Itaipue: ¿apertura o nuevas cuotas y nuevos cuates?
Durante la tercera semana del mes de octubre, el congreso poblano emitirá la convocatoria con las bases correspondientes para allegarse de propuestas de aspirantes al cargo de comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue)
Por Roberto Alonso @rialonso
13 de octubre, 2020
Comparte

El Congreso local, a través de su órgano de gobierno, debe emitir durante la tercera semana del mes de octubre la convocatoria con las bases correspondientes para allegarse de propuestas de aspirantes al cargo de comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), el órgano garante de estos derechos en el estado.

Así lo establece el artículo 29 de la Ley de Transparencia de Puebla que regula el procedimiento de esta designación, el cual es iniciado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) que encabeza el diputado Gabriel Biestro, luego conducido por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información que preside la diputada Mónica Lara, y finalmente concluido con la votación en el pleno de la nueva comisionada o el nuevo comisionado. Dado que el mismo artículo señala que en la conformación del pleno del Itaipue se procurará que haya igualdad de género, se espera que este año el Congreso elija a un comisionado varón.

El pleno del Itaipue está integrado por la comisionada Laura Marcela Carcaño, quien fue elegida para un periodo de cinco años y actualmente ocupa la presidencia; la comisionada Gabriela Sierra, nombrada para un periodo de seis años; y el comisionado Carlos Germán Loeschmann, designado para un periodo de cuatro años que termina el 5 de enero de 2021. Los tres fueron electos a finales de 2016, en las postrimerías del sexenio de Rafael Moreno Valle, y desde entonces no ha habido una nueva designación.

Tal vez te interese: Designaciones públicas, prueba de fuego en democracia

¿Pero cuándo es la tercera semana de octubre? Suponiendo que para efectos de este conteo las semanas de un mes deben ser completas, la tercera semana de octubre en este 2020 sería la siguiente, cuyos días hábiles son del 19 al 23. De ser así, al Congreso poblano le quedan menos de diez días para construir un acuerdo que desemboque en una convocatoria pública y abierta.

Esto, sin embargo, es lo de menos. La Jugocopo podría retomar una convocatoria previa y cumplir con esta obligación procesal; aunque no sobra decir que legislaturas anteriores han violentado los plazos marcados por la ley y esto ha derivado en procesos de designación desaseados y legitimidades de origen cuestionadas. Lo de más, sería que la Jugocopo asumiera la consigna que se planteó la legislatura en turno de legislar para transformar y la tradujera en una convocatoria innovadora, a la altura de lo que demandan los procesos de designación en entornos realmente democráticos.

¿Y qué es lo que exigen los soplos democráticos a los procesos de designación ? En cortas y breves, que transcurran por cauces de apertura, transparencia, participación y rendición de cuentas, lo cual se puede lograr mediante procesos construidos, mejor si son diseñados, entre la sociedad y el Congreso bajo los principios de Parlamento Abierto, como ha ocurrido no sólo a nivel federal, sino también en el plano subnacional. El proceso de designación que siguió el Congreso de Sinaloa en 2019 para elegir a uno de los integrantes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es un buen ejemplo de esta ruta.

Para quienes se han encargado de observar y estudiar la diversidad de experiencias de designación, el decálogo de buenas prácticas podría resumirse en: 1) acceso a la información del proceso y los perfiles, 2) construcción de un perfil idóneo para el cargo; 3) criterios y metodologías claras para la evaluación de los perfiles, 4) deliberaciones públicas amplias; 5) cumplimiento de las etapas y los plazos contenidos en la ley; 6) valoración exhaustiva de las trayectorias y los perfiles; 7) máxima publicidad del proceso y los perfiles; 8) mecanismos efectivos de participación ciudadana; 9) decisiones fundadas y motivadas, y 10) decisiones basadas en méritos y capacidades.

Esto es lo que busca la iniciativa de reforma al artículo 29 de la Ley de Transparencia de Puebla presentada por el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla en una sesión inédita de Parlamento Abierto que hubo en el Congreso de Puebla el pasado 31 de julio. Si bien la presentación se hizo ante la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, la iniciativa es de conocimiento de la diputada Mónica Lara, quien tendrá a su cargo la conducción del proceso que podría llevar al Congreso de Puebla a favorecer la apertura en el Itaipue o mantener su captura.

Si los tiempos legislativos juegan en contra de su discusión y dictaminación, a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la LX Legislatura le queda la posibilidad de hacer uso de la facultad que le concede la ley de solicitar el apoyo de instituciones académicas y organizaciones sociales para evaluar a los aspirantes. Pretextos no hay.

Experiencias recientes de la LX Legislatura como la designación de la ombudsperson y el auditor dibujan un panorama poco alentador. No obstante, si de verdad existe un compromiso de transformación y co-creación con la sociedad que cada vez se siente menos representada por las y los diputados, ellas y ellos tienen en su cancha una oportunidad para enderezar la senda de los procesos de designación en Puebla.

No más capturas. #SinCuotasNiCuates

*Foto de portada:  @ITAIPUE | Twitter

Comparte
Roberto Alonso
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.