La portada de La Jornada de hace dos años, el 15 de septiembre de 2018, es memorable, digna de recuerdo. Y lo es porque en medio de escenarios de crispación y conflictividad social como los que atravesamos, sirve como baremo para examinar el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las víctimas, sin las cuales el proyecto de transformación que enarbola puede descarrilarse.

Aquella primera plana mostraba a un presidente electo atento y a la vez desencajado, flanqueado por la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el hoy subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, también interesados y con gesto adusto.

Los tres presenciaron las exigencias de cientos de familias víctimas de desaparición, asesinatos, feminicidios, torturas y detenciones arbitrarias que durante tres horas dibujaron un mosaico de tinieblas. Se encontraban en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con motivo del Segundo Diálogo por la Verdad, la Justicia y la Paz. Junto con este dato, el titular del periódico rezaba: “Pedir perdón a víctimas y hacer justicia en lo posible, ofrece AMLO”.

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Acompañaban el titular las siguientes viñetas: “Familias de desaparecidos le narran historias de dolor e impunidad”, “Resalta papel de la ONU ante el problema de los miles de ausentes”, “Atenderá origen de la violencia, dice el presidente electo”, “Necesitamos una salida, nadie nos ayuda: afectados” y “Pugna por plan transicional que privilegia demandas”. En el pie de foto se leía: “No seré tapadera de nadie”. “No tengo compromiso alguno con grupos de intereses creados, con ninguna mafia… vamos a que se termine con esta pesadilla, con este dolor, dijo el presidente electo”.

En aquella ocasión, López Obrador se comprometió a que la Secretaría de Gobernación atendería todas las peticiones vertidas en dicho encuentro, entre ellas la creación de una comisión de la verdad y la instalación de un mecanismo internacional contra la impunidad como medidas extraordinarias de justicia transicional. 

Hace exactamente dos años López Obrador prometió a familiares de víctimas, en el @ccutlatelolco, que habría un mecanismo internacional contra la impunidad y una comisión nacional de la verdad.

No solo sepultó su palabra, insiste en llevar la impunidad a consulta. pic.twitter.com/Kc5g3nfPo6

— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) September 14, 2020

Cuatro meses antes, en el primer diálogo con las víctimas que tuvo lugar en el Museo Memoria y Tolerancia, el entonces candidato a la Presidencia se había manifestado a favor de la comisión de la verdad y abierto respecto al mecanismo internacional. Por ello la expectativa de quienes acudieron al segundo encuentro era sentar las bases de una política en materia de justicia transicional.

Tristemente, apenas inició su gobierno esta agenda comenzó a ser desplazada en una perspectiva amplia y estructural, centrándose la administración lopezobradorista en casos emblemáticos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con resultados significativos, dicho sea de paso.

No obstante, a dos años de distancia de aquel encuentro desgarrador, el presidente y las cámaras federales tienen en sus manos la oportunidad de retomar la agenda de la justicia transicional en la coyuntura de la consulta popular que podría tener lugar el siguiente año, formulando no sólo la pregunta correcta, sino al mismo tiempo necesaria para –citando al propio López Obrador– terminar ya con esta pesadilla.

Aunque no será como resultado directo de las firmas ciudadanas recolectadas en las últimas dos semanas –tamaño desafío reunir poco más de un millón 800 mil firmas en 15 días–, todo parece indicar que consulta habrá. Lo que está en controversia es la pregunta que aparecerá en la papeleta del 1 de agosto del año entrante.

Movilizados principalmente por Morena, las más de 800 mil voluntades que se reunieron en las últimas dos semanas convergieron en torno a la posibilidad de preguntar masivamente si se debe investigar y, de ser el caso, enjuiciar a los ex presidentes de México por los actos ilícitos que hayan cometido causando afectaciones graves al país.

Consciente de que a 48 horas de vencer el plazo faltaban más de 800 mil firmas para darle entrada a la ruta ciudadana, López Obrador anunció en su mañanera del 14 de septiembre que haría llegar al Senado su solicitud de consulta popular en los tiempos establecidos, y así lo confirmó el senador Ricardo Monreal.

Por contra, la pregunta que consideran correcta decenas de víctimas, organizaciones y personas en lo individual relacionadas con la defensa de derechos humanos, es una “que no vulneraría las obligaciones constitucionales del Estado mexicano ni el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, y ayudaría a recuperar la agenda de construcción de paz que se prometió en campaña y durante la transición”. Y esa pregunta es la siguiente:

“¿Está usted de acuerdo con que el presidente de la República active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que con ayuda de la ONU se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México, a la par de la creación de una gran Comisión de la Verdad?”

Como se podrá observar, esta no es una pregunta que en sí misma busca condenar políticamente a los ex presidentes de México, sin duda responsables de múltiples vejaciones y violaciones a los derechos humanos cuya investigación no depende del resultado de una consulta masiva. Es una pregunta que, sin dejar de regresar al pasado, quiere responsabilizar en tiempo presente a un presidente que hace apenas unos meses se comprometió a hacer “lo humanamente posible” para atender las causas de la violencia y responder a las víctimas, con la frente puesta en un futuro de paz con justicia y dignidad.

*Foto: José Antonio López / La Jornada.