Una casa en obra negra en la zona metropolitana de Puebla, repleta de recipientes de plástico y bolsas rojas con desechos hospitalarios –algunos cubiertos improvisadamente con una lona de propaganda política–, reveló otra cara de la pandemia por COVID-19: el mal manejo de residuos, específicamente de los denominados Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).

Este predio propiedad de un particular, ubicado en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 19 de junio, ya que no contaba ni con los permisos ni con las condiciones para almacenar 3.2 toneladas de RPBI. 

Esto sucedía apenas un mes después de que un centro de acopio de la empresa Servicios Profesionales Ecológicos (Spesa), en la junta auxiliar de San Baltazar Torija, municipio de Cuautinchán, fuera clausurado por no contar con la autorización oficial para incinerar y esterilizar la misma clase de residuos.

A decir de dos expertos en la materia consultados por LADO B, Juan Luis Bolaños, especialista en gestión de residuos (Ibero Puebla), y Raciel Flores Quijano, especialista en ingeniería ambiental (Upaep), estos casos son una consecuencia directa de la producción extraordinaria de desechos hospitalarios con motivo de la pandemia.

“Lo que ha dicho la Semarnat es que hay suficientes empresas para eso [para manejar correctamente los RPBI]. Lo que no ha dicho es que no hay suficiente capacidad operativa de la autoridad para supervisar a estas empresas”, asegura Juan Luis Bolaños.

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En Puebla, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no existen empresas que estén autorizadas para el tratamiento o incineración de residuos, pero sí para su almacenamiento o acopio temporal; una se encuentra en Huejotzingo y otra más en Tehuacán. 

De ahí que tanto en el caso de Cuautinchán como de Xonacatepec, la Profepa iniciara acciones penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos en contra del ambiente y contra la gestión ambiental. Los RPBI fueron retirados de los predios a los pocos días de las clausuras para su correcto tratamiento y disposición final en empresas autorizadas por Semarnat.

Residuos extraordinarios y de gran volumen

Foto: Olga Valeria Hernández

En promedio, de acuerdo con la Semarnat, se generan 97 toneladas de RPBI cada año en el estado de Puebla, considerando que se han generado de 2004 a abril de 2020, mil 482.85 toneladas de este tipo de residuos, a los que ahora, por disposición oficial, es necesario agregar los insumos y materiales utilizados en la atención de los pacientes infectados con el nuevo coronavirus. 

En condiciones normales, una persona hospitalizada genera alrededor de 210 gramos diarios de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, como sangre, tejidos y fluidos corporales. Una persona infectada de COVID-19 que ha necesitado internarse, por su parte, produce entre 2 y 2.2 kilogramos diarios.

Considerando que el 29.69 por ciento de las 24 mil 118 personas que se han contagiado –hasta el 15 de agosto, según los datos que maneja la federación– tuvieron que atenderse en un hospital, y que el periodo de estancia promedio en las unidades médicas es de 15 días, se puede afirmar que desde el inicio de la pandemia se han generado, tan sólo en el estado de Puebla, entre 215 y 236 toneladas de residuos COVID. 

“Ahora que todos los residuos generados por COVID tienen que manejarse como RPBI si los generas en un hospital, esto lo que hace es que aumente el volumen de residuos, porque una bata de un médico, un cubrebocas, las cofias, los guantes, que no necesariamente tienen sangre o tejidos, se empiezan a acumular”, explica Juan Luis Bolaños.

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El especialista de la Ibero enfatiza la cuestión del volumen, ya que si bien las dos empresas autorizadas en Puebla para almacenar y acopiar temporalmente RPBI tienen una capacidad instalada suficiente para atender esta demanda (tres mil 202 toneladas al año, según Semarnat), el caso de Cuautinchán, en donde se requirieron los servicios de una empresa que operaba sin los permisos oficiales, ofreció una imagen clara de cuánto espacio pueden llegar a ocupar los residuos COVID. 

“A lo mejor no es tanto [en masa] pero sí mucho en volumen. Yo considero que se sobrepasó en este proceso la capacidad de manejo y almacenamiento de la empresa […] Que está mal porque lo que tienen que hacer [las empresas, a más tardar un mes después de haber almacenado los residuos] es sacarlos y mandarlos a incineración”.

