado en mayo de 2019. Pero un año antes, a finales de agosto de 2018 –el mismo mes en que fue publicada la primera versión del protocolo–, otro terrible linchamiento sacudió a Puebla: el caso de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales en Acatlán.

En ese suceso, cuenta Víctor Alonso Tadeo, el protocolo ni siquiera se cumplió pues en teoría se deben activar los tres niveles de gobierno y servidores públicos o primeros respondientes, que son los que están más cerca, en este caso los municipales. Y los elementos de seguridad pública no fueron suficientes para contener a la turba que quemó vivos a tío y sobrino.

Cuando se suponía que el protocolo ya estaba afinado, después de mayo de 2019, los casos no cesaron, y tampoco fueron menos crueles ni impactantes. En agosto de 2019, apenas tres meses después de la actualización, siete personas fueron linchadas en Cohuecan.

Para Tadeo Luna, académico de la Ibero, un grave problema es que no se atienden las causas, porque finalmente el protocolo es reactivo. Uno de los orígenes de estos fenómenos según los investigadores son sobre todo delitos patrimoniales, como robos, aunado a la impunidad, desconfianza en las autoridades y desigualdades.

“Yo le sumo ahí otro factor: un vacío del Estado, un Estado que no ha logrado, o que no ha querido, responder las causas profundas de los linchamientos. ¿Por qué se publica un protocolo que es reactivo? ¿Por qué no se va al fondo de las cosas y no sólo a querer atender al detonante que son los robos? Hay algo detrás que las autoridades no están atendiendo”, concluye.

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El protocolo oficial de atención para linchamientos completo puede consultarse aquí. Y la recomendación puede leerse dando clic aquí.

Con información de Cristian Escobar

*Foto de portada: Conejo Muerto

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