Lado B
Justeza, ajusticiamiento y formación de ciudadanía
Por Martín López Calva @m_lopezcalva
29 de septiembre, 2021
Comparte

El ideal de justeza, cualifica el criterio utópico de justicia de un mundo donde quepan todos, y tengan vida digna viable o sostenible. La justeza implica un cierto «acoplamiento», de mi ser y actividad con los otros y entre los otros. «Caber» es estar entre los otros sin que estos impidan mi vida. Y no sólo por el asesinato directo, «de ahí la importancia del no matarás», nos decía Ellacuría, en cualquier catálogo de derechos, pero también del «asesinato indirecto» en modo de exclusión desde las prácticas sociales, económicas, políticas, culturales que impiden o dificultan las prácticas de otros en su dimensión social, de satisfacción de las necesidades materiales, de participación política, de construcción y expansión cultural. Y también, esa cabida hoy se reconoce desde la dimensión ecológica de intercambio con los otros seres vivos en el conjunto de la naturaleza.

Juan Antonio Senent. “El problema del ajuste o desajuste: hacia una nueva dimensión de lo normativo. Un abordaje en el horizonte de la praxis”.

Vivo en un país en el que al crimen organizado se le ofrecen “abrazos y no balazos” pero a los investigadores se les acusa de delincuencia organizada. Un país en el que el presidente no vacila en difundir en todos los medios nacionales un tuit falso que denigra a su propia esposa —con tal de apoyar esta acusación a todas luces desmesurada— pero mantiene un pacto de impunidad que ignora los actos de corrupción del gobierno de su antecesor y exonera sin indagar a miembros de su equipo de gobierno.

Vivo en un país en el que el gobierno desprecia y descalifica el trabajo científico al tiempo que exalta y consolida la militarización.

Soy parte de una sociedad que tiene hambre y sed de justicia pero se deja manipular por quienes promueven el odio, la venganza y el ajusticiamiento de todos los que no coinciden con sus ideas y proyectos, los que se atreven a cuestionar la omnipotencia del presidente y la subordinación —lealtad ciega, ha pedido él— de sus colaboradores y seguidores.

Me sigue doliendo, no puedo evitarlo, pertenecer a un país en el que en lugar de exigir la aplicación de un auténtico Estado de Derecho, la gente se contenta y hasta se regodea con espectáculos mediáticos, casos de escándalo que duran unas horas o unos días pero terminan sin resolverse conforme a la ley, manteniendo la discrecionalidad que beneficia a los que tienen relaciones y poder, pero pone en la cárcel por años y sin juicio de por medio a personas inocentes que carecen de los medios económicos y los contactos políticos para defenderse.

El caso más reciente en el que la Fiscalía General de la República ha solicitado órdenes de aprehensión en el penal de alta seguridad del Altiplano para 31 investigadores miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, asociación civil que de manera totalmente legal recibió financiamiento durante muchos años por parte del Conacyt para su operación, me ha hecho constatar una vez más la urgencia de formación ciudadana que promueva una cultura de la legalidad y una sana visión de la justicia, en lugar del deseo de ajusticiamiento de las personas y grupos que son señalados y estigmatizados públicamente en las cada vez más bochornosas “conferencias mañaneras” del presidente.

Una formación ciudadana que promueva aprendizajes elementales como el de la presunción de inocencia que obliga a quien acusa —en este caso el Conacyt y la FGR— a probar los delitos y no a los acusados a presentar pruebas de su inocencia, una formación ciudadana que valore el debido proceso, en lugar de creer en el prejuicio del presidente, que lo ha llamado el “debido pretexto” y ha afirmado que es un “invento de los conservadores y neoliberales” para ocultar sus ilegalidades.

También puedes leer: La 4T y Gertz caminan de la mano

Las discusiones en las redes sociales han evidenciado también, desde mi punto de vista, una carencia de pensamiento crítico que permita a las personas distinguir entre un posible desvío o mal uso de recursos públicos de una actividad de lavado de dinero o, peor aún, de delincuencia organizada.

