Las designaciones públicas son procesos diversos que siguen las instituciones del Estado para nombrar a las y los responsables de distintos entes públicos, desde las y los ministros de la Corte hasta las y los integrantes de los comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción. Aunque adquieren relevancia tratándose de los organismos constitucionalmente autónomos, también abarcan a diferentes órganos al interior de los tres poderes de la Unión.

Son procesos diversos pues no hay una regla general para cada uno de ellos. Además, incluyen decisiones que recaen en autoridades unipersonales, como es el caso de las y los fiscales, y las y los titulares de las comisiones de derechos humanos; así como nombramientos de funcionarios públicos que forman parte de autoridades colegiadas, como ocurre en los institutos electorales o de transparencia.

En los últimos años, las designaciones públicas han ganado notoriedad en la opinión pública por dos razones. En primer lugar, por la multiplicación de nuevas instituciones públicas, varias de ellas con un grado importante de autonomía e independencia no sólo a nivel nacional sino igualmente en el plano local. En segundo lugar, debido al interés de una ciudadanía creciente que a nivel individual o a través de organizaciones sociales, grupos y colectivos busca incidir en la configuración de dichas instituciones a partir de ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación; lo anterior, con la finalidad de impactar en las políticas públicas a su cargo.

A reserva de una discusión más profunda y crítica al respecto, conviene destacar que ambos motivos son signos alentadores de democratización. Por un lado, el robustecimiento del sistema de pesos y contrapesos del poder con nuevos diseños institucionales tendientes a tecnificar y profesionalizar ciertas tareas del Estado; por el otro, el involucramiento de actores sociales y ciudadanos en la vida pública, creando mejores contextos de exigencia y asumiendo tareas de vigilancia y control.

Al ser públicas, las designaciones tienen el potencial de suscitar procesos cada vez más abiertos y participativos, en los que la ciudadanía interesada, informada y especializada no sólo sea observadora, sino interlocutora en una deliberación cuyo propósito último es optar por la idoneidad de los perfiles. Y al transcurrir por cauces de apertura, transparencia y rendición de cuentas, las designaciones públicas pueden aportar mayor legitimidad a las decisiones, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones, que pasa también por la confianza que la sociedad tiene hacia ellas.

La historia reciente en esta materia reporta que suelen ser condiciones externas y la presión social las que logran que ciertos procesos de designación sean ejemplares, mientras que en otros muchos casos son las inercias, los acuerdos políticos –el reparto de cuotas en buena medida– y la falta de voluntad, el conjunto de adversidades que obstaculizan los alcances de las designaciones públicas. Por ello es que los procesos de designación constituyen una prueba de fuego para los gobiernos que se dicen democráticos, siendo el turno ahora de aquellos emanados de Morena.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas, son malas prácticas en este ámbito el incumplimiento y la poca preparación del proceso, la inexistencia de o debilidades en los parámetros técnicos para la evaluación de los perfiles, que no haya o haya mecanismos limitados de participación y la falta de transparencia. Por el contrario, son buenas prácticas la elaboración de instrumentos técnicos de evaluación, la máxima publicidad del proceso, deliberaciones y decisiones fundadas y motivadas, y la incorporación de mecanismos efectivos de participación ciudadana.

En este sentido, es reprobable que luego de haber iniciado con una convocatoria que incluía el aprendizaje institucional que han generado designaciones públicas recientes, el proceso para la elección de cuatro integrantes del consejo general del INE se haya visto empañado por la decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de no transmitir en vivo las entrevistas de las y los 60 finalistas. De la misma manera, es condenable que el gobernador de Guanajuato haya nombrado el pasado 3 de julio al titular de la Comisión de Búsqueda de dicha entidad sin atender estándares mínimos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, desplazando de la decisión a las familias y colectivos de víctimas de personas desaparecidas.

Pero todavía más reprochable es que policías estatales de Guanajuato reprimieran el viernes pasado la protesta de integrantes del colectivo A tu Encuentro, quienes habían iniciado un plantón para exigir que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez les atendiera personalmente tras su polémica decisión. Junto con organizaciones civiles y otros colectivos nacionales y locales, A tu Encuentro pugnó por un proceso de designación transparente, participativo y basado en una evaluación que permitiera optar por un perfil idóneo.

Una y otra designación debería servir como espejo para seguir documentando malas prácticas y que las instituciones a cargo de próximos procesos de designación dejen atrás la simulación, si de verdad buscan transformar democráticamente la vida pública en el país.