Zael circulaba en su bicicleta por la colonia San Manuel, alrededor de las 7 de la tarde el 7 de agosto, cuando una patrulla de la policía municipal se atravesó en su camino, provocando que se cayera. Fue abordado por tres elementos policíacos –uno de los cuales no se identificó– y fue detenido sin razón justificada. La policía revisó sus artículos personales, y después –cuando lo dejaron ir y revisó si todas sus pertenencias estaban en su mochila– se percató que ya no tenía su celular. 

Isabel Espinosa Carvente, directora jurídica del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla (CCSJ), explica en entrevista para LADO B que, muchas veces, este tipo de revisiones a los ciudadanos por parte de la policía son ilegales, pues no se presentan fundamentos para justificar por qué se realizan. Estos actos pueden terminar o derivar en hechos delictivos (por parte de las autoridades) como robos o lesiones. 

Tan sólo en 2019, esta casa editorial documentó, a través de una búsqueda hemerográfica, al menos 10 acusaciones contra policías municipales por casos de: tortura (4), desaparición (2), asalto y robo (2), extorsión (1) y violación (1).

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Por ello, Espinosa enfatiza que es importante sensibilizar a los elementos de la policía para evitar prácticas discriminatorias en su actuar, así como el uso excesivo de la fuerza. Y es importante que los ciudadanos denuncien estos hechos para que se investiguen a los elementos involucrados, ya sea por la vía administrativa (Unidad de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana), como por la vía penal (Unidad especializada de investigación de delitos cometidos por servidores públicos), en caso de que se haya presentado un hecho delictivo.

Una revisión injustificada

Foto: Marlene Martínez

Zael, en el testimonio que hizo público en Facebook, mencionó que una agente de la policía –de los tres que lo abordaron–, ante los cuestionamientos acerca de cuál era la justificación para que lo detuvieran, dijo que, supuestamente, él se había detenido de manera abrupta cuando vio la patrulla. Y debido a esa conducta “sospechosa” tenían que hacerle una revisión.

El chico continuó insistiendo en que le explicaran bajo qué reglamento o artículo de la ley se justificaba que le hicieran esa revisión, pero los elementos lo ignoraron. La agente lo tomó del brazo para “ejemplificarle” que si lo quisieran detener sería diferente. Ignorando, a su vez, el protocolo de higiene vigente debido a la pandemia, pues no llevaba guantes.

Después de revisar su mochila, y al ver que no tenía nada ilegal, los agentes le dijeron que se fuera y amenazaron con golpearlo. Zael se alejó, hasta perderlos de vista, y cuando revisó su mochila, para asegurarse de tener todas sus pertenencias, se percató de que ya no tenía su celular.

Zael cuenta a esta casa editorial que no es la primera vez que esto le sucede. En una ocasión anterior policías municipales ya se habían acercado a revisarlo. Él cree que ha sido sólo por su vestimenta o apariencia.

Frente a este panorama, Espinosa Carvente explica que la policía no puede revisar o detener a alguien sin una causa justificada, lo que en el caso de Zael se puede ver en el hecho de que nunca le explicaron por qué estaba ocurriendo ese operativo. 

Asimismo, recalcó que “hubo policías que no se identificaron, cuando sabemos que, aunque quisieran o no, los policías y cualquier servidor público se debe de identificar por el hecho mismo de ser un servidor público”.

Además, la especialista enfatizó que no debe haber en ningún momento contacto físico con el ciudadano, y que se deben utilizar mecanismos previos –como el contacto verbal– para explicarle al ciudadano qué es lo que va a suceder. 

“[Pero, en este caso] ni siquiera podemos hablar de [que se debieron respetar sus] derechos como si fuera una detención, porque ni siquiera justificaron por qué lo registraron. Entonces desde ahí ya encontramos una violación a los derechos humanos, y más. Si ya hubo contacto físico o sometimiento, ya podemos hablar de un abuso de autoridad”.

