El 1 de octubre se aprobó un exhorto en el Congreso del estado para que la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Comisión Estatal de Búsqueda, entreguen un reporte bimestral de todas las desapariciones de personas y feminicidios en Puebla.

El exhorto presentado por la diputada Estefanía Rodríguez (Morena) a partir de las exigencias de familiares de personas desaparecidas y colectivas feministas, pese a que es una medida de presión, no es vinculante. 

“Pedimos en este exhorto que la FGE, SSP y Comisión nos manden un reporte bimestral al Congreso para que nos pueda decir cuántas personas están desaparecidas, y cuántas fueron localizadas. También solicitamos un reporte bimestral de las cifras de las mujeres víctimas de feminicidios, y cuáles han sido los avances de las investigaciones”, dijo Estefanía Rodríguez en entrevista para LADO B.

Falta de cifras por parte de las dependencias

Este exhorto habla de obligaciones que, de hecho, ya tienen las propias dependencias de difundir las cifras, a partir de mecanismos tanto nacionales como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), como tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. 

Sin embargo, actualmente no hay un registro actualizado, público y abierto de cifras de personas desaparecidas y feminicidios en el estado de Puebla. Si bien la Comisión Nacional de Búsqueda publica reportes cada tantos meses, la información no es fácil de navegar. 

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Respecto a los feminicidios, recientemente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) integró los feminicidios a sus reportes mensuales, pero sólo contabiliza carpetas de investigación ya abiertas por este delito, y no incluye los casos que, pese a tener elementos de un feminicidio, no son clasificados como tales, por lo que las cifras hablan de un subregistro.

En cumplimiento con las obligaciones de la AVGM, la FGE tiene un apartado para consultas cifras de violencia de género. Sin embargo, los datos no son abiertos, es decir, que no se pueden utilizar libremente en cualquier programa, y no se pueden descargar.

Natalí Hernández, integrante del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C (Cafis) explicó a LADO B que el exhorto es una medida generalmente ineficaz ante la negligencia y omisiones de los servidores públicos; así, habrá que ver cuál es la respuesta de las instancias incluidas (SSP, FGE, CEB).

Foto: Marlene Martínez

Recordó que la Fiscalía ya tiene la obligación de publicar cifras de incidencia delictiva municipal mensual, que son difundidas en el Sesnsp. Sin embargo, estas cifras no vienen desagregadas a nivel municipal en los reportes, y si se quiere revisar la incidencia a nivel local hay que bajar una base de datos de todo el país.

Pese a lo anterior, la FGE está obligada por la declaratoria de la AVGM a georreferenciar los delitos cometidos contra mujeres (feminicidios, homicidios dolosos, violencia sexual, desaparición y trata, todos en su grado también de tentativa) y a consolidar los reportes del SNSP.

“Quizá lo que tendría que pedírsele –o implementar– frente a esta omisión, es otro tipo de acción: generar una estrategia más puntual para que [las autoridades] comparezcan, y determinar si el fiscal [que fue nombrado por el mismo Congreso del estado el año pasado] está dando los resultados que tiene que dar”, enfatizó la activista.

En el tema de desaparición de personas, no se difunden las cifras por parte de FGE, y en fechas recientes ha sido la Comisión Estatal de Búsqueda la que publica sólo algunos casos.

Este exhorto habla de una responsabilidad moral: Idhie

Por su parte, María Luisa Núñez, fundadora del colectivo “Voz de los desaparecidos», dijo que este reporte público servirá para que otras instituciones dejen de minimizar el problema de las desapariciones; para que la sociedad sepa, sobre todo, a cuántas personas no se les ha buscado.

“Para nosotros es un avance importante, una herramienta en materia de transparencia; tenemos derecho a saber qué está pasando y, lo más importante, cómo se va a solucionar [el fenómeno de las desapariciones]”. 

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Así pues, Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero Puebla, comenta a esta casa editorial que, a pesar de que el exhorto no es vinculante, tiene un valor moral y apela al principio de buena fe de los derechos humanos, como un llamado a las autoridades.

En este sentido, considera que son cruciales la sociedad civil y medios de comunicación para la difusión de la existencia del exhorto. “En medida en que podamos difundir, exigir, que acaten el exhorto, podría tener un mayor alcance”. 

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Si quieres consultar el apartado donde la Fiscalía General del Estado de Puebla sube sus datos referentes a violencia de género, puedes hacerlo dando clic aquí.