Lado B
Enviado el 26/08/2020 Grubernova y las partidas secretas
Por Lado B @ladobemx
26 de agosto, 2020
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Hoy toca, de nuevo, hablar de corrupción.

El Hidalguense es un restaurante de barbacoa con buena puntuación y comentarios en Google. Quienes han comido ahí y han dejado comentarios en la página del buscador hablan bien del sitio. 4.5 estrellas es su promedio de calificación de los usuarios.

En mayo de 2017 el restaurante, ubicado en la 49 sur, a unos pasos del Bulevar Esteban de Antuñano, abrió una sucursal en la colonia Gabriel Pastor, en el número 4110 de la calle 7 sur.

Y hasta ahí llegó el año pasado Zo Gallegos, una periodista de investigación que en aquel momento preparaba una nota para El Universal sobre contratistas fantasmas del Ejército Mexicano, pues esa misma dirección fue la que registró la empresa Grubernova en el contrato que firmó con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la proveeduría de insumos para la construcción de una escuela en el campo militar de San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México.

La empresa, que fue boletinada por el SAT como empresa fantasma desde 2017, le facturó a la Sedena 84.2 millones de pesos, y se ubicó en el top 10 de las empresas de papel con los contratos más altos otorgados por el Ejército entre 2013 y 2019, de acuerdo con los datos que presentó Zo Gallegos pero ahora en El País.

Pero los contratos de Grubernova no se limitan a la Sedena, en Puebla el gobierno que encabezó en San Martín Texmelucan el petista Rafael Núñez Ramírez, le contrató al menos tres obras para escuelas en aquella localidad pagando 2.2 millones de pesos entre 2015 y 2016. Los contratos están en línea para quien tenga curiosidad.

El pasado lunes el columnista Arturo Luna Silva escribió sobre la existencia de una partida secreta utilizada principalmente por los secretarios de Gobernación y de Finanzas entre 2013 y 2019, es decir durante el morenovallato (que terminó a finales del 2018) y el interinato.

En la información que le fue entregada al columnista se habla de un manejo irregular de 241 millones de pesos de la partida presupuestal 3370 ‘Servicios de Protección y Seguridad’, y por la cual se denunció a 4 ex secretarios de gobernación: de Luis Maldonado Venegas a Fernando Manzanilla; y 6 ex secretarios de Finanzas: de Roberto Moya Clemente al priista Jorge Estefan Chidiac y otros funcionarios menores de la misma dependencia.

La partida presupuestal es una manera en la que el gobierno organiza su gasto, y sirve para administrar el dinero público.

Se organiza en un primer nivel por capítulos de gasto: capítulo 1000 (salarios), capítulo 2000 (gasto en materiales) y así hasta el capítulo 9000 (deuda).

El segundo nivel son las partidas genéricas, y cada una tiene su destino más definido, dentro del rubro de cada capítulo. Por poner un ejemplo, el capítulo 1000 que es para salarios tiene una partida 1,200 que es para pago de eventuales, o su partida 1,400 con la que se pagan los gastos originados por la seguridad social de los trabajadores.

El tercer nivel de gasto es la partida específica. Ese gasto parte del capítulo y de la partida genérica. Por ejemplo, la partida 1210 es para pagar a trabajadores bajo la modalidad de honorarios asimilables a salarios.

En fin, asuntos para clavados/as del seguimiento del gasto o para quienes saben de administración y contabilidad (y para quienes recomiendo el Clasificador por Objeto del Gasto, que es el diccionario de los capítulos y las partidas).

El reporte de la Cuenta Pública estatal también usa ese sistema de partidas para generar un reporte anual que se publica en la página http://cuentapublica.puebla.gob.mx, aunque ese reporte se queda solo en el segundo nivel de desglose.

Lo que podemos hacer con esos datos es observar que la partida genérica 3300, con la que se pagan la contratación de consultorías de todo tipo y “otros servicios”, y en la que también estaría inserta la partida 3370, es una partida que cada año se sobregira.

De 2014 a 2019 esa partida tuvo un presupuesto de 2,170 millones de pesos, pero en realidad se gastó 5,256 millones de pesos. En esos años se gastaron casi 3 mil 100 millones de pesos más que no estaban contemplados en el presupuesto inicial.

Aunque fueron 3 años principalmente los que tuvieron el mayor incremento, de 2016, 2017 y 2018, años en que gobernaron Moreno Valle y Antonio Gali Fayad y, durante 10 días, Martha Erika Alonso Hidalgo.

¿A qué se destinaron? Esa es la gran duda en la que la Auditoría Superior del Estado no dijo ni pío, pues le aprobó esas cuentas públicas a los gobiernos de morenovallato.

Por lo pronto lo que sabemos es que, a decir de la actual administración, hay al menos un desfalco de 241 millones de pesos, ya sólo falta por aclarar como 2,800 millones de pesos más.

Y ya para cerrar, no pierdan este trabajo de Raúl Olmos y Samuel Adam sobre cómo el gobierno que tiene como lema “Primero los pobres” dejó fuera del reparto de leche subsidiada a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza, incrementó 150% el precio del litro a los más pobres y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país que recibían el lácteo a tarifa preferencial por parte de Liconsa.

Y hasta acá llegamos hoy.

Ernesto Aroche 
@earoche

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