Respecto a estas revisiones injustificadas por parte de la policía, la organización Amnistía Internacional, en la investigación “Falsas sospechas: detenciones arbitrarias por la policía de México”, encontró que en el país existen sesgos discriminatorios en los arrestos, y que las personas suelen ser detenidas “por parecer ‘sospechosos’ a la policía cuando, además de ser hombres jóvenes, pertenecen (o son percibidos como pertenecientes) a otros grupos que históricamente han sufrido discriminación, como indígenas, migrantes o quienes viven en pobreza”.

Este documento también menciona que, en algunos casos, la policía alega que está justificado arrestar a un joven en pobreza cuando se encuentra en un área acaudalada de la ciudad (una zona ‘a la que no pertenece’) o debido a que está en la calle durante la noche, así como por parecerles ‘sospechoso’ ya que ‘se ve que anda en algo’.

Acciones para prevenir el abuso policial y para denunciar

Foto: Marlene Martínez

El 5 de junio, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a raíz de lo ocurrido con Alejandro Giovanni López Ramírez (quien murió mientras estaba en custodia policiaca después de una detención), rechazó la persistencia de detenciones policiacas arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza, especialmente cuando son resultado de posibles prejuicios o estereotipos.

Ante este contexto, la Conapred hizo un llamado a las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para que implementen acciones que prevengan dichas prácticas, por ejemplo:  

• Difundir entre el personal policiaco (operativos y mandos) los lineamientos o criterios sobre detenciones y uso de la fuerza que estén alineados con estándares de derechos humanos, así como las responsabilidades que tienen en materia de no discriminación.
• Capacitarles también en dichos criterios para que los puedan aplicar adecuadamente y en los posibles sesgos discriminatorios que pueden afectar sus actuaciones, en especial durante los procesos de detención y traslado.
• Diseñar protocolos específicos para prevenir el perfilamiento racial, por apariencia física y edad.
• Difundir en las redes sociales y otros medios de comunicación institucionales los lineamientos o criterios sobre detenciones y uso de la fuerza, para que la población pueda conocerlos, así como los canales donde pueden inconformarse si no se respetan.

Asimismo, y en relación a este último punto, Espinosa Carvante considera que no hay que dejar pasar las denuncias sobre las acciones que van en contra de los derechos del ciudadano, para que así se identifique a las y los policías que están incurriendo en algún delito.

Respecto a las vías de denuncia, la especialista menciona que hay dos posibles maneras de hacerlo. Por una parte, se puede realizar un reporte a la Unidad de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también se puede hacer una denuncia penal en la Unidad especializada de investigación de delitos cometidos por servidores públicos (en caso de que el abuso haya derivado en conductas delictivas).

En ambos casos, desde el CCSJ se le da a la ciudadanía una asesoría que puede ser por vía telefónica al número 3099 099.

Por su parte, Zael comentó que quisiera que se le dé seguimiento a su denuncia (que inició primero vía telefónica y después vía email ante la Unidad de Asuntos Internos), para poder sancionar de manera adecuada a los elementos que lo agredieron. “Es difícil dejar pasar que elementos de la policía local tengan tal desconocimiento de la ley o, al contrario, que la conozcan y aun así hagan estos actos”. Hasta el momento las autoridades no le han informado sobre el avance de su caso.

LADO B contactó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para conocer el avance de esta denuncia y la institución informó que, según información de la Unidad de Asuntos Internos, ya se ha formalizado la queja. También se ha abierto un expediente para seguir con las indagatorias y, en caso de demostrarse alguna conducta inadecuada por parte de los elementos, se procederá conforme a reglamento para deslindar responsabilidades.

De igual forma, Seguridad mencionó que las vías de atención ciudadana ante este tipo de hechos son vía telefónica a los números: 303 8612 o 222 2335 1619, vía correo electrónico asuntos.internos.sc@gmail.com, o de forma presencial en el Boulevard San Felipe #2821, col. Rancho Colorado, Puebla.

*Foto de portada: Marlene Martínez