En el centro de acopio de Cuautinchán se encontraron seis mil metros cúbicos de este tipo de residuos; las naves industriales, se aprecia en las fotos, estaban prácticamente desbordadas por bolsas de residuos. 

Inspecciones tardías, advierten vecinos

Los vecinos de las juntas auxiliares de Santa María Xonatepec y San Baltazar Torija, por lo que consignó la prensa local, comenzaron a notar el incremento en la cantidad de residuos que estaban siendo almacenados de forma irregular meses antes de las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Para cuando la Profepa arribó al barrio El Cristo, en Santa María Xonacatepec, se encontró con 3.2 toneladas de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos que se almacenaban en esta bodega improvisada, y en un vehículo estacionado en el mismo lugar.

Durante la visita del 12 de junio, se dejó constancia de 700 kilogramos de sangre, 200 kg de cultivos y cepas; mil kg de residuos no anatómicos –como material de curación con fluidos corporales–, 200 kg de punzocortantes, 20 kg de patológicos –como tejidos y órganos–; 400 kg de medicamento caduco; algunos de estos residuos, sobre el pasto y a cielo abierto. En la caja del vehículo se encontraban otros 700 kg de material hospitalario que se pensaba abandonar en el predio.

En el caso del centro de acopio de Cuautinchán, aunque operaba de forma irregular, se constató que los residuos rebasaban la capacidad de almacenamiento del inmueble. Las cajas de refrigeración, además, no funcionaban, en tanto que se encontraron residuos fuera de las bodegas, en el suelo –a cielo abierto–, y derrames de líquidos corporales, incluyendo sangre. 

Debido al potencial que los RPBI tienen para causar efectos nocivos a la salud y al ambiente por sus altos niveles de concentración, estos tienen que ser esterilizados, desinfectados químicamente o incinerados a la brevedad por empresas autorizadas por la Semarnat. De lo contrario, estos permanecen como agentes activos de transmisión de enfermedades de todo tipo: víricas, bacterianas, parasitarias y micóticas.

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“Todos los hospitales que generan RPBI los tienen que mandar necesariamente a incineración con empresas registradas. Los hospitales no pueden ser parte de esto [cómplices de estos malos manejos]”, refiere sobre estos casos Raciel Flores Quijano, de la Upaep.

Cumplir con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como con las normas oficiales mexicanas, asegura el también director del área de Química de la universidad, implica observar en todo momento un control de calidad, es decir, que en los registros y evidencias se reporte cada parte del proceso: transporte, recepción, tratamiento e incineración o disposición final.

Totimehuacán, un caso pendiente

Foto: ivabalk | Pixabay

A mediados de julio, vecinos organizados de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán interpusieron una denuncia en contra de las firmas Indaljim, Quratex y Corporativo Integral del Ambiente, a quienes señalaron –con el respaldo de un diputado federal–, de funcionar como incineradores clandestinos de residuos COVID. Hasta la fecha, salvo por la clausura temporal de tres calderas, las denuncias no han prosperado.

Sobre las empresas señaladas por los vecinos, por otro lado, se sabe que Normatividad Comercial del municipio de Puebla acudió a las instalaciones de una de ellas, Corporativo Integral del Ambiente, el 15 de julio, sin encontrar anomalía alguna. 

La Profepa por su parte, sólo clausuró temporalmente tres de sus calderas en lo que realiza las diligencias, aunque por lo que la propia firma ha manifestado –en una carta dirigida a un medio local, firmada por su representante legal–, las calderas sirven para expulsar el vapor generado durante sus procesos industriales, no para incinerar residuos.

Sobre el caso de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, Juan Luis Bolaños, de la Ibero Puebla, advierte una posible falla en la comunicación entre las empresas instaladas en la zona y la población, quienes probablemente confundieron, a reserva de lo que pueda decir la Profepa, las emisiones contaminantes de estas empresas con residuos hospitalarios en proceso de incineración.

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*Foto de portada: Olga Valeria Hernández