La embestida de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 investigadores y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, retrata con fidelidad el desafío de la justicia en nuestro país.

Mientras las y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y miles de familiares más salen a las calles, una vez más, a exigir un trabajo serio, eficaz, diligente y comprometido de parte de la FGR ante una crisis mayúscula en materia de desaparición de personas —apenas una cara de la injusticia estructural que impide cualquier proceso de transformación—, el fiscal Alejandro Gertz Manero no sólo se empecina en detener a un grupo de académicos y servidores públicos pese a la negativa repetida del juez, sino en equiparar su conducta a la de los grandes capos del crimen organizado.

El retrato es fiel pues, de ser detenidos, este grupo de 31 científicos tendría que ser sujetado al régimen de prisión preventiva oficiosa, enfrentando imputaciones por delitos graves que les impedirían un proceso en libertad. Así, mientras en la FGR se apilan expedientes de impunidad, todo el peso legal y político de la institución cae sobre un puñado de personas involucradas que formaron parte de una polémica implementación de la política de ciencia y tecnología.

Y aunque se trata de una desproporción monumental de la fiscalía, la cercanía de su titular con el presidente, así como los ataques orquestados desde Palacio Nacional y a través de la actual gestión del Conacyt contra la élite científica, extienden la factura al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, encendiendo un fuego de difícil control que crece como en pasto seco y oscurece el análisis.

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La lenta —por no decir tímida— reacción de algunos actores del ámbito científico y académico ha sido interpretada por algunos más interesados en que el fuego se siga expandiendo que en acotarlo, como un acto de cobardía, cuando no de complicidad. Lo cierto es que ha sido reveladora del dejo de duda que la causa entraña. A tal grado corrió la corrupción en el sexenio anterior que no resulta extraño que haya aceitado también los engranes de la maquinaria desplegada en materia de ciencia y tecnología. En este sentido, asumir que estamos exclusivamente ante una persecución contra voces críticas al actual gobierno o ante una administración anticientífica se vuelve cuando menos simplista.

Los trabajos de investigación del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) sobre la utilización del Foro Consultivo Científico y Tecnológico como mecanismo para que académicos se beneficiaran con fondos públicos del Conacyt, están al alcance de quien quiera revisarlos.

Donde parece haber cierto consenso, sobre todo entre quienes se han ido pronunciado al respecto, es en el carácter desmedido e irracional de la acusación, más aún si el caso se inserta en la esfera de prioridades y pendientes que la FGR ha ido acumulando en los últimos meses, un universo acompañado de un halo de abusos y represalias que cortejan la controversial gestión de Gertz Manero.

No son de menor peso las voces que sin estridencia coinciden en la desmesura. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, llamó a la fiscalía a actuar con moderación. Si hubo un mal manejo de recursos, que se investigue, pero hablar de delincuencia organizada es un exceso, sostuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La acusación es inconcebible, un despropósito, resumió el rector de la UNAM, Enrique Graue. Compartimos la preocupación de la comunidad académica y expresamos nuestra solidaridad para exigir que se haga valer el Estado de derecho y prevalezca la justicia, manifestó la Universidad Iberoamericana. Exigimos que cese el hostigamiento y, en caso de haber conductas reprochables, se proceda con una calificación jurídica aceptable, en el entendido de que la acción penal debe ser la última vía aplicada por el Estado, pidió la organización Artículo 19.

Si la FGR sigue insistiendo, el riesgo es que el fuego se avive y arrase con más de lo previsto, transformando una causa con elementos legítimos en un mensaje apabullante, intimidatorio y contraproducente.

Las cifras recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi —93 por ciento de los delitos cometidos en 2020 no fueron denunciados o no derivaron en el inicio de alguna carpeta de investigación— le plantan cara a una institución por la que debería de pasar la transformación de mayor envergadura en el país, sin la cual ninguna otra es posible.

*Foto de portada: Wikimedia Commons | ThisIsEngineering en Pexels