Esta carencia de pensamiento crítico se ha hecho patente al inferir que los discursos y comunicados en las que instituciones tan respetables como la UNAM, el CIDE, la Ibero de la Ciudad de México o el Tecnológico de Monterrey exigiendo que se detenga esta venganza política contra los ex funcionarios del Conacyt y del Foro Consultivo, significan que se está afirmando que todos los investigadores y científicos son —como afirmaba un comentario que leí en las redes sociales— “unas blancas palomas” y que no hay ninguna posibilidad de que en este gremio existan abusos, despilfarros o desvíos de recursos públicos, cuando lo que se está pidiendo es que se investigue lo que se tenga que investigar respecto a posibles desvíos de fondos pero que no se inventen delitos graves que son claramente insostenibles, con el fin de meter a la cárcel a los investigadores.

En el artículo del que tomo el epígrafe de hoy, se analiza la noción de ajuste o desajuste en la perspectiva de Ignacio Ellacuría sobre los derechos humanos. Los autores afirman que para el ex rector de la UCA de San Salvador, asesinado por grupos paramilitares, “la complejidad del fenómeno de los derechos tiene que ser enfrentada desde tres momentos interna y sistemáticamente vinculados (verdad, justicia y justeza), que son dimensiones primarias de los derechos humanos”.

En el caso de los 31 científicos acusados por la FGR de lavado de dinero y delincuencia organizada no se está sosteniendo ninguno de estos tres momentos. No hay verdad porque la transferencia y supuesto mal uso de recursos públicos del Conacyt al Foro Consultivo no puede ser catalogada como lavado de dinero o delincuencia organizada. No hay justicia porque se están inventando delitos graves para que los acusados tengan que ser detenidos —y en un penal de máxima seguridad como si fueran peligrosos narcotraficantes— y no puedan enfrentar su proceso en libertad. Tampoco hay justeza, porque no hay un acoplamiento o ajuste proporcional de los supuestos actos ilegales cometidos con las acusaciones que se están planteando.

“En el ajuste o desajuste se trata de una dimensión ‘práxica o política’. El ajuste o desajuste de un hacer, o de un poder hacer está en relación con su realizabilidad y viabilidad en el conjunto de las prácticas sociales en el sentido en que estas determinan su condición social de posibilidad o de imposibilidad”, afirman los autores de este artículo, describiendo la postura de Ellacuría.

La dimensión práxica o política de la formación ciudadana, relacionada con la exigencia de justicia auténtica para que no existan abusos, en casos como este —o en los casos mucho más graves de corrupción cometidos por altos funcionarios de sexenios anteriores y del actual—, tiene que ver con el ajuste de lo que está desajustado: del ajuste en el uso de los recursos públicos que tiene que hacerse tanto en las leyes y reglamentos como en las políticas de operación y en la rendición de cuentas de quienes tienen bajo su responsabilidad los recursos provenientes de nuestros impuestos. De este ajuste deriva la justeza del castigo para quienes violan el derecho de todos los beneficiarios del presupuesto gubernamental y se apropian indebidamente de los recursos o los derrochan, pero no el ajusticiamiento movido por la venganza política y no por el deseo de hacer justicia.

Solo con una formación ciudadana eficaz y bien orientada podrá hacerse realidad el ideal de justeza que pueda “cualificar el ideal utópico de justicia de un mundo donde quepan todos, y tengan vida digna viable o sostenible”. Necesitamos empezar hoy con esa formación ciudadana que haga que todos puedan “caber (…) estar entre los otros sin que estos impidan mi vida (…) no sólo por el asesinato directo”, sino también por la muerte indirecta que implica cualquier forma de “exclusión desde las prácticas sociales, económicas, políticas o culturales”.

El resultado de esta formación será una ciudadanía auténticamente crítica, exigente y proactiva en la búsqueda de ajuste de todo aquello que está desajustado e impide la inclusión y la vida digna de todos, en lugar de una masa manipulable que se une a los deseos de ajusticiamiento y venganza de los grupos de poder.

*Foto de portada: EKATERINA BOLOVTSOVA | Pexels

Comparte
Autor Lado B
Martín López Calva
Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó dos estancias postdoctorales en el Lonergan Institute de Boston College. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Trabaja en las líneas de Educación humanista, Educación y valores y Ética profesional. Actualmente es Decano de Artes y Humanidades de la UPAEP, donde coordina el Cuerpo Académico de Ética y Procesos Educativos y participa en el de Profesionalización docente..
Suscripcion